CAMBIOS RELEVANTES

Proyecto para dar más derechos a contribuyentes

Realiza cambios en el mecanismo de las clausuras, entre otros.

Fustigó dos artículos redactados por el Poder Ejecutivo que limitan sus funciones.Ariel Colmegna
Foto: A. Colmegna

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que tiene como objetivo "la reducción de los costos de cancelación de las deudas y el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes" enmarcado en que consideró "necesario promover medidas tendientes a la mejora del clima de negocios, con el objetivo de promover la inversión y el empleo".

Uno de los cambios más relevantes que trae el proyecto refiere a la clausura de establecimientos comerciales.

Por un lado, el texto elimina la facultad de que la Dirección General Impositiva (DGI) proceda a clausurar un comercio sin resolución judicial. En los hechos, esto ya era así ya que la DGI esperaba a la resolución de la Justicia para efectuar la clausura. Pero, que esté plasmado en la ley le da otra garantía.

A su vez, para la presunción de defraudación el proyecto señala que "sólo aplica a la última hipótesis que habilita el pedido de clausura (transgresión al régimen general de documentación) y no a las dos primeras (no facturación o subfacturación)", indicó la exposición de motivos del texto. En los casos que sí se compruebe (no que se presuma) que no se emitió factura o que se hicieron por un importe menor al real (subfacturación), el organismo está habilitado a solicitar la clausura.

Además se consagra que la clausura "debe ser practicada por la DGI, a fin de evitar dudas sobre quien recae dicha tarea".

La DGI puede solicitar la clausura de establecimientos o empresas hasta por seis días hábiles.

Por otro lado, el proyecto modifica el régimen de capitalización de los recargos por mora. "Actualmente dicha capitalización se realiza en forma cuatrimestral, lo que implica un acrecimiento exponencial del adeudo original", señaló la exposición de motivos. En cambio, el proyecto establece que esa capitalización cuatrimestral se mantendrá "sólo durante los primeros cinco años contados desde la exigibilidad" de la deuda, lo que "sigue manteniendo el efecto de estimular el pago de las deudas tributarias en desmedro de otras" y "a partir del sexto año" cuando el "incumplimiento ya se ha consolidado" se procede a computarlo "en forma lineal (recargo simple, sin capitalización)", se explicó.

Otra variante que va en el sentido de dar más derechos a los contribuyentes es que se deroga la facultad que actualmente tiene la DGI de suspender el certificado de vigencia anual por medidas cautelares. Esa facultad "desde el punto de vista práctico, constituye un obstáculo para la operativa regular de las empresas durante el litigio y no ha demostrado producir efectos decisivos en el procedimiento", afirmó la exposición de motivos del proyecto.

También se incluye la "previsión expresa" de notificar el Acta Final de Inspección al contribuyente. Esta, "contiene el resumen de lo actuado en la inspección" y se propone notificar "con la finalidad de asegurar la debida defensa del contribuyente (que incluye el conocimiento oportuno de los actos de la administración)", añadió el texto.

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