DECRETO

Tras la polémica que causó, gobierno fijó fechas para prevención laboral

Se fijó obligatoriedad para industrias frigorífica y metálica.

Está vigente la normativa de salud y prevención laboral. Foto: Fernando Ponzetto
Está vigente la normativa de salud y prevención laboral. Foto: Fernando Ponzetto

Con el objetivo de promover la seguridad de las personas en los lugares de trabajo, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, junto al de Salud Pública y Economía y Finanzas, decretaron la obligatoriedad de la implementación de servicios de prevención y salud en las empresas e instituciones con más de 300 trabajadores.

El plazo para la incorporación de estos servicios es de 180 días a partir de mayo.

Aquellas empresas que tengan más de 300 trabajadores deberán contar con los servicios de prevención y salud laboral, “cualquiera sea la rama de actividad o naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio y tenga o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito público como privado”, detalla el decreto.

La normativa establece además que las empresas de entre 50 y 300 trabajadores deberán regirse por el listado de sectores de actividad que elaborará el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat), para saber cuándo debe cada rama implementar los servicios. De todas maneras, el decreto establece que en un plazo máximo de 18 meses, todas las empresas con más de cinco trabajadores deberá contar con el servicio de prevención y salud laboral.

Por otro lado, otro decreto estableció que, tras haberse cumplido “diversas instancias de intercambio entre los integrantes del Conassat y con representantes de empleados y trabajadores de varios sectores de actividad”, se decidió fijar la obligatoriedad de estos servicios para toda la industria frigorífica y la industria de productos metálicos, maquinaria y equipo a partir de mayo. Es decir, desde ahora cuentan con un plazo de 180 días para instrumentar los servicios de prevención y salud laboral.

Días atrás, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) se había denunciado un “cambio en las reglas de juego” del decreto, ya que la cámara empresarial había llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo -tras las negociaciones del exinspector de Trabajo, Gerardo Rey- para que la normativa se aplazara por aproximadamente tres años.

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