MERCADO INMOBILIARIO

¿Qué están pidiendo los constructores privados de viviendas a los precandidatos?

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción comenzó una ronda de contactos con los precandidatos. Solicitan rebajas impositivas, flexibilizar plazos para acceder a los regímenes promocionales, mejorar condiciones de acceso al crédito y modificar reglas del régimen de vivienda promovida.

La construcción está en recesión y cayó 2,8% el año pasado; esto tiene directa relación con la baja de la inversión privada. Foto: Fernando Ponzetto.
La construcción está en recesión y cayó 2,8% el año pasado; esto tiene directa relación con la baja de la inversión privada. Foto: Fernando Ponzetto.

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Los momentos electorales siempre son aprovechados por las gremiales empresariales para dar a conocer sus planteos y hacer llegar a los precandidatos sus intenciones de cara al futuro. En este caso, el año de elecciones encuentra a la industria de la construcción en recesión -acumula tres bajas trimestrales consecutivas, y se contrajo 2,8% el año pasado-, pese a que luego de tres años “se frenó la caída” en la actividad, según dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O’Neill.

El menor dinamismo tiene directa relación con el descenso experimentado en la inversión privada -que está en el menor nivel desde 2004- y genera consecuencias en toda la economía, dado que la construcción es un sector intensivo en mano de obra.

Viendo esta realidad, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) comenzó una ronda de contactos con los precandidatos presidenciales, y se reunió la semana pasada con el frenteamplista Daniel Martínez. La intención de la gremial es continuar con los encuentros con el resto de los dirigentes políticos en los próximos meses.

En el documento que entregan a los precandidatos -al que accedió El País-, se incluyen propuestas que van desde rebajas impositivas a flexibilizar plazos de los regímenes promocionales, mejorar las condiciones de acceso al crédito (ver aparte) y modificar las reglas del régimen de vivienda promovida -antes llamado de interés social-.

Como puntos principales para impulsar el desarrollo inmobiliario en el país, los constructores piden eliminar el Impuestos a las Transmisiones Patrimoniales, que se cobra en la primera enajenación de un inmueble por 2% del valor de catastro (que suele ser inferior al de mercado), así como también computar el 100% del costo del terreno dentro de los gastos de obra, y reducir el porcentaje para la Caja de Profesionales dentro del aporte unificado de la construcción -hoy se destina 4% del salario-.

Otro tema que incorporan en el documento es “modernizar las condiciones laborales y establecer los mecanismos eficientes para garantizar los derechos de empleados y empleadores del sector”.

Asimismo, Appcu reconoce el “efecto positivo” que tuvo un decreto de fines de 2016 del Poder Ejecutivo que estableció beneficios para las construcciones de gran dimensión económica -como la exoneración del Impuesto al Patrimonio por hasta 10 años y hasta el 30% del monto de la inversión libre de IRAE-, pero plantea que “los plazos estipulados tanto para la presentación de proyectos como para su ejecución no son lo suficientemente adecuados”.

El período para postular proyectos y acceder a estas exoneraciones culminó a fin del año pasado, y los promotores piden reabrirlo. Pero también solicitan que el plazo de 36 meses para la ejecución de las obras sea flexibilizado, “atendiendo a las características de la inversión presentada y su peso económico”.

Otro punto que los constructores pretenden se considere es que “un mismo promotor acceda a los mínimos de inversión establecidos (en el decreto), pero como resultado de la suma de más de un proyecto, manteniendo en cada uno las exigencias demandadas”.

Vivienda promovida

Este régimen que brinda exoneraciones impositivas para la construcción de inmuebles, fue creado en 2011 con el objetivo de dar acceso a la vivienda (por compra o alquiler) a los sectores de ingresos medios y medios bajos. Hubo una reactivación del sector y crecieron los proyectos habitacionales en las zonas no costeras, donde tradicionalmente se concentran.

Llegó 2014 y el Ministerio de Vivienda (Mvotma) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas. A su vez, al inicio de 2017 el Mvotma emitió un nuevo decreto que topeó el precio de arrendamiento a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar -si supera los valores fijados, la exoneración es del 40% y no del 100%- y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

Los límites de venta y alquiler quedaron “por debajo del costo de construcción” y el promotor se desinteresó en el negocio, analizó tiempo atrás el consultor inmobiliario y asesor de Appcu, Julio Villamide (recientemente fallecido). Así las viviendas promovidas pasaron de “300 o 400 por mes a unas 80 al mes” el año pasado, agregó.

Como ya plantearon a mitad de 2018 al expresidente José Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky, los constructores privados quieren regresar a las reglas de la ley original de 2011, derogando las disposiciones posteriores. Además, piden que los gobiernos departamentales sumen “beneficios” para la construcción de viviendas, ya que sostienen que son “los más beneficios” por el régimen.

Tomando un informe de Villamide que muestra el acceso a la vivienda por quintiles de ingresos y el déficit habitacional en la clase media, Appcu pretende que se “incentive la promoción privada” en esos segmentos de la población. Proponen “un canal alternativo (al régimen) de vivienda promovida”, que incluya proyectos de un dormitorio y hasta de monoambientes, contemplando más plazo para las exoneraciones fiscales y reviendo algunas “exigencias” de construcción.

MÁS

Los créditos hipotecarios

Appcu sostiene que la mayor parte de los compradores de viviendas en Uruguay deben “financiar más de la mitad del valor” del inmueble tomando un crédito, y las cifras de los últimos años muestran una baja de los préstamos hipotecarios en términos históricos y respecto a la región (tomando la relación crédito total/PIB). “Es necesario mejorar el sistema actual (de préstamos hipotecarios), buscando actores alternativos que aún no participan abiertamente como las AFAP, y mecanismos que permitan una mejora en las tasas ofrecidas y mejores condiciones para la toma de créditos”, dice el texto que la gremial entrega a los precandidatos. También piden flexibilizar las condiciones para que los no residentes tengan más posibilidades de acceder a préstamos para vivienda.

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