Un debate aún ausente

El peso del gasto en las jubilaciones está bajo la lupa

Uruguay con situación riesgosa por el “espacio fiscal limitado”, dice Moody’s.

Moody’s pone en rojo en el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, aunque no prevé que esta relación aumente hacia 2030. Foto: Archivo
Moody’s pone en rojo en el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, aunque no prevé que esta relación aumente hacia 2030. Foto: Archivo

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Hay un tema de cara a la campaña electoral que todos los analistas coinciden que debe estar, aunque aún parece bastante ausente. Se trata del régimen de jubilaciones, su sustentabilidad a futuro y sus implicancias en el déficit fiscal que tiene Uruguay, al ser un gasto endógeno -la forma de ajuste está en la Constitución- sobre el que no pueden incidir los gobiernos.

Quien sí puso el ojo en esto es la calificadora Moody’s en un informe sobre América Latina -al que accedió El País- en el que ubicó a Uruguay entre los países donde “el gasto relacionado con las pensiones permanecerá elevado durante la próxima década o se elevará más a largo plazo”, y advirtió que está en una posición más riesgosa que otros porque “el espacio fiscal es más limitado”.

“Durante la próxima década y más allá, los generosos sistemas públicos de pensiones en América Latina se verán presionados a medida que el envejecimiento poblacional aumente y los ratios de jubilados respecto de la población activa en edad de trabajar crezcan”, sostuvo.

En el informe se menciona que “en toda América Latina (la población) está envejeciendo”, pero esto ocurre “particularmente” en Chile y Uruguay, en donde “se espera que las tasas de dependencia -la población de 65 años o más como proporción de la población en edad de trabajar de 15 a 64 años- de los adultos mayores alcancen 25% y 27% en 2030”. Hoy día esa tasa está en 23% en Uruguay.

En línea con este pronóstico, Moody’s subraya que “el envejecimiento de la población pesa sobre el crecimiento económico y la presión de los sistemas de pensiones, con implicaciones negativas para las finanzas gubernamentales”.

También la calificadora explica que la mayor cantidad de pasivos “restringe la solvencia soberana al reducir el tamaño de la fuerza laboral e impedir la competitividad, lo que influye en el potencial de crecimiento económico”.

Asimismo, “el aumento del gasto gubernamental relacionado con el envejecimiento y una erosión de la base tributaria, (hace que) el crecimiento económico más débil pesa sobre la fortaleza fiscal”, dice Moody’s.

Uruguay tiene un déficit fiscal de 4% del Producto Bruto Interno (PIB) en los 12 meses cerrados a diciembre -sin contar el efecto de la “ley de Cincuentones”, que reduce el resultado hoy pero esto se revertirá a futuro-, el mayor para un año calendario desde 1989 y aún lejos de la meta del gobierno de reducirlo a 2,8% del PIB en 2019 y a 2,5% del Producto en 2020.

El informe incluye un mapa de calor que contiene “los principales impulsores del gasto en pensiones, incluido factores demográficos y las características del sistema de pensiones de cada país, como la edad mínima de jubilación y la tasa de sustitución (porcentaje de los ingresos salariales que cubre la pasividad recibida)”.

Mapa

Allí se marca en rojo (señal de alerta) la tasa de dependencia actual de Uruguay y la proyectada hacia 2030 (la mayor de la región), así como el porcentaje de población mayor de 65 años -hoy en 15% y que se espera llegue al 17% en 2030-, señalando en amarillo la tasa de reemplazo (porcentaje de los ingresos salariales que cubre la pasividad) de 53%.

Mapa

Otro mapa de calor que toma en cuenta “el espacio y los amortiguadores fiscales (de los países) para satisfacer las futuras necesidades de gastos relacionados con las pensiones”, encuentra a Uruguay en rojo como el tercero en la región tomando los egresos por jubilaciones como porcentaje del PIB (fue 8,2% del PIB en 2017 y sería 7,5% del Producto en 2030). En amarillo Moody’s pone la relación entre la deuda y el PIB, así como el déficit actual.

Para el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, se debe discutir una reforma (ver aparte) pero advirtió que no solo debe centrarse en el financiamiento de las jubilaciones, sino también en otros ítems como la cobertura del sistema y el nivel de las prestaciones. “No hay que limitarse a discutir los problemas de la seguridad social con cabeza economicista, porque al encerrarse solo en el financiamiento corremos peligro de poner parches y queremos discutir una reforma integral”, indicó.

Región.

Según el análisis de Moody’s, la situación más compleja a nivel del sistema de pensiones en América Latina la tiene Brasil, donde “el gasto aumentará significativamente ausente de reformas urgentes”, así como Argentina.
Indicó que en ambos países “las presiones fiscales ya son graves, llamando a la acción política para hacer frente a los crecientes costos de pensiones y detener el deterioro fiscal”.

A su vez, pone en la misma bolsa que Uruguay y los vecinos a Colombia y Chile, aunque marca que en este último “la fuerte posición fiscal del gobierno y la baja de la deuda limitan un potencial deterioro fiscal”. A Colombia lo pone en una situación similar a Uruguay, al tener “un espacio fiscal más limitado”.

“La baja edad promedio de jubilación y los pilares de las pensiones no financiadas contribuyen a la vulnerabilidad fiscal en Argentina, Brasil y Colombia”, así como “las altas tasas de reemplazo y una baja edad de jubilación presionan la sostenibilidad de los beneficios” ya definidos.

Al tiempo que en Chile y México “las tasas de reemplazo bajas y la cobertura inadecuada en los sistemas de contribución contribuyen a la desigualdad y aumentan la presión política para el gasto futuro”.

Pit-Cnt quiere diálogo social

“Vemos un consenso entre los sectores políticos y organizaciones sociales representativas, de que la seguridad social necesita una reforma. Parados en eso, queremos instalar con fuerza que se debe ir a un diálogo social, donde todos tengan la posibilidad de plantear sus propuestas”, dijo el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz. Estas instancias multipartidarias ya fueron convocadas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y durante la administración de José Mujica. “No todos tenemos la misma visión” de qué hacer, indicó. Ruiz quiere imponer el tema en la agenda para que cada precandidato marque su postura, y no haya sorpresas llegado el momento de tomar medidas relacionadas a la seguridad social.

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