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Propuestas económicas de la ley de urgencia: cambios, artículos nuevos y otros que fueron eliminados

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Gabinete día de la asunción
LEO MAINE

PROYECTO AL PARLAMENTO

El contenido económico del proyecto del gobierno que será enviado el jueves al Parlamento. Regla fiscal, liberalización de los combustibles, cambios en la inclusión financiera, entre otros temas.

Cuando la ley de urgente consideración del gobierno -que se anunció será presentará el jueves al Parlamento- era un borrador y la nueva administración aún no había asumido, tres de los principales analistas económicos debatieron sobre los variados contenidosy reformas que plantea en este campo, y coincidieron que era el puntapié de la agenda que pretende instaurar el gobierno.

Dentro del proyecto aparece la creación de una regla fiscal, la desmonopolización de la importación de combustible o normas vinculadas a las empresas satélite del Estado, entre otras.

Muchos de los artículos se mantienen incambiados respecto al borrador       -siendo válidos los análisis ya hechos en febrero sobre estos aspectos-, pero otros sufrieron modificaciones e incluso hay nuevas disposiciones. A continuación, un repaso por las principales propuestas económicas que forman parte del proyecto de ley de urgente consideración.

Dinero del Banco República y de fondo energético para financiar obras

Uno de los temas incorporados por el gobierno al proyecto de ley de urgente consideración y que no aparecía en el borrador refiere al Banco República. En 2010 se votó su carta orgánica y se estableció que “el Poder Ejecutivo podrá requerir contribuciones adicionales de hasta un 30% de sus utilidades netas anuales después de debitar los impuestos, con destino a la creación de fondos” para apoyar y dar financiamiento a “proyectos productivos viables y sustentables”.

El proyecto de ley de urgencia suma a esto la posibilidad de pedirle al BROU contribuciones “para el financiamiento de obras de infraestructura que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo”. Se indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “dará cuenta a la Asamblea General del destino de las utilidades vertidas que hayan sido utilizadas para obras de infraestructura”.

También hay otro articulo que aparece en el proyecto y no estaba en el borrador que apunta a dar financiación a “obras de infraestructura aprobadas en instancias presupuestales”. Se trata del dinero excedente del Fondo de Estabilización Energética, que se creó en 2010 buscando cubrirse ante eventuales crisis de generación eléctrica. Al Uruguay cambiar su matriz de producción -sumando energías renovables y dependiendo menos de las reservas hidroeléctricas- en 2018 el gobierno impulsó una ley que establece se destina a Rentas Generales lo que exceda del valor objetivo de cobertura. La ley dice que el destino del dinero debe definirse en instancias presupuestales, y ahora el gobierno pretende fijar que el destino sea financiar obras de infraestructura.

Creación de una regla fiscal

La propuesta es incorporar una regla fiscal de doble condición, que limita el crecimiento del gasto público en función del resultado fiscal ajustado por el ciclo económico. La redacción no sufrió cambios respecto al borrador, ya que se mantiene que la regla abarca la Administración Central y entidades estatales como los entes y servicios descentralizados.

En febrero, el analista Pablo Rosselli de Exante había planteado que era “sano dejar a las empresas públicas por fuera de la regla fiscal” para que puedan manejar sus inversiones. Para implementar esta herramienta y controlar su funcionamiento, se prevé la formación de un comité de expertos que asesorará al Ministerio de Economía.

Cambios en la inclusión financiera

Uno de los temas más comentados de las propuestas del gobierno es la derogación de varias disposiciones de la ley de inclusión financiera de 2014.

Allí se establecía que el pago de los salarios “deberá” hacerse a través de una cuenta bancaria en una institución financiera o mediante dinero electrónico, y el proyecto que se enviará al Parlamento dice que esto “podrá” ser así y “sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo”.

También se mantiene incambiado frente al borrador la parte que establece que “la modalidad de pago (pudiendo ser en efectivo) será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral”, en reemplazo de la ley vigente que da el poder de elección al trabajador.

El sindicato bancario, analistas y hasta socios de la coalición advirtieron durante el debate público del borrador que esta norma deja en desventaja al trabajador sobre el empleador.

A su vez, la misma variación desde “deberá” a “podrá” establece el proyecto del gobierno para los pagos de honorarios profesionales, mientras que para los pagos del Estado quedará “a opción del proveedor” la modalidad -ahora es obligación hacerlo por vía bancaria-.

Los aparatos que permiten pagar con tarjeta no están presentes en muchas oficinas públicas. Foto: Darwin Borrelli
La ley de urgencia incluye cambios en las disposiciones de inclusión financiera, derivadas de una ley de 2014. Foto: Darwin Borrelli

En el borrador había un artículo que también eliminaba la obligación de pagar por vía electrónica las partidas de alimentación que los trabajadores pueden cobrar como parte de su sueldo. Sin embargo, como por esas partidas las empresas hacen un menor aporte, se corría el riesgo de que se “disfrazaran” partidas de alimentación para aportar menos y así se afectaba la recaudación, por lo que se eliminó la disposición.

