EL NUEVO ORDEN

Polémica por norma OCDE a la que Uruguay adhiere

Posiciones: “atenta contra seguridad jurídica” y “multinacionales cual Heidi”.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
La evasión del IVA bajó de 36% a 13% entre 2003 y 2012. Foto: Archivo El País

El panel inicial de las Jornadas Tributarias de la Dirección General Impositiva (DGI) sirvió como escenario de debate acerca de la normativa BEPS —término utilizado para definir las prácticas de evasión fiscal empresarial— que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a la que Uruguay adhirió.

Se trata de una nueva tendencia en la fiscalidad internacional que busca combatir la erosión de la base imponible de la renta empresarial que realizan las multinacionales aprovechándose de los tratados entre países para evitar la doble imposición.

Según entienden el abogado tributarista Mario Ferrari (director de Asesoramiento Legal de PwC) y el contador Juan Pérez Pérez (Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG), la aplicación de normas antiabuso generales "atentan contra la seguridad jurídica" de los países y por ende al clima de inversiones.

La crítica se centró en la norma PPT (prueba de propósito principal) del proyecto BEPS, que impide el acceso a los beneficios de los convenios tributarios cuando se realicen negocios que tengan como "uno de los principales" fines el traslado de utilidades a favor de los intereses empresariales. Pérez Pérez calificó la PPT como "la moderna inquisición" y cuestionó que se habilite la presunción de una conducta "contra el fin de la norma", en el entendido que "lo que no está escrito ni tipificado no es sanción".

Agregó que "si la norma no refleja fielmente sus fines, hay que modificarla", no crear instrumentos de interpretación como impulsa la OCDE. A su vez, Ferrari expresó que la planificación impositiva con fines elusivos "es lícita, podrá no ser ética pero no tiene consecuencia legal", lo que la diferencia de la evasión que sí está penada.

Pérez Pérez advirtió que "es muy peligrosa" la atribución para el fisco de "interpretar los fines de la ley" que propone la norma PPT, y señaló que se trata de "un cheque en blanco para que alguien interprete que hubo un propósito de obtener beneficio" en una transacción y no se permita a los involucrados beneficios fiscales. "El contribuyente sufrirá un calvario" si lo acusan mediante la norma PPT, subrayó y el abogado de PwC manifestó que "un sistema jurídico debe dar certezas o seguridad jurídica, y estas normas van contra ese principio".

Ambos panelistas coincidieron que "el mal menor" es la incorporación de normas antiabusos particulares como la LOB (regla de limitación de beneficios) del proyecto BEPS, que establece casos específicos de abuso de los convenios fiscales en los que puede ser aplicada.

Tras escuchar ambas alocuciones, el subdirector de la DGI, Álvaro Romano, reaccionó con ironía a los planteos: "Me imaginaba a los pobres grupos multinacionales desamparados ante la agresividad de estas disposiciones, cual Heidi recogiendo margaritas por la pradera". Otra respuesta crítica llegó del chileno Néstor Venegas del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos —el fisco de Chile—: "Sangraron mis oídos de abogado" al escuchar a los panelistas, declaró.

Explicó que según un principio general del derecho "no se puede abusar de la norma" y por tanto es válida la política de la OCDE de combatir los abusos de las firmas internacionales. "Los convenios (para evitar la doble imposición) no están hechos para beneficios indirectos" de las multinacionales, agregó.

Respecto a la falta de seguridad jurídica del proyecto BEPS, Venegas expresó que sería mayor la incertidumbre "si cada país diseña sus propias normas" contra las prácticas de elusión empresarial y definió esta nueva tendencia en la fiscalidad internacional como "una reacción coordinada del mundo para cambiar el paradigma" impositivo. "Las normas no son tan terroríficas como plantean", concluyó.

