EMERGENCIA

El escenario imprevisto que desató el coronavirus en el mundo hace que los países deban optar entre distintas alternativas en la búsqueda por paliar los efectos, y particularmente asegurar el ingreso a los sectores más vulnerables de la sociedad. El camino elegido por el gobierno de Luis Lacalle Pou fue crear el Fondo Coronavirus, que financiará las necesidades sanitarias, económicas y sociales nutriéndose en parte del aporte extra que realizará una porción de los asalariados públicos, los jubilados y los cargos de confianza política.

Ese dinero será utilizado entre otras cosas, para solventar mayores partidas alimenticias para las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la duplicación por única vez del monto de la Tarjeta Uruguay Social, así como la entrega de canastas de alimentos y productos sanitarios.

En este marco el sociólogo Fernando Filgueira -investigador especializado en políticas sociales, educación, pobreza y desigualdad; subsecretario de Educación al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez- y el tributarista Gustavo Viñales -secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales (CEF) y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas- realizaron una propuesta alternativa para tener más recaudación y focalizar el gasto en los sectores vulnerables.

Los autores del documento -que surge como apéndice local de un trabajo más general sobre el coronavirus en América Latina que realizó Filgueira junto a la finlandesa Merike Blofield para un think thank internacional- definen el momento actual como una “crisis excepcional y transitoria”.

Explican que lo planteado se basa “en tres principios simples: recaudación de acuerdo a capacidades, distribución de acuerdo a necesidades y utilización de las herramientas ya disponibles en materia tributaria y de protección social”.

Como consideraciones previas en lo tributario, los autores indican que el Estado deberá crear un impuesto que podrá “tener su recaudación un destino específico y plazos acotados (de vigencia)”.

Hay necesidad que “su implementación sea sencilla y su recaudación sea eficiente”, variables que en el contexto actual cobran más importancia, además que no se debería “aumentar los costos de cumplimiento de los contribuyentes, empresas y agentes de retención en general, ni complejizar las liquidaciones de sueldos”.

El impuesto debería tener en cuenta “el principio de equidad” (a igual ingreso misma tributación), así como no incluir exoneraciones más allá de los trabajadores de la salud.

Sobre los aspectos sociales, Filgueira y Viñales analizan que el país tiene “un importante sistema de protección basado en la seguridad social contributiva”, que permite atender con distintas herramientas (seguro de paro, por enfermedad o licencias especiales) a parte de los trabajadores. Sin embargo, quedan por fueracerca del 30% de los trabajadores que cumplen tareas en la informalidad.

Señalan que “un conjunto importante de estos hogares cuentan con acceso al sistema de transferencias monetarias no contributivas” del Mides. El programa de asignaciones familiares “alcanza a casi la totalidad de los hogares del quintil (el 20%) más pobre con menores de edad y a más de la mitad de los ubicados en el quintil dos”. La cobertura ya existente posibilita “en forma rápida alcanzar a estos hogares con un refuerzo monetario que permita garantizar una canasta alimentaria básica”.

El planteo de Filgueira y Viñales es “crear un impuesto excepcional que se instrumente sobre los actuales impuestos a las rentas (IRPF categoría I al capital e IRPF categoría II a las rentas del trabajo), el IASS (que pagan parte de los jubilados) y el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas”.

Corresponderá “al 10% del monto del anticipo pagado o retenido del IRPF (categorías I y II) y del IASS por cada uno de meses” de vigencia, que en principio serían abril y mayo.

También “al 10% del impuesto al patrimonio de las personas físicas del ejercicio 2019” por los meses de mayo y junio, aporte que tendrá “carácter definitivo y no integrará los anticipos correspondientes al año 2020”. Los aportes se pagarán “de manera similar al (impuesto) original”.

Los autores fundamentan que “quienes perciben ingresos, rentas y/o poseen patrimonio durante estos meses no estarían en ningún caso entre la población más comprometida”. Con lo recaudado, plantean “reforzar las transferencias monetarias de las asignaciones familiares procurando garantizar una canasta nutricional por menor de edad”. Se podrían sumar $ 1.750 “por menor residente en el hogar”, monto que no disminuiría en función del número de menores de la familia.

Se alcanzaría una cobertura de 220.000 hogares y 372.000 menores, aunque los autores piden “procurar otras herramientas y recursos” para cubrir al resto de la población no abarcada.