ENTREVISTA

“Lo peor que podemos hacer es suponer que tras el COVID-19 volveremos a la normalidad pre-COVID”

La estrategia digital que hay que encarar y que la pandemia del coronavirus aceleró: entrevista con el catedrático Bruno Gili.

Gili cree que tras el coronavirus el gobierno debe definir la política que se llevará adelante desde el Estado para la transformación digital. Foto: Fernando Ponzetto
Gili cree que tras el coronavirus el gobierno debe definir la política que se llevará adelante desde el Estado para la transformación digital. Foto: Fernando Ponzetto

La pandemia del coronavirus fue “un acelerador de todo el proceso de revolución digital y agarró a cada uno de los Estados, empresas y personas con disposición a la tecnología y habilidades distintas”, pero “lo peor que podemos suponer es que después del COVID-19 vamos a volver a la normalidad pre-COVID”, plantea el socio de CPA Ferrere y catedrático de consultoría de Negocios de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT, Bruno Gili.

Es que el coronavirus “tuvo impacto sobre nuestras conductas, los sectores de la economía, las capacidades de las personas” y por tanto “hay mucho para pensar y dar un debate sobre la transformación digital”, señala.

Sobre cuál debería ser el debate tecnológico que debe encarar Uruguay pos-COVID, qué beneficios podría tener la ciudadanía, cómo pueden ser más competitivas las empresas y hasta la chance de tener un ministerio 100% digital fue la entrevista que Gili mantuvo con El País.

-¿Qué rol debe jugar el Estado en este proceso?

-Lo que percibo, no sé si el COVID-19 es responsable de esto, es que no hay estructurado a nivel de política pública un mensaje claro para ciudadanos y empresas de cuál es la estrategia de transformación digital. ¿Es continuar las líneas que venían en los últimos cinco o seis años con los mismos instrumentos? ¿Con menos recursos o más recursos? O, ¿hay una nueva visión de transformar digitalmente el Estado? No hay una lectura clara de los agentes privados, de cuál es la visión que tiene hoy el gobierno sobre el rol que debería tener el Estado en el uso de las tecnologías para cumplir sus fines y misiones, y por otro lado, el rol del Estado a través de su sistema de uso, incentivos, normativo e información que posee es ayudar mucho a que se potencie la transformación digital en el sector privado.

-¿Qué tan bien parado está Uruguay para encarar este debate?

-Uno de los grandes mensajes que deja la pandemia al país es que la continuidad de instituciones, instrumentos, políticas, que tienen muchos años, han permitido a Uruguay encarar mucho mejor que el resto de América Latina los impactos sociales y económicos de la pandemia. En este tema en particular, se han hecho muchas cosas sustantivas en los últimos 10 años. En el mundo hubo una explosión desde 2007 de Internet de las cosas, las redes sociales, los celulares inteligentes, etc. y Uruguay se fue adaptando. Se crearon instituciones como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento para definir políticas y normas de cómo encarar la transformación digital en el Estado uruguayo, está el Plan Ceibal, la historia clínica electrónica en salud, las políticas de inclusión financiera para impulsar las nuevas tecnologías, la fibra óptica. Son todas cosas que quizás iban a ocurrir naturalmente, pero si el Estado se pone a la cabeza o a la par del sector privado, todos mejoramos más rápido.

-¿Qué falta entonces?

-Definir lo que quiero de la política pública, del Estado y su accionar, en proveer al ciudadano cercanía, mejor calidad de servicio, condiciones adecuadas, eficiencia, transparencia, es el impacto del Estado en la competitividad del país. El Estado va a intentar incentivar que la gente use el canal digital y no el presencial. Son decisiones que hay que tomar. Hay que diferenciar precios, servicios para que la gente opte. Uruguay tiene las instituciones para discutir eso. Hay que ponerle contenido. Hay muchos ejemplos en los que el Estado uruguayo podría reducir costos transaccionales utilizando tecnología.

-¿Por ejemplo?

-Todo lo que tiene que ver con digitalizar la relación Estado-empresa, Estado-ciudadano. Se ha avanzado mucho, ya desde la década del 90 el BPS y la DGI fueron bastante innovadores. Pero, hay mucho recorrido porque las tecnologías nuevas son muy potentes y permiten pensar en el rediseño de organización y procesos en el Estado y cómo se relacionan con el ciudadano de una manera más eficiente y a menores costos. Esto tiene limitaciones, porque el Estado no tiene todo el capital humano necesario para esto.

La recaudación de la DGI cayó en octubre tras crecer en septiembre. Foto: Archivo El País
Dirección General Impositiva. Foto: Archivo El País

-¿En qué pasos habría que pensar para avanzar?