Mientras que el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Serra, respondió que "como las multinacionales pueden lícitamente hacer su planificación impositiva (buscando reducir la base imponible), los Estados también pueden hacer algo" para contrarrestar esas prácticas. También aclaró que en todos los casos las normas BEPS no fijan una sanción sino que "impiden acceder a beneficios" establecidos en los tratados para evitar la doble imposición.

Para unos un triunfo, para otros sirve a poderosos.

Serra del MEF indicó que el impulso de la normativa BEPS "es una pequeña batalla que ganan los países que gravan la fuente" como Uruguay, en detrimento de aquellos que utilizan el criterio de renta mundial. Ferrari analizó que estos últimos, se dieron cuenta "que no les sirve (esa política) por la intangibilidad" de los servicios en la actualidad, con el auge de las nuevas tecnologías. Pérez Pérez dijo que el proyecto promovido por la OCDE "nos beneficia en una visión oportunista" de corto plazo pero en una mirada de largo plazo "a los países más débiles les conviene la certeza (jurídica) mientras que a los poderosos le conviene la ambigüedad". En esa línea, Ferrari indicó que "la previsibilidad y certeza de las normas es un valor en sí mismo, por encima de cualquier beneficio puntual", y añadió que "por recaudar un poquito más vamos a perder en campos como la inversión".

Gobierno evalúa qué partes incorporar del nuevo pacto multilateral de OCDE.

La semana pasada la OCDE comunicó que finalizaron las negociaciones entre más de 100 países en el marco del proyecto BEPS y se acordó un pacto multilateral que se firmará en junio de 2017 en París, donde se fijan los criterios para la actualización de más de 2.000 tratados bilaterales para evitar la doble imposición. El director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Serra, dijo que "en estos momentos estamos valorando qué artículos le convendría a Uruguay ampararse para que fueran contemplados", dado que al igual que en las otras iniciativas de la OCDE al adherir se puedan plantear excepciones.

A su vez, informó que Uruguay ya incorporó las cláusulas antiabuso PPT (prueba de propósito principal y la más polémica, ver nota principal) y LOB (regla de limitación de beneficios) en los convenios para evitar la doble imposición con India, Ecuador, Corea, Reino Unido y Chile ("el más completo de los convenios" según dijo).

Luego Serra repasó las definiciones que deberá adoptar el país en el futuro para lograr "una aplicación eficiente y efectiva" de las normas antiabuso contenidas en el proyecto BEPS. Señaló que "es conveniente por razones de buena administración" mantener el esquema actual en el que el contribuyente aplica directamente el convenio para evitar la doble imposición y descartó avanzar hacia la aplicación de una tasa general con la posterior devolución del beneficio. Acerca de los controles de aplicación de la cláusula LOB, manifestó que "habrá que definir nuevos procedimientos de auditoría en base al muestreo" que surge de la obligación de los contribuyentes de informar a la DGI "para ampararse en la deducción de la retención".

Precios.

El capítulo 4 del proyecto de ley de transparencia fiscal a estudio del Parlamento introduce cambios en la normativa de precios de transferencia —que buscan evitar que empresas vinculadas manipulen los valores de intercambio para disminuir sus aportes tributarios— vigente en Uruguay. María José Santos de la DGI explicó ayer en un panel de las Jornadas Tributarias esas modificaciones y sostuvo que buscan "adecuarse a estándares internacionales y cumplir con la normativa BEPS".

La aplicación efectiva de las nuevas disposiciones pretende generar "un informe país por país y un mapa maestro" acerca de cada grupo multinacional de gran dimensión (con facturación anual superior a 750 millones de euros). "Se busca comprender cómo operan y tener más información de cómo definen sus precios de transferencia, cómo generan sus rentas y cómo pagan sus impuestos", añadió la funcionara de DGI.

En el esquema ideal, dicho informe debe ser presentada por la casa matriz del grupo económico en su país de origen y luego circulará entre todas las administraciones tributarias. En caso que dicho país no adhiera a la normativa de la OCDE, los fiscos locales pueden solicitar la información al contribuyente.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)