Lo dijo catedrático Martín Risso; acuerdo de bancos y gobierno es “ilegal”.

El proyecto de ley que pretende regular el mercado de tarjetas de crédito y débito, tiene un artículo inconstitucional: el que fija aranceles máximos que los emisores cobran a los comercios para cada uno de los plásticos. Pero además, el acuerdo al que llegó el gobierno con bancos y comercios para bajar los aranceles viola la ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Esa es la visión del catedrático en derecho constitucional Martín Risso. A los estacioneros tampoco los convence el artículo del proyecto porque ya hoy pagan un arancel menor que el máximo establecido en el proyecto.

El texto fue elaborado por el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) y se discute en la comisión de Hacienda de la cámara baja. Un proyecto prácticamente igual (la diferencia son los aranceles máximos propuestos) fue presentado en el Senado por el legislador oficialista Leonardo De León (Frente Amplio, Lista 711).

Para ambos casos (sobre el artículo que topea los aranceles), vale el mismo juicio de Risso. "Inequívocamente precisa iniciativa del Poder Ejecutivo, y si se aprueba sin esa iniciativa (en ambos es de los legisladores), va a haber una inconstitucionalidad formal", aseguró el catedrático en la comisión de Hacienda de Diputados, según la versión taquigráfica de la misma (a la que accedió El País). En una línea similar se había pronunciado el socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Albacete en un informe encargado por la Asociación de Bancos Privados (ver aparte).

"Creo que el artículo 133 (de la Constitución) hace que sea necesaria la iniciativa del Poder Ejecutivo para el artículo 7º (que fija el tope a los aranceles que los emisores cobran a los comercios)", dijo Risso.

El texto de Peña establece que la diferencia de aranceles cobrados a diferentes comercios por tarjetas de crédito no podrá superar el 2% y que en el caso de tarjetas de débito no podrá superar el 1%. El de De León fija en 1,5% el arancel máximo cobrado a comercios por tarjeta de crédito y en 0,5% el máximo para tarjetas de débito.

El segundo inciso del artículo 133 de la Constitución dice: "requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada".

Ese "segundo inciso del artículo 133 se incorporó en la Constitución de 1967 y tiene un problema en cuanto a determinar qué quiere decir productos o bienes. Cuando la Constitución dice productos o bienes es claro que el intérprete no puede decir que está repitiendo lo mismo, porque producto no es lo mismo que bienes", indicó Risso. "A mí me da la impresión de que cuando habla de productos deberían comprenderse también los productos financieros. O sea que el artículo 7º (del proyecto de ley) estaría dentro del segundo inciso del artículo 133 de la Constitución", añadió.

"Es cierto que el artículo 7º no habla de precio (sino de arancel), pero si analizamos las categorías habituales de ingresos, aparecen los tributos y los precios. Hay veces que la legislación habla de canon, que es un precio, o sea que la terminología que se utilice no cambia la cuestión", explicó el constitucionalista.

Ante ello, el diputado nacionalista Jorge Gandini fue enfático. "No podemos aprobar el proyecto de ley tal cual está, porque uno de los objetivos es establecer un tope a los aranceles o a las comisiones que las tarjetas de crédito cobran a los comercios y eso requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Punto", afirmó. "No obstante, tampoco puede quedar el tema regulado sin ley. Es decir que un caso es inconstitucional y el vacío llenado por acuerdo es ilegal, que es el camino que está recorriendo el Poder Ejecutivo", agregó.

El acuerdo entre los bancos, los emisores de tarjetas y el gobierno (también participaron gremiales del comercio), prevé llevar a 1,5% el arancel máximo para tarjeta de débito y a 3,5% el máximo de crédito.

"Los acuerdos, sean propiciados por el Banco Central, el Poder Ejecutivo o por iniciativa de la Asociación de Bancos (Privados), por decir algo, van a ser siempre acuerdos oligopólicos entre personas que dominan el mercado. Creo que son ilícitos y afectan la libre competencia", afirmó Risso.

"Si hay acuerdos —no sabía que se estaban promoviendo acuerdos ni cómo eran— seguramente van a ser violatorios de la ley de defensa de la competencia", agregó y remarcó: "el hecho de que participen asociaciones de comerciantes o de usuarios no cambia la cuestión, ya que esas asociaciones no tienen la representación ni de los usuarios ni de los comerciantes. Una cosa es cuando actúa un sindicato, pero una asociación es un gremio muy laxo y, en definitiva, se representa a sí misma. Es decir que cualquier comerciante o usuario puede decir que no está representado y es víctima de un acuerdo entre todos los bancos. Es un asunto complicado".

Un informe del socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Albacete, elaborado para la Asociación de Bancos Privados (ABPU) —al que accedió El País— y presentado ante la comisión de Hacienda de Diputados fustiga al proyecto de ley del legislador Daniel Peña. El proyecto es "confuso", "impreciso", "empeora" normas generales del derecho, "beneficia al efectivo sobre los medios de pago electrónicos", y contiene una disposición "doblemente inconstitucional", es parte de lo que dice Albacete. A su juicio, la "limitación" a los aranceles por vía legal "resulta doblemente inconstitucional". Señaló que "infringe: la libertad de comercio y contratación consagradas en el artículo 36 de la Constitución, y el requisito ineludible de la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de fijación de precios conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución". El texto "pretende fijar precios a productos (en su más amplia expresión) de la actividad privada lo que requiere necesariamente iniciativa del Poder Ejecutivo", dijo.

A la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados también fue una delegación de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu). El presidente de la gremial, Daniel Añon dijo que están "totalmente de acuerdo con un proyecto que regule y baje, de alguna manera, la tasa para las tarjetas, sobre todo para las de débito". Pero, acto seguido marcó su discrepancia con el proyecto de Peña. "Nos preocupa un poco el proyecto de ley con esos montos de aranceles porque hoy tenemos aranceles más baratos. Voy a ser claro: acá se pide que los aranceles para las tarjetas de crédito sean del 1,5%, y nosotros tenemos el 1,25%; se pide cobrar a la semana, y nosotros cobramos a las setenta y dos horas", criticó Añon.

"En cuanto a las tarjetas de débito, se pide que se paguen rápidamente y, nosotros, luego de muchas luchas con las tarjetas y con los bancos, cobramos a las 24 horas, como se cobra en la mayoría de los países del mundo", agregó.

Añon dijo que la Unvenu está "de acuerdo, junto con la cámara empresarial y la de los transportistas ambas estaban solicitando una misma plataforma, con que el arancel sea del 0,5%, que es la tasa media de aranceles en América". Agregó que "también vimos que, por lo menos en América, el arancel oscila entre el 0,50% y el 0,75%". Sin embargo, esas no son las cifras de aranceles máximos que se cobran actualmente en los países de la región. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y México tienen aranceles máximos (tanto para crédito como para débito) que están por encima del 0,5%. El que tiene el menor arancel máximo es Chile con 2,95% en crédito y 1,49% en débito.

Añon reconoció que por haber sacado el efectivo de las estaciones en la noche "hemos tenido una disminución muy grande de problemas" de robo.

“VA A HABER UNA Ilegalidad”