ANÁLISIS

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Corregir el déficit fiscal es uno de los objetivos del gobierno. ¿Qué mensaje dejó implícito la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche al respecto para este año?

Arbeleche dijo en febrero pasado que la proyección de déficit fiscal para 2021 será de 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en vez del 4,1% del PIB previsto en el Presupuesto. Un aumento de dos décimas.

No obstante, el Presupuesto fue elaborado con la base anterior del PIB. La nueva base que se comenzó a utilizar el año pasado, arrojó un nivel de Producto mayor. En 2020 el déficit fue de 6% del PIB con la nueva base y de 6,4% con la base anterior.

Por tanto, la meta en el Presupuesto de 4,1% del PIB elaborada con la base anterior, se corresponde a 3,6% del PIB con la nueva base, señaló el socio de la consultora CPA Ferrere, Gabriel Oddone, en un evento para clientes de la firma.

A ese 3,6% del PIB que es el déficit previsto en el Presupuesto al ajustarlo por el cambio de base, hay que agregarle un 1,1% del Producto de gasto estimado del Fondo Solidario COVID-19, que no estaba previsto en el Presupuesto, apuntó Oddone.

Por lo que el déficit fiscal iría con lo previsto en el Presupuesto más el Fondo COVID-19 a 4,7% del PIB este año. Sin embargo, la meta del gobierno es que se ubique en 4,3% del PIB.

¿Cómo hará para lograr ese 0,4% menos del PIB? Con recortes. “Implícitamente hay medidas que se van a tomar de eficiencia en el gasto”, afirmó el economista.

La estimación de CPA Ferrere es que el déficit cerrará 2021 en 4,9% del PIB.

“Tenemos una mirada más pesimista sobre el nivel de actividad que la que el gobierno tiene, y también una mirada más pesimista sobre la capacidad de recorte (del gasto) en este año. Todo lo cual, hace que aun manteniendo una ejecución de inversiones baja, históricamente baja (como fue en 2020), el gobierno va a tener un déficit fiscal mayor al previsto”, explicó Oddone.

A ello, se suma que el aumento en las últimas semanas del petróleo (si bien baja en los últimos días) “compromete el objetivo de resultado primario corriente de las empresas públicas en 2021 (de 1,2% del PIB)”, indicó el economista.

Si el precio del barril de petróleo se mantuviera en US$ 70 y con la evolución esperada del dólar, Ancap tendría un incremento de costos de US$ 450 millones en el año respecto a 2020, planteó. “Absorber el 100% de este incremento para las cuentas de Ancap sin trasladarlo a precios, implica un efecto fiscal de 0,8% del PIB. Es un deterioro importante” para las cuentas públicas, añadió.

Si el gobierno ajustara el precio de los combustibles para alinearlo al precio de paridad de importación (que sube por el alza del petróleo), debería aumentar 9% las naftas ($ 5 por litro) y 7% el gasoil ($ 3 por litro), explicó Oddone. “Decidir un aumento de ese tipo, supondría un impacto en el Índice de Precios del Consumo de 0,2 puntos porcentuales”, expresó.

Sin embargo, con un ajuste de este tipo “aún le quedaría entre 0,3% y 0,4% del PIB de efecto fiscal por absorber”, agregó.

Por tanto, el gobierno “tiene un dilema: hay un costo fiscal que absorber eventualmente y un precio a pagar en términos de competitividad e inflación, que el gobierno deberá determinar con qué combinación óptima hacerlo”, señaló Oddone.

Entonces, “según el tratamiento que el gobierno le de al tema del petróleo, se puede deteriorar más el resultado” fiscal que lo previsto, concluyó el socio de CPA Ferrere.