Empresas vs. gobierno

Proyecto del gobierno que modifica partidas de tickets alimentación genera críticas

Desde las firmas emisoras dicen que “se termina el negocio”, mientras que las cámaras empresariales cuestionan la reducción de la exoneración impositiva por el uso de las partidas especiales. Además, un legislador advirtió que los trabajadores podrían ver reducido sus beneficios.

Salle:" la decisión es salir a velar por los derechos de los consumidores". Foto. D. Borrelli
Foto. Darwin Borrelli

Se está equiparando la lógica de funcionamiento de las prestaciones de alimentación al pago de salarios", explicó el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, sobre el artículo 30 de un proyecto de ley que se envió al Parlamento. La iniciativa generó cuestionamientos desde el sector empresarial, tanto de las cámaras sectoriales como de las principales firmas que operan en el mercado de tickets alimentación.

La disposición refiere al porcentaje del sueldo que unos 250.000 trabajadores reciben a través de partidas especiales como tickets alimentación, restaurant o transporte, o el pago de la emergencia médica o seguros, entre otras modalidades.

Vallcorba detalló que la propuesta "da la posibilidad al trabajador de elegir la institución a través de la cual cobrar esa prestación" y "se establece el derecho a que el trabajador se pueda cambiar de institución una vez transcurrido un año", es decir lo mismo que pueden hacer los empleados con la denominada cuenta sueldo.

Estas partidas especiales tienen naturaleza salarial —se contabilizan para el cálculo del salario vacacional, la licencia y el despido, no para el aguinaldo— y están exentas del aporte personal jubilatorio (no el patronal) hasta un tope del 20% de la remuneración. Pero el proyecto del gobierno plantea bajar ese umbral al 15% en 2020 y al 10% definitivo en 2021.

Además, la iniciativa del MEF indica que los emisores de instrumentos como los tickets alimentación no podrán cobrar por el servicio a las empresas, al igual que ocurre con las instituciones financieras en el caso de las cuentas sueldo estándar.

Todo este conjunto de cambios es "con el objetivo de generar mayor competencia entre los prestadores y que esta redunde en mejores beneficios para el trabajador y no para el empleador, que es como hasta ahora se ha dado la dinámica de funcionamiento", sostuvo hace días Vallcorba en la Comisión de Hacienda de Diputados.

Esa Comisión tenía previsto votar el proyecto el miércoles pasado, pero de común acuerdo entre los legisladores al ver los cuestionamientos que llegaban desde distintos ámbitos, se decidió postergar la votación y citar nuevamente al MEF, informó a El País el diputado colorado Conrado Rodríguez.

Críticas.

Al comparecer esta semana ante el Parlamento, las empresas Edenred y Sodexo (ambas emisoras de prestaciones electrónicas de alimentación) consideraron "forzada" la disposición del gobierno que las iguala con los emisores de dinero electrónico.

"Las prestaciones de alimentación tienen un sistema específico que las diferencia del dinero", dijo Alejandra García, abogada de Edenred, y agregó que "el sistema de tarjetas para cobrar el sueldo, es totalmente distinto".

A su vez, señaló que cambios como la posibilidad de que el empleado elija qué proveedor de ticket desea, "desnaturaliza el sistema". "De la misma forma que el empleado no puede elegir los alimentos que le da el empleador en un comedor, tampoco debería elegir el proveedor de prestaciones de alimentación", sostuvo García.

La abogada de Edenred cuestionó también la restricción de la posibilidad de cobro por el servicio de prestaciones de alimentación a las empresas que elijan abonar parte del sueldo mediante este instrumento. "Es un servicio tercerizado por las empresas empleadoras. Creemos debería existir la posibilidad de que se cobre por ese servicio, como cualquier otro. Valoramos negativamente que la ley regule precios entre empresas privadas. Atenta contra la libertad de empresa y de comercio", manifestó.