-Hay que poner mucha cabeza, esto no es espontáneo, se necesitan muchas definiciones de política y que los agentes del sector privado lo comprendamos. Cada actividad, proceso que hacemos las personas, las empresas, el Estado va dejando una huella digital y esa huella digital es analizable, procesable, y hay millones de datos. Esa información debe procesarse y discutirse cuál va a estar a disposición, qué grado de libertad tiene el ciudadano de decirle al Estado que la información la comparta o no. Mucha de la información que se pide para conocimiento del cliente y evitar el lavado de dinero en el sector financiero, es información que el Estado la tiene, podría en una plataforma o en un ciudadano digital como tiene Estonia. Entonces, como primer paso se deberían determinar cuáles son los principales objetivos en términos de ciudadanía, de mejorar la productividad del Estado, la eficiencia del Estado, la calidad de los servicios que el Estado presta al menor costo y además que el mercado funcione con los menores costos transaccionales y con la mayor transparencia. Una vez que defino los objetivos de ese tipo, pienso en las tecnologías que lo pueden hacer.

-¿El mercado no soluciona todo?

-A veces hay confusión o un error conceptual de decir “esto que lo arregle el sector privado”. Pero, el Estado tiene un rol que es hacer que los mercados sean competitivos. Si logro bajar el costo transaccional de una economía en red en donde todos estamos vinculados, todos tenemos que colaborar para que esa red funcione mejor. Esto es como hacer calles y ponerle semáforos y luego le ponemos normas porque ahí todos circulamos y nos beneficiamos de ello. La ruta intangible que son las redes y que los datos circulen, alguien tiene que coordinar que funcione. Se necesita una cabeza más global. Debería haber una institución más fuerte que piense la transformación digital e innovación del país. El sector privado no tiene una lectura clara sobre las estrategias digitales del país.

Ejemplos de buenas ideas, pero aisladas

Según Gili “se necesitan modelos de procesos de entregar los bienes y servicios y gobernar el Estado”, ahora, “eso es porque quiero lograr algo: seguramente mejor calidad de vida de las personas, mejor educación, mejor salud, más competitividad”.

Señaló que por ejemplo se avanzó en que los prestadores de salud tengan la historia clínica de los pacientes en formato digital, “ahora, sobre eso lo que hay que hacer es que efectivamente funcione la telemedicina, la descentralización, que se construyan bases de datos interoperativas muy potentes para trabajar mucho más predictivamente para mejorar la eficiencia, la cobertura y la calidad de salud”.

El socio de CPA dijo que le “consta que en el Ministerio de Salud Pública están trabajando en pensar en una nueva etapa de actualización de manejo de datos y potenciarlo, que el Banco Central tiene una agenda de transformación digital bien interesante” y que la Administración Nacional de Enseñanza Pública tiene “en el Presupuesto un capítulo dedicado a todos lo que es el uso de tecnologías, en particular de análisis de datos”, pero son proyectos aislados. “La Dirección General de Registros, que lleva la propiedad, tenía un proyecto piloto muy interesante de digitalización y de blockchain que se ha parado. Eso bajaría los costos transaccionales para utilizar los inmuebles para hipotecas, para garantías, para bajar los costos transaccionales en la compra-venta. No está claro si va a continuar”, apuntó.

¿Un ministerio 100% digital es posible?
Foto: Archivo El País

Según Gili el gobierno se perdió la oportunidad de tener un ministerio digital. “Ya que se iba a crear el Ministerio de Ambiente, ¿por qué no se creó 100% digital? Así como la banca en el mundo discute sobre transformación digital y algunas fintechs crearon bancos digitales desde cero, algunos bancos crearon bancos digitales paralelos o sucursales 100% digitales. El Estado tiene todas las tecnologías desarrolladas para haberlo hecho: de contabilidad, de trámites para hacer, de gestión documental, de data. Se podría haber hecho”, aseguró.

“Seguramente si se tiene que hacer con las mismas personas que trasladan (del exMinisterio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) no se puede hacer, porque no tienen los equipos humanos. Pero, tendrían que haber trabajado en un proyecto más integrado, podría haber sido Agesic coordinando con proveedores de estas tecnologías del sector privado y hacer una propuesta”, explicó.

Señaló que “por las restricciones fiscales no se hizo así, pero, ¿a la larga qué es lo que sale más caro? Porque a la larga voy a sobreestimar la cantidad de trámites y personas que voy a poner para hacer algo, porque no decidí empezar con algo 100% digital”.

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