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¿Qué piensan los directores por empresarios, trabajadores y pasivos del BPS de la reforma previsional?

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Sixto Amaro, Elvira Dominguez y Ramon Ruiz, directores del BPS. Foto: Francisco Flores

JUBILACIONES

En entrevista con El País, los representantes sociales en el Banco de Previsión Social (BPS) explicaron el grupo de trabajo que conformaron y apuntaron a la responsabilidad de la clase política al votar leyes.

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De cara al diálogo social que esperan se convoque en el próximo gobierno para analizar una reforma del sistema, se conformó un grupo de trabajo entre los tres directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS): Elvira Domínguez por los empresarios, Ramón Ruíz por los trabajadores y Sixto Amaro por los jubilados. Lo llaman en broma el “G3” y trabajan en una serie de temas buscando llegar a consensos para cambiar algunos aspectos técnicos y de gestión en el BPS.

Además, en conjunto convocan a una actividad el miércoles a las 10:00 en el paraninfo de la Universidad de la República (UdelaR), donde los candidatos presidenciales expondrán sus propuestas para la reforma del sistema jubilatorio. También participarán del evento el rector de la UdelaR, Rodrigo Arim, y el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias.

A continuación, un resumen de la entrevista de Ruíz, Domínguez y Amaro con El País, donde además de adelantar sus ideas de cara al debate previsional en 2020 apuntaron a la responsabilidad del sistema político, por ejemplo cuando vota nuevas leyes que afectan a jubilados o cuando prorroga los seguros de paro.

-¿Qué temas han tratado en el grupo de trabajo que formaron y qué objetivos se proponen?

-Domínguez: Lo principal fue organizar el evento, que va a poner en valor la importancia de un diálogo social para la reforma de la seguridad social. Pero también marcamos cada uno, dos temas para trabajar hacia adelante, buscando en lo posible soluciones de consenso o sino tendremos propuestas diferentes con matices. Los trabajadores plantearon el financiamiento de la seguridad social y el impacto de la derogación del artículo 8 (de la ley que creó las AFAP en 1996), nosotros evaluar el alcance de la llamada ley de flexibilización del acceso a la jubilación (de 2008) y procurar notificar la historia laboral con efecto legal como mandata la ley de 1996, y los jubilados tienen preocupación por el acceso a la vivienda y las pensiones no contributivas. Son temas álgidos, que necesitan de mucha información para discutirlos y por eso pedimos en el directorio una serie de informes al respecto.

-Ruíz: El financiamiento es una preocupación de los tres, porque el sistema de seguridad social debe ser sustentable en el tiempo, pero de igual modo debemos preocuparnos porque socialmente sea sustentable. Este grupo da garantía de una mirada social, no exclusivamente economicista.

-Parece haber consenso a nivel político para procesar una reforma en el próximo período. ¿Qué temas ven prioritarios para esa discusión?

-Ruíz: Lo primero es saber cuál es realmente la asistencia financiera del BPS y explicar cómo se compone. Lo conversamos con Elvira, que cuando la DGI transfiere los 7 puntos de IVA que corresponden al BPS nos cobra una comisión y eso implica que se reciben 6,5 puntos, ese medio punto porcentual (que se descuenta) son aproximadamente US$ 100 millones. Lo podemos ver como algo contable o administrativo, pero son US$ 100 millones que están dentro de los US$ 600 millones que nos transfiere Rentas Generales.

-Domínguez: Nosotros cobramos para DGI el IRPF de los trabajadores por un monto casi equivalente al que nos transfieren por los 7 puntos de IVA y no le cobramos nada. Exigimos reciprocidad.

-Amaro: Cuando decimos que tiene que haber una reforma de la seguridad social y que el corazón del debate es su financiamiento, también tenemos que analizar qué está pasando en los otros sectores que componen el sistema como las cajas paraestatales. Se habla de un déficit que es una asistencia social que recibe el BPS, pero en el caso de la jubilación mínima hubo aumentos adicionales cada año y hoy está en $ 12.462. No es lo que queremos (y la expectativa es subirla más), pero esos aumentos adicionales le cuestan US$ 152 millones al BPS y eso está en la asistencia que recibe. Estas cuestiones deben estar en el diálogo.

-¿También se debe incluir en el debate al sistema de AFAP?

