EFECTO PANDEMIA

Una delegación de trabajadores del transporte de pasajeros terrestre con fines turísticos acudió a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado para relatar la situación de crisis que atraviesan debido a la pandemia y solicitar ayuda para enfrentar las obligaciones tributarias, seguros, certificaciones y avales de funcionamiento que requieren para trabajar.

De acuerdo con Silvia Ramos, de la empresa de turismo Palmira Viajes, desde el pasado 13 de marzo cuando se frenó la actividad turística quedaron con “cero facturación y cero ingreso” y señaló que por las características y pequeño tamaño de dichas empresas de transporte no lograron acceder a ninguna de las medidas de apoyo implementadas por el gobierno.

“No pudimos acceder ni al Mides, a ANDE, ni a créditos flexibles, a nada”, afirmó Ramos quien señaló además que el sector está conformado por unas 1.500 empresas familiares que nuclean a entre 60.000 y 80.000 personas de todo el país. “Es mucha la cantidad de gente que quedó fuera”, indicó la empresaria. Según relató Ramos, desde que irrumpió la pandemia han logrado reunirse con diferentes autoridades del gobierno como con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, pero afirmó que no lograron soluciones.

Las solicitudes del sector refieren -según lo explicado por Fernando Pasquali, otro miembro de la delegación- a la posibilidad de desplazar la deuda que los transportistas arrastran desde marzo de este año hasta diciembre.

“Me refiero, por ejemplo, a que podamos pagar la DGI sobre el cierre del ejercicio en 12 cuotas, y si DGI me debe dinero, que haga lo mismo, en 12 cuotas en el año 2021. Eso es lo que pedimos”, explicó.

En cuanto al aval de funcionamiento que estas empresas necesitan para trabajar y que es otorgada por el Ministerio de Turismo, Pasquali dijo que tenían que renovarlo en mayo pero que lograron el aplazamiento por un mes más.

“Ya en mayo del próximo año tenemos que renovar, entonces lo que pedimos es que el próximo año no se haga el aval, sino que se pase al 2022”, solicitó Pasquali.

Por otra parte, los transportistas pidieron que se los considere de forma similar al transporte escolar. Es que el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley en julio que promueve la exoneración de aportes patronales a la seguridad social de las empresas de transporte escolar debido a la paralización casi total que enfrentó este rubro.

“Queremos encontrar una solución que quede plasmada. Me refiero, por ejemplo, a un decreto como el del transporte escolar”, dijo Ramos.

Por último, otro de los temas que preocupa al sector del transporte turístico es el relacionado a las balanzas de control en las rutas y piden que se los exima de la obligación de tener que pasar por ellas.

“Es el camión el que tiene que entrar a la balanza, no el ómnibus de turismo. Eso es algo medio engorroso que ocurre en la ruta”, concluyó Pasquali.