Control de activos

El titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, dijo que se buscó que la aplicación de la ley u201cno complique la operativa de los sujetos obligadosu201d.

","

La Ley Integral contra el Lavado de Activos aprobada a fines de 2017 estableció varias disposiciones que cambiaron las condiciones para profesionales y organizaciones sin fines de lucro, pero aún se espera por la reglamentación que fijará las reglas de esos nuevos controles que deben incorporarse.

El titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, informó que dicha reglamentación tendrá "una parte general de definiciones y después capítulos" particulares para cada uno de los sectores involucrados: casinos, inmobiliarias, abogados, escribanos y contadores, rematadores, comerciantes de antigüedades y obras de arte, zonas francas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro.

"No queríamos que la aplicación de la normativa antilavado complicara la operativa razonable de (por ejemplo) un rematador. El control tiene que ser adecuado a las posibilidades de la profesión. Por eso es que hicimos este esfuerzo. No digo que los sectores vayan a estar 100% de acuerdo con lo que va a salir, pero creo hay un alto consenso en cuanto a que es una aplicación razonable de la ley", dijo Espinosa en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado.

Para elaborar la reglamentación, la Senaclaft mantuvo contactos con "todos los colegios, asociaciones, cámaras de zonas francas, rematadores, todas las cámaras inmobiliarias, escribanos, contadores y abogados", destacó el jerarca.

","

Además, trabajó junto a la Fiscalía y el Poder Judicial para adecuar la ley integral al nuevo Código de Procedimiento Penal, también aprobado el año pasado. Se identificaron "21 artículos en los que habría que hacer adecuaciones vinculadas al procedimiento penal", mayormente surgidos de "problemas prácticos", como por ejemplo que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) "bloqueaba los fondos y el juez tenía tres días para responder, pero como ahora no va directamente al juez sino al fiscal se necesitaba más tiempo y se dio un mayor plazo para ese procedimiento", detalló Espinosa.

El titular de la Senaclaft confirmó ayer a El País que la reglamentación de la ley fue elevada a Presidencia hace unas semanas y se aguarda que "de un momento a otro" salga el decreto del Poder Ejecutivo. "Estamos a la espera porque queremos difundirlo y hacer eventos" para explicar el alcance de las nuevas reglas a los sujetos obligados de realizar las diligencias antilavado, añadió.

El gobierno tiene interés en que se apruebe a la brevedad la reglamentación, porque necesita que la normativa esté vigente y aplicándose en 2019, cuando Uruguay será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo regional que controla las políticas locales y la cooperación entre países para combatir el lavado de dinero.

Espinosa informó que esta semana arribó al país una delegación del Gafilat para reunirse con distintos organismos del Estado u2014incluidos el Parlamento y la Suprema Corte de Justiciau2014 y explicarles "cómo es el procedimiento (de control), la metodología de evaluación y las posibles consecuencias" de una mala calificación.