-Ruíz: Sí, si hablamos de una reforma de la seguridad social no podemos hablar solo del BPS. Por tanto, tiene que invitarse a todos los actores a un diálogo que debe ser integral y no limitarse, con agenda amplia, sin vetar ningún tema. Con las autoridades, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los técnicos, la academia, los organismos internacionales que tienen que ver con la seguridad social, pero fundamentalmente con los trabajadores, jubilados y empresarios.

-¿Ven un riesgo de que el debate se procese solo a nivel político o técnico?

-Domínguez: Podría ocurrir, pero viendo la tradición de nuestro país creo que nadie haría una reforma de la seguridad social sin participación de los actores sociales. Porque podría llegar a quedar en letra muerta, sin ser aplicada. En los diálogos sociales de 2006 y 2011 en algún momento sentimos que era una puesta en escena.

-Amaro: Quiero dejar claramente expresado que en ese diálogo para mejorar el sistema de seguridad social, partimos de la base no de una propuesta nueva que modifique cuestiones que ya están homologadas. Las conquistas sociales que ha hecho el sector de jubilados y pensionistas, de todo lo conquistado ni un solo paso atrás.

Fachada del BPS. Foto: Francisco FLores.
Fachada del BPS. Foto: Francisco FLores.

-¿Inevitablemente una reforma va a llevar a que los futuros jubilados cobren menos?

-Amaro: No inevitablemente, es más ni siquiera pasa por nuestra cabeza pensar que algún ajuste fiscal esté pensado en función de rebajar las prestaciones de jubilados y pensionistas. La organización de jubilados (Onajpu) estará dando la respuesta que se necesite ante cualquier intento de rebajar las prestaciones.

-Ruíz: En la campaña electoral es suicida que un candidato diga que va a bajar las jubilaciones. La tasa de reemplazo que tiene Uruguay es 45% con 30 años de trabajo y 60 de edad, si alguien está pensando que la tasa sea menor de 45% los tres coincidimos que la gente se cuestionaría si vale la pena aportar para recibir eso. -Domínguez: Nosotros entendemos que hay mucho para hacer en la gestión, que es algo para aplicar inmediatamente y tener resultados en el corto plazo. Qué supone estas mejoras de gestión, que nadie acceda a un derecho si no cumple estrictamente los requisitos, solo aplicando eso de forma inmediata, además de crear una oficina antifraude, nos ayudaría a corregir desvíos.

-¿De qué magnitud son esos desvíos en la gestión?

-Domínguez: De los US$ 800 millones (de déficit que prevé el BPS para 2019) creo que hay US$ 400 millones que los podríamos corregir ajustando formas de cálculo en los sistemas, lo que se puede corregir no de un día para el otro pero sí de forma rápida. Siento que llegamos a la madurez para tomar esas decisiones juntos.

-Ruíz: La representación de los trabajadores está de acuerdo con los controles y en mejorar la gestión, pero nosotros no lo tenemos cuantificado. Si son los valores que dice Elvira, estamos en una situación óptima para resolver el déficit del BPS. Lo importante es trabajar juntos para mejorar los resultados en las cosas que nosotros podemos resolver. Ahora, es fácil levantar la mano en el Parlamento para votar una ley que beneficia a 100.000 personas que accederán a una jubilación y en el último artículo poner eso se financia con Rentas Generales.

-Domínguez: Y después encima (quienes votaron) salen a cuestionar cuando Rentas Generales transfiere al BPS.

-A propósito de lo que dicen: ¿Cómo evalúan el conocimiento del sistema político sobre la seguridad social?

-Amaro: Tenemos confianza en el sistema político. En los temas de seguridad social seguramente lo que hay son distintas visiones de cómo pudiera desarrollarse el mismo.

-Domínguez: Siempre esperé que fuésemos más consultados de lo que somos por los legisladores. A veces está la tentación de dar prórrogas de seguros de paro que votan todos, pero, ¿alguien se pregunta cuánto tiene que invertir o gastar el BPS para hacer frente a eso?

-Ruíz: Pienso que hay un gran desconocimiento a nivel general de la seguridad social, y seguramente en el Parlamento hay gente que sabe mucho y otra que no. Lo que sí digo, es que si vamos a encarar una reforma debemos tener en las dos cámaras (del Parlamento) comisiones fuertes de seguridad social y un compromiso de todos los partidos. Porque en los diálogos anteriores casi no tuvieron participación.

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