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El problema más urgente que tiene que resolver el nuevo gobierno en Argentina

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El ministro Martín Guzmán hizo énfasis en la necesidad de devolverle sostenibilidad a la deuda argentina. Foto: EFE

VECINO EN APUROS

El gobierno de Alberto Fernández, que asumió hace un mes y medio, tiene varios problemas económicos por resolver pero hay uno de ellos que reviste enorme urgencia.

Los tiempos de la renegociación de la deuda comienzan a acelerarse en Argentina. Aunque todavía el gobierno de Alberto Fernández no presentó una convocatoria formal a los acreedores y continúa sin dar precisiones sobre el alcance que tendrá su propuesta para reestructurar la deuda soberana, en los últimos días surgieron definiciones que anticipan una negociación dura.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, envió la semana pasada un proyecto de ley al Congreso en el que solicita amplias facultades para refinanciar la deuda pública emitida bajo legislación extranjera. Guzmán adelantó que la iniciativa tiene como objetivo que la deuda argentina mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital.

“El proyecto de ley no demuestra un avance específico, sino que otorga poderes al Ministerio de Economía para llevar adelante la negociación. Sin embargo, Guzmán hizo énfasis en la necesidad de devolverle sostenibilidad a la deuda argentina y eso solo se lograría con un fuerte período de crecimiento y apreciación cambiaria -algo que veo poco probable- o con una fuerte quita de la deuda”, dijo a El País Juan Pablo Di Iorio, economista de la consultora ACM.

A las palabras de Guzmán en Buenos Aires se le sumaron las del economista Joseph Stiglitz en el Foro Mundial de Davos. El premio Nobel de Economía 2001, mentor de Guzmán y autor de numerosos artículos con el ministro argentino, señaló que los inversores de deuda argentina se deben preparar para perder. “No puedo concebir ningún modelo razonable que no diga que tiene que haber recortes significativos. Sería una fantasía pensar lo contrario”, dijo.

En simultáneo con esas señales crecieron los riesgos de un incumplimiento de deuda por parte de la provincia de Buenos Aires, el distrito que genera casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ante la falta de recursos, en una primera instancia el gobernador Axel Kicillof propuso a los acreedores posponer al 1° de mayo el pago de capital de un bono por US$ 250 millones que vencía el 26 de enero. Como fracasó en su intento de conseguir la aprobación del 75% de los acreedores para lograr la postergación, decidió extender el plazo para la respuesta de los tenedores de ese título hasta el 31 de enero. Si finalmente para esa fecha no consigue la aceptación a la prórroga, el gobierno bonaerense tendrá tiempo hasta el 5 de febrero para efectuar el pago.

Hasta ahora, Kicillof se mostró firme en su postura de no pagar en la fecha original. El gobierno nacional, en tanto, anticipó que no asistirá a la principal provincia del país para cumplir con ese vencimiento porque eso llevaría a que el resto de los distritos pidan lo mismo. Lo cierto es que un incumplimiento de la deuda bonaerense entrañaría elevados riesgos. Además de agregar ruido a la negociación nacional, si la provincia incumple con el pago del bono, los acreedores podrían acudir a la Justicia para reclamar la activación de las cláusulas de aceleración y de cross default. Esto implicaría que los acreedores de la deuda bonaerense podrían exigir el pago inmediato de la totalidad de los vencimientos.

“Uno de los puntos más negativos del arranque del nuevo gobierno es la demora en la presentación de un plan de reestructuración de la deuda. Si no se resuelve esa cuestión, es difícil que el resto de la política económica pueda tener algún margen de maniobra. De hecho, las incertidumbres de la provincia de Buenos Aires también están atadas a la demora de la Nación en iniciar su proceso de reestructuración”, dijo a El País el economista Martín Vauthier, director de EcoGo consultores.

Giro en los mercados.

La falta de precisiones sobre la propuesta que pondrá sobre la mesa el gobierno argentino, las señales en torno a que se avanzaría por un camino de mayor dureza en lugar de una negociación más amigable y las dificultades de la provincia de Buenos Aires para cumplir con sus obligaciones impactaron en los mercados. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el grado de desconfianza sobre el cumplimiento de la deuda, trepó más del 15% desde inicios de la semana pasada y ayer superó los 2.100 puntos básicos, con lo que volvió a niveles similares a los registrados a comienzos de diciembre.

El apuro por cerrar la negociación de la deuda

Frente a un apretado cronograma de vencimientos, el gobierno argentino se fijó como fecha límite para cerrar las negociaciones el 31 de marzo. El plazo está atado a las urgencias: tras el primer trimestre, los compromisos crecen. Solo entre abril y mayo hay obligaciones por más de US$ 8.000 millones, a lo que hay que sumar los vencimientos en pesos. “El mercado, que venía muy montado en torno a una renegociación amigable y a la voluntad de pago mostrada por el gobierno, viró hacia un mayor pesimismo. Si la negociación es amigable, se puede alcanzar un acuerdo antes de fines de marzo. Pero, si en cambio la postura del gobierno se torna más dura, es probable que las negociaciones se extiendan y aumente el riesgo de default”, dijo Vauthier.

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