REVISIÓN

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la “posición envidiable” de Uruguay en aspectos como la democracia, estabilidad política, gobernanza e instituciones y “un elevado grado de cohesión social”. Además remarcó la “década y media de crecimiento robusto”, el “elevado ingreso per cápita” y las “bajas tasas de pobreza, desigualdad e informalidad”.

Pero, por otro lado advirtió que “han surgido desequilibrios”. En ese sentido, señaló que “el crecimiento, la inversión y la participación laboral se ubicaron en una tendencia decreciente en los últimos años y se acumularon desequilibrios internos (mayor déficit fiscal, aumento del desempleo)” al tiempo que “la deuda se incrementó y la inflación permanece fuera del rango meta”, según el comunicado que emitió la misión del FMI que evaluó la situación en las dos últimas semanas.

Esa revisión anual, por artículo 4°, corresponde a todos los países miembros del organismo, tengan o no programa crediticio con el FMI (Uruguay canceló su deuda con el organismo en 2006).

Según el Fondo, “el entorno político y económico interno de los próximos años ofrece una oportunidad para abordar las dificultades económicas”.

El organismo estima que “el crecimiento potencial de la economía a largo plazo es de 2%-2,5%”, lo cual “es bajo”, agregó la jefa de misión del FMI para Uruguay, Pelin Berkmen ayer en conferencia de prensa.

El inicio de las obras de la segunda planta de UPM y las de proyectos de Participación Público-Privada (PPP) llevarán a una recuperación del crecimiento de la economía desde el 0,5% de este año a 2,1% en 2020 y 2,5% en 2021, lo que ayudará a “contrarrestar los efectos de contagio provenientes de Argentina”, indicó el FMI.

Ese panorama tiene a la “evolución económica de Argentina” como “un riesgo muy importante” a la baja del crecimiento, apuntó el FMI. A ello se suman “diversos factores globales (disrupciones comerciales, menor crecimiento, bajas abruptas en el apetito por riesgo y fluctuaciones considerables en el precio de la energía) y locales (pérdida de credibilidad por un ajuste fiscal insuficiente o demorar en las reformas y los proyectos de PPP)” que “podrían socavar la recuperación esperada”, explicó.

El FMI proyecta que el déficit fiscal del sector público no financiero se estabilizará en torno a 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) desde un 4,1% del PIB actual. Eso “refleja una mejora cíclica del ingreso tributario”, ganancias de empresas públicas y “algunas medidas para contener el gasto (en torno al 0,9% del PIB) dado el consenso político sobre la necesidad de un ajuste fiscal”. Berkmen aclaró que eso pasaría tanto con el nuevo gobierno como si hubiera triunfado el Frente Amplio.

Respecto al plan del gobierno de Luis Lacalle Pou de reducir el gasto en US$ 900 millones, Berkmen (que se reunió con el equipo económico designado) respondió: “No sabemos cuál va a ser el plan del gobierno entrante en cuanto al tamaño, la composición y el timing del ajuste fiscal. Una vez que conozcamos los detalles vamos a incluirlo en nuestras proyecciones”.

El organismo afirmó que “es necesario introducir un plan de ajuste creíble a partir de 2020 para ubicar la deuda una trayectoria firmemente descendente” ya que “de continuar las tendencias fiscales podrían socavar la sostenibilidad de la deuda”.

Según el FMI “llevar el déficit primario (previo al pago de deuda) de 1,7% del PIB a un superávit del 0,9% del PIB para 2024 estabilizaría la deuda”, pero para reducir el endeudamiento “es necesario un ajuste adicional” y en ese sentido indicó que un ajuste fiscal “promedio de 0,5% del PIB por año” bajaría “10 puntos porcentuales de la deuda en 10 años”.

El organismo recomendó una “combinación de medidas” como “restringir el aumento del gasto corriente” mediante “mantener los salarios públicos en niveles comparables a los del sector privado”, no renovar vacantes en sectores no prioritarios y mejorar la eficiencia del gasto.

Aconsejó que la inversión pública “debe preservarse” porque está “en niveles bajos” y dijo que se podrían “racionalizar” algunas exoneraciones fiscales, “en particular aquellas que benefician a grupos de ingresos elevados o no han alcanzado los resultados deseados”.

A esto, el FMI puso como “prioridad” que se encaren “los crecientes gastos previsionales” (que totalizan 11% del PIB, un tercio del gasto total). El organismo recomendó “reformas para garantizar la sostenibilidad” del sistema que deben “basarse en una revisión integral” del mismo.

En el aspecto salarial dijo que los cambios en las pautas en la última negociación (que introdujeron consideraciones de productividad y mayor flexibilidad, “son un paso en la dirección correcta” y remarcó que “mayor flexibilidad (para las pequeñas empresas, las regiones de baja productividad y los momentos de desaceleración) podría ayudar a preservar derechos y proporcionar incentivos”.

Por último, el FMI dijo que “el aumento del delito” debe “resolverse antes que se convierta en un problema crítico para la economía”. Al respecto, Berkmen dijo que “tomamos nota de este tema antes de que fuera una preocupación creciente. Si lo ponemos en contexto en la comparación regional, sigue siendo una tasa baja pero la tasa de aumento es sustancial y creemos que se necesitan acciones firmes antes de que se convierta en algo sumamente crítico”.