TELEFONÍA

Una subasta realizada ayer para la asignación del uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, que les permitirá a las empresas de telefonía móvil incorporar la tecnología 5G (la más avanzada en la materia), se vio envuelta en la polémica. El procedimiento involucra unos US$ 65 millones.

Es que previo a la subasta -que llevó adelante ayer la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec)-, el 2 de diciembre una de las participantes, AM Wireless Uruguay S.A. (Claro) presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo pidiendo la suspensión de la misma. La sentencia del juez Pablo Eguren se produjo el miércoles 11, es decir a un día de la fecha prevista para la subasta.

El pedido de amparo de Claro se basó en que “el sistema de asignación de frecuencias está establecido en claro beneficio en favor de Antel” porque “se le otorga la posibilidad de elegir en primer lugar las frecuencias que le interesan y reservarlas”, por esas frecuencias “deberá pagar el precio promedio de las ofertas de los operadores privados que si participen (...), pero agregando que si no hay oferta sobre un lote se ponderará a valor cero a favor de Antel” y si “quedaran lotes cuyo uso no fue asignado a ninguno de los operadores privados, Antel puede decidir quedarse” con ellos “con el privilegio señalado relativo al pago de precio”, según recogió la sentencia de Eguren.

En base a ello, Claro entiende que “se establece para Antel una posición de preferencia y privilegio sobre los dos operadores privados (N. de R.: el otro es Movistar) que afecta los principios de constitucionalidad, igualdad, legalidad, proporcionalidad y protección de la libre competencia; actuando con clara ilegitimidad manifiesta”.

En anteriores subastas (en 2013 y 2017) el procedimiento había sido similar: Antel tenía reservados previamente los bloques y pagó el precio promedio que abonaron los privados.

La Ursec defendió este sistema ya que entiende que “la solución de excluir a Antel (...) no supone otra cosa que proteger a las empresas trasnacionales que se verían en la situación de pujar con el propio Estado” y que “no es más beneficios para Antel quedar fuera de la puja de precios en la subasta porque el precio que habrá de pagar depende pura y exclusivamente de la voluntad de las dos empresas privadas”, según la sentencia.

Además expuso que el amparo supondría “una parálisis del despliegue de la infraestructura de 5G en directo perjuicio de los derechos de todas las personas habitantes de la República y del desarrollo nacional”.

El juez Eguren resolvió desestimar el pedido de amparo de Claro y fundamentó: “no avizoramos que estemos ante una ilegitimidad y menos aún manifiesta, en cuanto nos afiliamos al criterio sustentado respecto a que debe ser patente, ostensible, indiscutible, evidente, notorio tal como lo define Emilio Biasco”. Agregó que “un criterio laxo podría determinar la disminución de la caracterización de ‘manifiesto’ a un punto tal que alcanzaría tan solo con la ilegitimidad. Eso no es lo que establece la norma”.

Según Eguren, en este caso “no se han dado los presupuestos normativos aplicables al instituto de amparo”.

El magistrado tomó en cuenta un informe que establece que “las empresas privadas que si participan de la subasta, ‘juegan a cartas vistas’, conociendo la situación de la empresa estatal en cuanto a sus requerimientos de espectro, antes de comenzar la subasta” y el “riesgo de falta de transparencia” que implicaría que “el propio Estado sea quien convoque al procedimiento competitivo y además participe del mismo. Por lo tanto se parte de la imposibilidad de aplicar una misma regla para todas las empresas por ser estas jurídicamente diferentes”.

Finalmente, en la mañana de ayer se realizó la subasta en la que Claro participó y se adjudicó dos bloques en la banda de AWS 1.700/2.100 megahercios (MHz) por los que pagó US$ 7,5 millones cada uno (US$ 15 millones en total).

En tanto, Movistar se adjudicó cuatro bloques en la banda de 2.600 MHz por los que pagó US$ 7.013.000 por uno, US$ 14.002.000 por dos (US$ 7.001.000 cada uno) y US$ 7 millones por otro. En total abonó US$ 28.015.000.

“Esta nueva inversión, que se suma a los más de US$ 600 millones invertidos en estos años, nos permite contar con la combinación ideal de tecnologías y espectro radioeléctrico” afirmó el presidente de Movistar Uruguay Marcelo Tarakdjian, en un comunicado divulgado ayer.

“Los bloques obtenidos por Movistar en banda de 2.600 Mhz otorgan mayor capacidad, mejorando la velocidad de datos”, agregó el comunicado.

Previo a la subasta se reservó a favor de Antel cuatro bloques de 5 + 5 MHz de la banda de 2.600 MHz por los que pagó US$ 5.603.000 cada uno (US$ 22.412.000 en total) y dos bloques de 10 MHz no apareados de la banda de 1.800 MHz (por los que pagó US$ 0 al no haber ofertas en la subasta).

Las tres operadoras de telefonía móvil en Uruguay podrán ofrecer la tecnología 5G con el espectro subastado. Esta tecnología “es capaz de direccionar sus comunicaciones al dispositivo con el que el usuario quiere comunicarse en un preciso momento, sin desperdiciar potencia en otras direcciones” según el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Además de permitir una velocidad mayor de Internet en los celulares, habilita el uso de Internet de las Cosas (que sirve para manejar en forma remota equipos electrónicos y hasta vehículos).