Mercado "rezagado"

Portabilidad numérica: el pedido de Claro a la Ursec

La compañía móvil presentó petición para que el regulador intervenga.

Desde Claro dicen que solo Uruguay y Venezuela carecen de portabilidad. Foto: Archivo
Desde Claro dicen que solo Uruguay y Venezuela carecen de portabilidad. Foto: Archivo

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A mediados de enero, la compañía telefónica, Claro, presentó ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), una petición formal en la que solicitó al regulador que intervenga en el debate sobre portabilidad numérica. En concreto, lo que la empresa pretende es que se habilite la posibilidad de que los usuarios puedan cambiar de compañía sin perder su número de celular.

No es la primera vez que este tema está en debate. En ocasiones anteriores las compañías telefónicas privadas, Claro y Movistar, plantearon su apoyo para que se estableciera la obligatoriedad de brindar portabilidad. Inclusive, el tema ha llegado a discutirse a nivel parlamentario mediante la presentación de dos proyectos de ley que finalmente no prosperaron.

Pero ahora, la petición presentada por Claro obliga a la Ursec a expedirse sobre el asunto.

El documento que envió Claro —al que accedió El País— señala que la portabilidad numérica "es un derecho básico de los usuarios y consumidores; tiene por objeto permitir a las personas el efectivo ejercicio de su derecho de elección de prestador, conservando su numeración".

Sebastián Aguiar, gerente de Marketing de Claro, dijo a El País que el mercado uruguayo quedó "rezagado" frente a los otros países de la región. Al respecto, indicó que desde la compañía confían en que este sea el momento para que exista una actualización a nivel regulatorio. Según indicó el gerente, los únicos dos países de América del Sur que no han regulado la portabilidad numérica son Uruguay y Venezuela.

En oportunidades anteriores, distintos jerarcas del gobierno rechazaron la reglamentación de este servicio bajo el argumento de que la implementación de un nuevo sistema supondría dificultades a nivel técnico y económico.

En cambio, los argumentos a favor sostienen que la portabilidad numérica es un derecho de los consumidores y que además favorece la competencia entre los operadores, puesto que deben esforzarse más por retener a sus clientes.

Quienes están a favor de la implementación del nuevo sistema manifiestan que quienes más se verán beneficiados son los usuarios puesto que podrán elegir la compañía que mejor servicios le brinde.

Sobre este punto, la petición realizada por Claro establece que "hoy en día la portabilidad es técnica y económicamente abordable" y que además puede ser implementada "en el corto plazo en Uruguay".

Al respecto, Aguiar indicó que "la dificultad técnica ya no será una limitante como antes" puesto que la tecnología que se requiere para implementar el nuevo sistema "ya no es tan cara ahora como lo era hace cinco o seis años atrás".

En el caso de que Ursec decida aprobar la portabilidad numérica un aspecto que habrá que resolver es quién pagará por el costo de la implementación del sistema.

Al respecto, Aguiar indicó que le parece "lógico" que sean los operadores móviles quienes se hagan cargo de la inversión, aunque también señaló que en otros países de la región lo ha hecho el Estado a través del regulador.

"Barrera artificial".

La petición realizada por Claro argumenta que "privar al usuario de conservar su número constituye una barrera artificial anticompetitiva que colisiona con los principios de nuestro régimen legal y restringe los derechos que Claro tuvo en mira al obtener su licencia" y la inexistencia de portabilidad es "una barrera artificial (de tipo legal o regulatoria) que distorsiona la competencia y afianza al prestador dominante (Antel)".

Además, incluye directrices de Naciones Unidas que señalan que hay que "eliminar las prácticas que perjudiquen la libertad de elegir" del consumidor. En Uruguay, sostiene, hay "una situación de cautiverio donde no pueden optar y cambiar libremente de operador conservando su número".

¿Por qué Ursec?

Cuando el tema fue discutido en ocasiones anteriores, quien participó del debate fue la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, la particularidad en este caso, es que puso el foco en la Ursec como reguladora.

La petición de Claro indica al respecto que de acuerdo al artículo 73 de la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio del 2000 al 2004, "compete a la Ursec la regulación técnica, la fiscalización y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones".

"Entendemos que es un tema netamente regulatorio y en ese sentido le corresponde a Ursec expedirse", manifestó Aguiar.

Sin embargo, desde Ursec indicaron a El País que el Directorio no ha determinado todavía si es un tema en el que el regulador tenga competencia. "Lo primero que tenemos que estudiar es si es un tema que nos compete. Es un tema muy importante, que requiere de un estudio muy profundo", indicó uno de los directores de Ursec, Nicolás Cendoya.

Según indicó, Ursec tiene un plazo de 150 días (a partir de la fecha que recibió la petición) para presentar su respuesta. Sobre esto, Cendoya manifestó que el próximo jueves se realizará la primera reunión de Directorio de este año, aunque ve "imposible" que se llegue a una solución en dicha instancia.

"En los últimos cinco años desde Ursec nunca hemos tratado este tema y vamos a estudiarlo porque no es que estén pidiendo cambiar de lugar una antena, es un tema bastante más profundo", concluyó.

Llaman al resto de los actores

Además de requerir la intervención de Ursec, la compañía telefónica, Claro, solicitó en su petición que el regulador notifique al resto de los prestadores móviles (Movistar y Antel) "a los efectos de solicitar su opinión al respecto en un plazo breve". Sobre este punto, el gerente de Marketing de Claro, Sebastián Aguiar, indicó que si el tema "no tiene un final positivo significa que ni el regulador ni nuestros competidores tienen la voluntad para beneficiar a la gente". Asimismo, en la petición de Claro se manifiesta que en caso de que "no se hiciera lugar a lo solicitado y/o no se observaran los principios básicos legales y regulatorios frente a la situación descripta" la empresa podrá acudir "ante el Poder Judicial o continuar con la vía administrativa".

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