El otro gran tema de la inclusión financiera es el tope para realizar pagos en efectivo. Actualmente se debe pagar por medios electrónicos en operaciones por montos superiores a 40.000 Unidades Indexadas (UI), unos US$ 4.000, y el borrador eliminaba todo límite.

Tras haber advertencias de que esto alentaba el lavado e iba contra convenios internacionales firmados por Uruguay, en el proyecto que irá al Parlamento se fijó un tope de US$ 100.000 para los pagos en efectivo.

Desmonopolización de combustibles

La propuesta de campaña de Luis Lacalle Pou de liberalizar la importación y producción de combustibles, rompiendo el monopolio de Ancap, causa polémica.

Formó parte de su programa, pero se sacó de la propuesta programática que acordó con la coalición. Luego, volvió a estar en el borrador de la ley de urgencia y ahora forma parte del proyecto (aunque con algunos cambios), pese a que los socios del gobierno siguen sin estar de acuerdo y han pedido enviar una ley aparte.

“Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap”, es la disposición repetida tanto en el borrador como en el proyecto a enviar al Poder Legislativo. Sin embargo, se eliminó un artículo del borrador que permitía que Ancap formara “una sociedad comercial” para actuar en competencia con otros importadores.

Vista aérea de la refinería de Ancap en La Teja. Foto: Ricardo Figueredo
Vista aérea de la refinería de Ancap en La Teja. Foto: Ricardo Figueredo

Respecto a la primera versión, se agregó lo siguiente: “se establecerá un proceso en etapas, orientado a preparar a Ancap para la competencia con derivados importados, a la vez que se exhortará a la misma, de acuerdo a las políticas fijadas oportunamente por el Poder Ejecutivo, a desarrollar actividad exportadora de sus combustibles derivados”.

Portabilidad numérica y la ley de medios

Un aspecto que permaneció incambiado desde la propuesta inicial de la ley de urgencia al texto que llegará al Parlamento es el relacionado a la portabilidad númerica. Que cada individuo sea dueño de su número más allá que cambie de compañía telefónica es declarado como “un derecho de los usuarios”, obligando a las empresas a implementar esto sin trasladar costos a los clientes.

Se plantea crear un cronograma de adecuación y un comité de asesores, que se encargará de “los estudios técnicos y de impacto económico” para definir “la plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica”. Esta disposición fue respaldada por las telefónicas privadas (Claro y Movistar) aunque advirtieron sobre los costos del cambio de sistema.

En el borrador se derogaba un artículo vigente y como resultado estas dos empresas quedaban habilitadas a dar servicios de televisión, pero este y los otros cambios referidos a la ley de medios -se derogaban ocho artículos- no figuran en el proyecto definitivo.

Control sobre las firmas satélite

En línea con la pretensión de dotar de más potestades a las agencias de control, el gobierno plantea una serie de disposiciones vinculadas a ordenar la actuación de las empresas satélite del Estado -las sociedades anónimas que pertenecen a compañías públicas, como ALUR o Ducsa que son propiedad de Ancap-.

Este capítulo no sufrió cambios respecto al borrador. Las firmas satélites deberán tener un campo de actuación que no podrá “apartarse de la competencia atribuida” al ente madre (Ancap) y el Poder Ejecutivo “examinará” las ya existentes.

Alur en Bella Unión. Foto: Fernando Ponzetto.
ALUR en Bella Unión, una de las firmas satélites que son propiedad de Ancap. Foto: Fernando Ponzetto.

Además, se establecen reglas para la integración de los directorios de estas compañías. También se impulsará “un catálogo de buenas prácticas” acerca de la gobernanza de estas sociedades anónimas, y se plantea que “siempre que las condiciones lo permitan” deberán “promover la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones”.

Advertencia por cambio a la ley antilavado

Una disposición que se suma al proyecto de ley de urgencia y no estaba en el borrador, establece modificaciones en la ley integral de lucha contra el lavado de activos de 2017. Para todas las operaciones cuyos pagos se realicen a través de instituciones reguladas por el Banco Central (BCU)          -como bancos, financieras y casas de cambio, entre otras- “se considerarán aplicables las medidas simplificadas de debida diligencia”.

Esto significa que no se analizan los riesgos de cada operación, requisitos de la normativa internacional antilavado, explicó días atrás a El País el abogado especializado en prevención del lavado de activos Leonardo Costa.

Dijo que este cambio legal aumenta la probabilidad de que se den maniobras de lavado de dinero utilizando el sistema financiero y que podría derivar en que Uruguay sea incluido en una lista de países no cooperantes en materia antilavado.

Cambios en el rol de la Ursea

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) es una agencia de control con competencia sobre el mercado de combustibles, y el gobierno busca reforzar su rol de contralor y de intervención en la fijación de las tarifas.

Para eso, se mantienen los artículos del borrador que modifican la ley de 2012 que regula la actuación de la Ursea, planteando entre sus cometidos “examinar de forma permanente las tarifas y precios” de los servicios que controla, y la formulación de “recomendaciones” al Poder Ejecutivo sobre “los criterios de fijación tarifaria”. También debe procurar que los precios “reflejen los costos de los servicios”.

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