IMPOSITIVA Y LA FORMA EN QUE CONTROLA

La DGI destaca además el aumento de ingresos por multas y convenios.

La Dirección General Impositiva (DGI) evaluó que la mayor parte del crecimiento de la recaudación tributaria en 2017 —descontada la devolución de impuestos aumentó 6,2% en términos reales (sobre la inflación)— fue por la mejora de la actividad económica y de la eficiencia en los controles realizados, y en menor medida por el ajuste fiscal implementado el año pasado.

Según un análisis preliminar al que accedió El País, lo embolsado por DGI creció en términos reales aproximadamente US$ 630 millones de los cuales US$ 346 millones corresponden al mayor dinamismo de la economía (que impulsa la recaudación por IVA, el IRAE empresarial e Imesi) y los avances en la fiscalización.

Los US$ 284 millones restantes son atribuidos a los cambios normativos definidos por el gobierno que elevaron las tasas de tributación del IRPF (para los sueldos superiores a $ 50.100) que pagan los trabajadores y el IASS que abonan los jubilados, además de modificaciones en el IRAE.

En diálogo con El País, el director de Rentas, Joaquín Serra, destacó el crecimiento en valores reales de 12,6% en la recaudación por concepto de multas, recargos y convenios, en el entendido que esa evolución demuestra las mejoras en los controles hechos por la DGI.

Recordó que en marzo del año pasado se desbarató una maniobra delictiva liderada por dos personas que creaban "sociedades de papel" (sin actividad real) para obtener facturas que luego vendían a empresas que las utilizaban para evadir impuestos. Hasta septiembre, la DGI llevaba constatada una defraudación de $ 1.736 millones —unos US$ 60,5 millones al dólar promedio de 2017— mediante la reliquidación a las firmas que utilizaron la documentación apócrifa.

"Fue el procedimiento más importante de 2017", indicó Serra y añadió que "todavía hay actuaciones en curso" vinculados a esa estafa, que terminó con seis personas procesadas: los dueños de dos estudios contables y un empresario avícola con prisión y otros tres individuos sin privación de libertad.

Además, el director de Rentas informó que durante el año pasado "detectamos otras situaciones (de defraudación) con una magnitud bastante menor que están siendo inspeccionadas y analizadas, porque quizás en algún caso terminen también con denuncias penales" contra los implicados. En concreto, se trata de asesores tributarios que trabajaban con un grupo de contribuyentes y cuando alguno de ellos dejaba su actividad "mantenían la documentación (facturas) y las usaban para bajar los gastos de otros clientes" mediante compras ficticias que reducían el pago de IVA.

Sobre estos casos bajo investigación, Serra amplió que "no se trata de la generación de un documento materialmente falso pero (las compras) no obedecen a la realidad económica" de las empresas en cuestión.

Consultado sobre si siguen operando redes delictivas de este tipo, el jerarca dijo que "el riesgo siempre está" y subrayó las acciones implementadas. "Tomamos previsiones, como que al inscribirse un nuevo contribuyente corre automáticamente una serie de controles que le llamamos matriz de riesgo que nos permite detectar a partir de cierta información y reglas que definimos, tratamientos distintos en el proceso de inscripción. Si es de alto riesgo no es automática la autorización para imprimir documentos sino que hay un control especial", reveló.

A su vez, también mencionó el trabajo de la Unidad de Investigación de Personas Físicas, creada tiempo atrás dentro de la DGI para fiscalizar a los contribuyentes de mayores ingresos y que el año pasado realizó "controles especiales sobre el Impuesto al Patrimonio".

Para 2018, la DGI proyecta realizar una cantidad similar de controles que los efectuados en el año que recién finalizó. Esto son "unas 1.200 actuaciones intensivas, unos 8.000 controles intensivos y casi 100.000 gestiones masivas", detalló Serra.

También explicó que "los planes de control incluyen una combinación de distintos mecanismos" de fiscalización, que pueden ser "seleccionar un sector de actividad con problemas específicos (en la liquidación de impuestos) o en algún otro caso puede ser una región puntual". Sostuvo que eso se resuelve en función de los análisis de riesgo que realizan técnicos de DGI.

"Hemos mejorado en el desarrollo de sistemas de información que nos permiten explotar de mejor manera la información preexistente, para identificar bien donde hay riesgo y que así sean más eficaces los controles", concluyó Serra.

"Las percepciones sociales de la gente son difíciles de conocer" pero hay "algunas ideas que a veces la gente tiene y no se ajustan a la realidad", dijo a El País el director general de Rentas, Joaquín Serra.

Uno de esos "mitos" populares es que en un control del organismo el inspector cobra un porcentaje del impuesto que se reliquida porque no se había pagado lo que correspondía. "No es así", rechazó Serra y explicó: "Nuestro sistema de salarios es una partida fija y un pago variable anual vinculado al cumplimiento de la efectivización del plan de control. Se fija a toda la División Fiscalización una meta de cantidad de actuaciones por tipo de actuación que mida la complejidad del control y en función que hayan cumplido las tareas le pagamos, pero no está vinculado al hecho que reliquide o no un impuesto".

Otro "mito", según Serra es que las actuaciones (auditorías) de la DGI pueden llevar varios años. "Hay quienes señalaban que los plazos eran muy largos. En 2017 hubo una meta de que las actuaciones no durarán más de un año y el 90 y pico por ciento de las actuaciones en 2017 duraron menos de un año", aseguró.

En 2017 "hubo un grupo de trabajo integrado por las distintas divisiones que participan de este tipo de procedimientos buscando racionalizar el proceso interno para simplificar pasos y lograr achicar los plazos. Es una preocupación nuestra evitar demoras innecesarias y pérdida de tiempo para el contribuyente y nosotros", agregó el director de Rentas.

Este objetivo de que las actuaciones duren menos de un año "se mantiene" en 2018 porque es "una forma de cumplir que el servicio de control afecte lo menos posible la actividad de las empresas".

El cumplimiento de esos plazos, también depende de si el contribuyente coopera o no (y se niega y pone dilatorias para presentar información), aclaró el jerarca.