Una fuente de una empresa emisora de estos instrumentos dijo a El País que "hay costos operativos" como la contratación de un sistema para acreditar el dinero o el pago a quien endosa los plásticos, que "hay que cobrárselos a alguien", ya que aunque se trata de un monto "bajo", para los emisores "es lo que mueve la actividad".

El informante añadió que el proyecto no aclara si podrán brindar "un servicio mejorado" como hacen los bancos, que no cobran por la cuenta sueldo estándar pero sí por otras con mayores beneficios. De no ser así, el único ingreso para estas compañías serían "los aranceles que pagan los comercios al aceptar la tarjeta", pero hay "una batalla" por bajar esa comisión, entonces "de cierta forma se termina el negocio, nos dicen andate del mercado".

En el Parlamento, la directora general de Edenred, Gabriela Yaffé, expresó que "lo que terminará ocurriendo es que el trabajador tendrá más costos laborales; por lo tanto, va a tener menor poder de compra para su alimentación y esto también redundará (negativamente) en los comercios".

Durante el debate en Comisión, Conrado Rodríguez advirtió que estas modificaciones en momentos que "la situación laboral del país no es la mejor", pueden "complicar" aún más el panorama para los trabajadores que podrían ver reducido "un beneficio que usan en varios comercios".

Fideicomiso: lo forman Cutcsa y otras siete empresas del sector. Foto: Fernando Ponzetto.
Cambadu y Cutcsa piden cambios

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu) envió una nota a la Comisión de Hacienda —a la que accedió El País— en la que pide que se incluya dentro del tope de aranceles "a las tarjetas emitidas en el exterior", y se opone "a la prohibición de diferenciar el precio de los productos o servicios si son realizados con efectivo o con medios electrónicos de pago", porque estos últimos tienen "costos adicionales para el comerciante". Por su parte, la Cámara del Transporte en una nota firmada por Juan Salgado (presidente de Cutcsa) dijo ver "con preocupación la disminución gradual del tope de partidas exentas" ya que en el sector representan más del 10% del sueldo, y un cambio obligaría "a revisar con los trabajadores la reducción de beneficios ya acordados".

Cambio. La empresa cambiará las 600.000 tarjetas que hay en uso. (Gentileza: OCA)
La visión negativa de OCA y Cabal

En sendas notas que hicieron llegar al Parlamento, las tarjetas Oca y Cabal plantearon discrepancias con algunos de los cambios que quiere implementar el gobierno en la ley de inclusión financiera. Oca sostuvo que "lesiona la potestad de los emisores de hacer acuerdos comerciales con quien consideren necesario" la medida que establece que cuando esto ocurra, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF podrá de oficio estudiar si se perjudica la libre competencia. A su vez, Cabal critica la imposibilidad de reconvertir la moneda de la deuda original por compras o retiros de efectivo y pide se habilite traspasar de dólares a pesos "para permitir a los emisores operar en moneda nacional".

Los jubilados pueden cobrar de nuevo en redes de pago

El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, explicó en el Parlamento que entre otros cambios que se promueven en el proyecto de ley, se "revisa la obligatoriedad que tienen actualmente quienes perciben pasividades o pensiones de cobrar sus prestaciones mediante medios electrónicos de pago". Indicó que como estas prestaciones las abonan las cajas paraestatales o el Banco de Previsión Social (BPS) "están garantizados" los objetivos perseguidos (formalización de los pagos y acceso a dinero electrónico). Vallcorba agregó que "si alguien optó por cobrar a través de acreditación en cuenta o de un instrumento electrónico y quiere volver a cobrar a través de una red de cobranza, también lo podrá hacer". A modo de evaluación del proceso de inclusión financiera, Ferreri sostuvo que "en estos años de aplicación, ha habido excelentes resultados, que han redundado en mejoras en el ejercicio de derechos de todos los ciudadanos, sobre todo, los de menores ingresos". Añadió que "Uruguay era de los países de Latinoamérica que tenía menos penetración de medios electrónicos de pago, y hoy se ubica a la cabeza y en uno de los primeros lugares del mundo".

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