DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

La polémica sobre si la DGI tiene un excesivo poder de fiscalización

Oposición plantea que sí; Ferreri dijo que otros organismos tienen más.

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Foto: F. Ponzetto

"Hay una suerte de mito con respecto a las potestades de la Dirección General Impositiva (DGI)", dijo el subsecretario de Economía y exdirector de Rentas, Pablo Ferreri, en respuesta a las críticas por las facultades que viene acumulando el fisco.

"Quien la conoce por dentro sabe de las limitaciones que tiene la administración tributaria uruguaya", expresó. Además, señaló que las herramientas de combate a la evasión con las que cuenta la DGI no tienen comparación con los poderes de los fiscos de los países desarrollados.

En ese sentido, Ferreri explicó ante la Comisión especial creada en el Senado por los "Panamá Papers" que en 2018 "luego de décadas" sin poder hacerlo, la DGI accederá a los saldos y rentas en cuentas bancarias (así lo establece un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento).

"En los países de la OCDE (Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico) no es que la administración tributaria pida o reciba información, sino que está conectada on line con la base de datos de los bancos y tiene disponible todo, todo el tiempo", explicó el subsecretario de Economía.

Otra diferencia que planteó fue sobre la posibilidad de trabar embargos que tienen los fiscos: en Uruguay la administración tributaria puede hacerlo con autorización de la Justicia mientras que en los países desarrollados decreta embargos administrativos sin aval judicial.

La mayor capacidad para la confiscación de bienes "no es por crear un monstruo desbocado, sino que entre el momento en que se determina que alguien debe un impuesto y se obtiene el embargo por la vía judicial, en el medio le alcanza el tiempo para vender todo lo que tenía", indicó Ferreri.

"Cuando lo miramos en un contexto internacional, diría que (la DGI) tiene una capacidad moderada de control", concluyó el jerarca aunque reconoció que los cambios normativos "van mejorando" las capacidades de fiscalización.

Sobre los avances para dotar de mayores facultades a la DGI, manifestó que Uruguay "desde siempre ha elegido un camino gradual, es decir, dar pasos generando los menores problemas posibles". Pero apuntó que en los últimos años ese proceso transcurrió "a una velocidad importante".

Oposición.

Las palabras de Ferreri fueron en respuesta al senador colorado José Amorín Batlle, quien señaló en la Comisión que los poderes de la DGI "han crecido en forma extraordinaria en los últimos 10 años".

Además, el legislador señaló que los empresarios pequeños cuando son investigados "antes de tener un embargo de cuatro años y a un inspector todo el día en sus instalaciones, si pueden arreglar, lo hacen; muchos consideran que eso les sale más barato que pleitear".

En la misma línea se manifestó días atrás el profesor de Fiscalidad Internacional y socio de Brum-Costa Abogados, Leonardo Costa. Señaló entrevistado en El País TV que hay "un problema de equilibrio de poder entre el contribuyente y la DGI", que la legislación brinda "muy pocas opciones de defensa" y pidió como próxima reforma impositiva impulsar "una agenda de derechos de los contribuyentes". De hecho, Amorín presentó un proyecto de Carta de Derechos del Contribuyente.

Respecto al tema, Ferreri dijo que se trata de "una moneda con dos caras que tienen que estar equilibradas: derechos y potestades. Nos parece que ambas cosas están bien".

La incautación que hizo por los "Panamá Papers".

El titular de la DGI, Joaquín Serra, explicó que para investigar a las sociedades off shore vinculadas a los "Panamá Papers" fueron a estudios jurídicos y contables a recabar datos. "Se controlaron 32 estudios y, aunque muchos de ellos proporcionaron la información, en algunos casos en los que se opuso el secreto profesional la DGI procedió a la incautación de la información", señaló.

Ferreri, mencionó esto como un ejemplo de las "limitaciones" del fisco uruguayo. "A nivel internacional, a la administración tributaria se le opone el secreto profesional únicamente cuando hablamos de la relación entre el abogado y su cliente. En Uruguay, algunos llevan adelante la tesis —el Poder Ejecutivo entiende que no es así— de que ese secreto profesional es muchísimo más amplio", dijo.

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