Senaclaft presentó estrategia hasta 2020

Prioridad antilavado: incautar más bienes

Espinosa pidió dar más potestades a la Jutep.

Controles: inmobiliarias, zonas francas y gestión de sociedades. Foto: F. Flores
Controles: inmobiliarias, zonas francas y gestión de sociedades. Foto: F. Flores

Resulta imprescindible adoptar todas las acciones que resulten necesarias a fin de evitar que los criminales se fortalezcan económicamente y al mismo tiempo tomar las medidas que resulten necesarias a fin de que el dinero y bienes decomisados puedan utilizarse para fortalecer a las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Uruguay". Ese es uno de los "pilares de la estrategia nacional" que presentó ayer la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), con las acciones y objetivos hasta el final de 2020.

Las cuatro áreas prioritarias donde se concentrará la atención y los controles serán el sector financiero, las inmobiliarias, las zonas francas y la prestación de servicios societarios, informó ayer en una conferencia de prensa el titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa.

Otras prioridades, comentó, son "fortalecer el control en el comercio exterior" y que se realice con mayor agilidad "una investigación paralela" cuando se detecta un caso, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito producto del narcotráfico, para incautar los bienes asociados.

Espinosa declaró que "preocupa" que solamente haya existido un procesado en 2017 por este tipo de delitos, aunque indicó que puede deberse a "juicios largos que tendrán resultados este año".

Por otra parte, el jerarca informó que "se recibió información que se esperaba desde Argentina" sobre "la actividad" en el vecino país del sindicalista Marcelo Balcedo, detenido en enero y acusado al igual que su esposa por lavado de activos y tráfico de armas.

Los bienes incautados a la pareja están en forma provisoria en Uruguay hasta que finalice la investigación penal, y pese a que Argentina ya reclamó quedarse con el 100% la Senaclaft aspira a dividir en partes iguales lo recuperado, porque lo considera "un caso testigo" que podría generar un precedente para futuras apariciones de argentinos con bienes ilícitos en el país.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, expresó a su turno que la estrategia enfocada "en la transparencia" tiene una justificación ética pero también económica. "Es algo pragmático, hoy no paga la opacidad" y ser un país cooperante en el mundo actual ayuda a captar inversiones y colocar la producción local en el exterior, remarcó.

Los jerarcas destacaron que por primera vez se sumó a la estrategia de combate la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que tomó notoriedad en el último tiempo al intervenir en casos con sospecha de corrupción de actores políticos.

Espinosa dijo que "es imprescindible" coordinar acciones con este organismo, ya que la corrupción es considerada un delito precedente del lavado, y señaló que "es importante" que se apruebe un proyecto a estudio del Parlamento "que mejora las capacidades de la Jutep para investigar y dar más posibilidades de actuación proactiva".

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