ECONOMÍA DIGITAL

Tras el anuncio de que la empresa de delivery española, Glovo, se retirará de Uruguay el próximo 10 de febrero, un grupo de aproximadamente 15 repartidores de la firma liderados por el abogado Nicolás Pizzo -el mismo que llevó adelante la demanda del conductor de Uber contra esa empresa que le resultó favorable- prepara un reclamo colectivo para exigir el despido, previo a que la firma abandone sus operaciones en Uruguay.

Según indicó a El País Daniel Carrasquel, repartidor de Glovo, al igual que como realizó el chofer de Uber, los trabajadores buscarán demostrar ante la Justicia, el Ministerio de Trabajo (MTSS) y eventualmente también ante el Banco de Previsión Social (BPS), que el vínculo laboral que mantienen con la compañía es de dependencia.

“La empresa se está yendo de un día para otro y está dejando a más de 100 personas sin trabajo, sin nada”, indicó Carrasquel quien afirmó que se enteraron de que Glovo abandonaba sus operaciones “a través de un correo electrónico” donde señalaban que el motivo era la “falta de estabilidad y rentabilidad” en el mercado.

Al igual que ocurrió en el caso de la demanda contra Uber, los trabajadores de Glovo buscarán demostrar que existe una relación de empleo subordinado entre ellos y la compañía. Carrasquel mencionó que había una relación de dependencia “porque si no cumplías con lo que ellos establecían te sancionaban”.

El País contactó al abogado quien afirmó que “la relación de trabajo está cuestionada” y que la próxima semana decidirán por qué vía se realizará el reclamo para que Glovo pague el despido a los repartidores. En un principio indicó que la demanda podrá hacerse tanto a nivel judicial como a través del MTSS. “Estamos evaluando todas las alternativas posibles ante la ida de la empresa del país”, señaló Pizzo.

Si bien desde Glovo requerían que el repartidor abriera una empresa unipersonal para comenzar a ofrecer el servicio, según Carrasquel “solo le facturábamos a Glovo, es decir que éramos trabajadores directos de ellos”.

El objetivo de los repartidores es lograr reclamar previo a que abandonen las operaciones en Uruguay. “El 10 de febrero terminan sus funciones en Montevideo y tenemos que hacer todo lo posible para empezar el proceso legal, que será largo, antes de que cierren la empresa ante BPS y la Dirección General Impositiva (DGI). Si logran eso quedamos en el aire”, concluyó Carrasquel.