BAGASHOPPING SALTO

La DGI, el BPS y el Ministerio de Trabajo fueron a fiscalizar.

La Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección Nacional de Trabajo desembarcaron ayer en el "Bagashopping" de Salto para fiscalizar el cumplimiento de las diferentes normativas laborales y tributarias por parte de los comercios allí instalados.

En el caso de la DGI, se pretendía "controlar el cumplimiento tributario de los comerciantes" y se recabó "información que permitirá conocer su situación a los efectos de determinar los impuestos que correspondan", informó el director de Rentas, Joaquín Serra.

Explicó que según información previa que poseían los cuerpos inspectivos, "en la mayoría de los casos" había irregularidades entre los negocios instalados en esta zona comercial de Salto. "En cada caso habrá que documentar la real dimensión económica de los distintos comercios" para luego reliquidar impuestos si corresponde, señaló Serra.

También adelantó que si se detectan "incumplimientos de normas formales de documentación se procederá a la clausura" de los locales. Como ejemplo de irregularidades posibles, mencionó que hay "informalismo o inscripción en DGI en una categoría que no corresponde", como empresas monotributistas "que tienen una volumen de ventas mayor o no cumplen otros requisitos como que el área comercial no puede exceder los 15 metros cuadrados".

El "Bagashopping" salteño sufrió un voraz incendio el 1 de enero que afectó a unos 150 puestos comerciales de los 300 instalados. Además, hubo pérdidas millonarias por la mercadería que se quemó y locales que fueron saqueados.

Ayer El País dio cuenta de una denuncia por irregularidades en las tareas de reconstrucción de los puestos ubicados en el predio del club Ferrocarril que realizó el presidente del sindicato de la construcción en Salto, Pablo Torrens. Sostuvo que se presentaron denuncias "por seguridad, higiene y salud laboral" en la obra, aparte de que las tareas se iniciaron en pleno período de licencia de los obreros y sin autorización de los organismos del Estado pertinentes.