EMERGENCIA

Propuesta alternativa: poner una carga extra al IRPF y así financiar más transferencias a hogares

El sociólogo Fernando Filgueira y el tributarista Gustavo Viñales presentaron una propuesta que busca asegurar la alimentación a los sectores más vulnerables.

Los autores dicen que transferir más a los hogares permite evitar formas de solidaridad negativas en lo sanitario. Foto: Fernando Ponzetto
Los autores dicen que transferir más a los hogares permite evitar formas de solidaridad negativas en lo sanitario. Foto: Fernando Ponzetto

El escenario imprevisto que desató el coronavirus en el mundo hace que los países deban optar entre distintas alternativas en la búsqueda por paliar los efectos, y particularmente asegurar el ingreso a los sectores más vulnerables de la sociedad. El camino elegido por el gobierno de Luis Lacalle Pou fue crear el Fondo Coronavirus, que financiará las necesidades sanitarias, económicas y sociales nutriéndose en parte del aporte extra que realizará una porción de los asalariados públicos, los jubilados y los cargos de confianza política.

Ese dinero será utilizado entre otras cosas, para solventar mayores partidas alimenticias para las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la duplicación por única vez del monto de la Tarjeta Uruguay Social, así como la entrega de canastas de alimentos y productos sanitarios.

En este marco el sociólogo Fernando Filgueira -investigador especializado en políticas sociales, educación, pobreza y desigualdad; subsecretario de Educación al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez- y el tributarista Gustavo Viñales -secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales (CEF) y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas- realizaron una propuesta alternativa para tener más recaudación y focalizar el gasto en los sectores vulnerables.

Los autores del documento -que surge como apéndice local de un trabajo más general sobre el coronavirus en América Latina que realizó Filgueira junto a la finlandesa Merike Blofield para un think thank internacional- definen el momento actual como una “crisis excepcional y transitoria”.

Explican que lo planteado se basa “en tres principios simples: recaudación de acuerdo a capacidades, distribución de acuerdo a necesidades y utilización de las herramientas ya disponibles en materia tributaria y de protección social”.

Contexto.

Como consideraciones previas en lo tributario, los autores indican que el Estado deberá crear un impuesto que podrá “tener su recaudación un destino específico y plazos acotados (de vigencia)”.

Hay necesidad que “su implementación sea sencilla y su recaudación sea eficiente”, variables que en el contexto actual cobran más importancia, además que no se debería “aumentar los costos de cumplimiento de los contribuyentes, empresas y agentes de retención en general, ni complejizar las liquidaciones de sueldos”.

El impuesto debería tener en cuenta “el principio de equidad” (a igual ingreso misma tributación), así como no incluir exoneraciones más allá de los trabajadores de la salud.

Equipos de médicos uruguayos realizaron la riesgosa misión de abordar el crucero “Greg Mortimer” y trasladar a tres pasajeros enfermos. Foto: Francisco Flores
Equipos de médicos uruguayos realizaron la riesgosa misión de abordar el crucero “Greg Mortimer” y trasladar a tres pasajeros enfermos. Foto: Francisco Flores

Sobre los aspectos sociales, Filgueira y Viñales analizan que el país tiene “un importante sistema de protección basado en la seguridad social contributiva”, que permite atender con distintas herramientas (seguro de paro, por enfermedad o licencias especiales) a parte de los trabajadores. Sin embargo, quedan por fuera cerca del 30% de los trabajadores que cumplen tareas en la informalidad.

Señalan que “un conjunto importante de estos hogares cuentan con acceso al sistema de transferencias monetarias no contributivas” del Mides. El programa de asignaciones familiares “alcanza a casi la totalidad de los hogares del quintil (el 20%) más pobre con menores de edad y a más de la mitad de los ubicados en el quintil dos”. La cobertura ya existente posibilita “en forma rápida alcanzar a estos hogares con un refuerzo monetario que permita garantizar una canasta alimentaria básica”.

Propuesta.

El planteo de Filgueira y Viñales es “crear un impuesto excepcional que se instrumente sobre los actuales impuestos a las rentas (IRPF categoría I al capital e IRPF categoría II a las rentas del trabajo), el IASS (que pagan parte de los jubilados) y el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas”.

Corresponderá “al 10% del monto del anticipo pagado o retenido del IRPF (categorías I y II) y del IASS por cada uno de meses” de vigencia, que en principio serían abril y mayo.

También “al 10% del impuesto al patrimonio de las personas físicas del ejercicio 2019” por los meses de mayo y junio, aporte que tendrá “carácter definitivo y no integrará los anticipos correspondientes al año 2020”. Los aportes se pagarán “de manera similar al (impuesto) original”.

Los autores fundamentan que “quienes perciben ingresos, rentas y/o poseen patrimonio durante estos meses no estarían en ningún caso entre la población más comprometida”. Con lo recaudado, plantean “reforzar las transferencias monetarias de las asignaciones familiares procurando garantizar una canasta nutricional por menor de edad”. Se podrían sumar $ 1.750 “por menor residente en el hogar”, monto que no disminuiría en función del número de menores de la familia.

Se alcanzaría una cobertura de 220.000 hogares y 372.000 menores, aunque los autores piden “procurar otras herramientas y recursos” para cubrir al resto de la población no abarcada.

Las estimaciones de recaudación y gasto

Según datos de la Dirección General Impositiva (DGI), en 2018 un 34,5% de los trabajadores -unos 460.000- debieron tributar IRPF categoría II, por distintos montos en función de su nivel salarial. En el caso de los jubilados, el IASS es abonado por un 24% -algo más de 172.000-. Es decir que el universo de contribuyentes que serían abarcados por la propuesta de Filgueira y Viñales sería superior a las 600.000 personas.

Los autores estiman que con el 10% extra de carga se recaudarían unos US$ 15 millones al mes por IRPF y IASS, así como US$ 1,6 millones por el Impuesto al Patrimonio. Lo que calza con el gasto estimado: al dar un monto de $ 1.750 por hijo en los hogares más pobres, habría un gasto incremental de US$ 14,8 millones.

Los especialistas mencionan las ventajas que encuentran a esta propuesta: “favorece la cuarentena voluntaria y genera el piso básico para una cuarentena obligatoria”; “evita formas solidarias pero epidemiológicamente negativas de apoyo a la alimentación (como las ollas populares, no aconsejadas por la aglomeración de gente)”; “genera demanda en micro y pequeñas empresas de venta de alimentos en zonas de alta vulnerabilidad”; “evita estallidos sociales derivados de la desesperación frente a la ausencia de ingresos mínimos”, así como también “evita atender situaciones de caída de ingresos caso a caso con su efecto sobre costo y eficacia”.

Por otra parte, Filgueira y Viñales indican que además de la iniciativa plasmada en el documento se debería garantizar que “no se producirán cortes de agua, electricidad, telefonía fija y móvil e internet mientras el país se encuentre en emergencia sanitaria” -el gobierno ayer exhortó a hacerlo a UTE y Antel-. Los autores aclaran que el trabajo no pretende “emitir ningún juicio de valor sobre las políticas que se están instrumentando”, sino “colaborar en la generación de propuestas”, quedando a disposición “para trabajar en su implementación si se considerara de interés”.

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