IMPUESTOS

La Dirección General Impositiva (DGI) apuntará a facilitar los trámites de los contribuyentes, combatir con mayor utilización de datos la evasión para que esta disminuya y hacer frente al desafío en materia de pago de impuestos que impone la economía digital.

Esto lo señaló anoche la directora general de Rentas, Margarita Faral en el cierre de las XIII Jornadas Tributarias del organismo, que también significaron su primera aparición pública desde que asumió el cargo en marzo de este año.

En una disertación que leyó por completo (hasta los agradecimientos), Faral hizo hincapié en cinco ejes estratégicos que quiere implementar la DGI en el período.

Entre ellos resaltó focalizarse en el contribuyente “facilitando” el “cumplimiento voluntario”, es decir de aquellos que habitualmente pagan los impuestos. Eso será a nivel de empresas, pero también con “foco en contribuyentes del IRPF y el IASS”, agregó.

Esta tarea tiene un desafío que es “alcanzar las expectativas” que tienen los contribuyente respecto a facilitarle trámites para el pago de impuestos, dijo y agregó en ese sentido que se van a “ampliar los servicios digitales” lo que permitirá “reducir” los trámites que requieren presencialidad.

Otro eje estratégico será el de “potenciar” la gestión de riesgo de incumplimiento de obligaciones tributarias y “combatir el fraude fiscal”, expresó Faral. “El objetivo de una administración tributaria moderna no es descubrir mucho fraude fiscal, sino que haya menos fraude fiscal”, aseguró.

La DGI apunta a “otorgar las mayores facilidades” posibles a aquellos que cumplen con el pago de impuestos en forma voluntaria y combatir fuertemente a aquellos que no cumplen, es decir que evaden, explicó la directora de Rentas.

La impronta de su gestión, dijo Faral también incluye a la “información de calidad” como eje estratégico. Prevé “explotar” mejor los datos, orientado al “servicio al contribuyente y la gestión de riesgo”.

“La DGI debe aprovechar al máximo el uso de la tecnología”, afirmó Faral, que previo a dirigir al organismo fue secretaria general desde marzo de 1985.

En ese sentido, señaló que la DGI dispone de “información sensible” de los contribuyentes por lo que se deben adoptar “estándares internacionales” y las “mejores prácticas” en la protección de la misma.

Faral apuntó como uno de los desafíos que enfrenta el organismo a un tema que estuvo en varias de las disertaciones de las XIII Jornadas Tributarias: la economía digital.

Esta, plantea “nuevos modelos de negocios” para los que hay que adaptar la tributación, expresó. De hecho, Uruguay ha sido uno de los primeros países en avanzar (lo hizo en 2017) en que plataformas como Uber, Spotify, Airbnb, Netflix y similares tributen IVA e Impuesto a la Renta por los servicios prestados a personas en el país.

Al respecto, la directora de Rentas dijo que la DGI debe “modernizar” sus “herramientas” y “generar procesos” ya que la economía digital implica “gestionar grandes volúmenes de información”.

A su vez se debe tender al “cumplimiento de las obligaciones a través de procesos automatizados”, apuntó.

Uno de los que expusieron en las XIII Jornadas Tributarias fue el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de la República, Andrés Blanco, que enfatizó en que “la base de las reformas futuras es explícitamente desplazar la imposición a las rentas de las empresas hacia los lugares donde se produce el consumo, en detrimento de los lugares donde se desarrollan las actividades”.

Es eso lo que ocurre con la economía digital. Blanco dijo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que el efecto de estos nuevos criterios (desplazar la imposición a la renta de donde se hace la actividad a donde se produce el consumo) “favorecerá a las jurisdicciones pequeñas. Sin embargo, un análisis basado en datos empíricos permite concluir que esa afirmación es falsa”. ¿En que se basó para decir eso? En que si “el consumo de servicios digitales y ‘actividades orientadas al consumo’ sigue el mismo patrón que el consumo final general”, este se concentrará en los países desarrollados.

Entonces, “la recaudación sobre estas actividades, de aceptarse los criterios de OCDE, se concentrará en los países de altos ingresos, en detrimento de los países de medianos y bajos ingresos, inclusive cuando las actividades generadoras de rentas (producción de los servicios, producción de bienes de consumo, distribución, etc.) se realicen en los mismos”, concluyó Blanco.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Marcio Verdi destacó lo que ha hecho Uruguay en materia de que plataformas como Uber, Airbnb, Spotify, Netflix paguen impuestos en el país.

“Uruguay merece nuestro aplauso, (la economía digital) está tributando”, afirmó Verdi.

En el primer año completo en que este tipo de aplicaciones pagaron impuestos en Uruguay, la DGI recaudó US$ 45 millones. De ese monto, las plataformas de contenidos audiovisuales abonaron US$ 24 millones (US$ 15,5 millones por IVA y US$ 8,5 millones por Impuesto a la Renta de No Residentes), las plataformas de alojamiento pagaron US$ 7,5 millones, mientras que las de transporte abonaron US$ 13,5 millones.