PASIVOS

Reforma de jubilaciones: ¿qué cambios podrían hacerse y cuáles no deberían realizarse?

En un evento organizado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social, los exjerarcas Ariel Davrieux y Fernando Lorenzo expusieron al respecto.

“Aumentar la edad mínima jubilatoria podría generar que trabajadores no alcancen la causal”, dijo el exministro Fernando Lorenzo. Foto: Estefanía Leal
“Aumentar la edad mínima jubilatoria podría generar que trabajadores no alcancen la causal”, dijo el exministro Fernando Lorenzo. Foto: Estefanía Leal

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) organizó una conferencia titulada “Referentes de gobiernos del Uruguay democrático abordan la seguridad social” con el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Ariel Davrieux y el exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo. Como comentaristas participaron los socios de las consultoras CPA Ferrere y Exante, Gabriel Oddone y Pablo Rosselli respectivamente.

De cara a una reforma jubilatoria, hubo varios coincidencias en los expositores en qué cambios no se podrían hacer y cuáles deberían ser las modificaciones.

Davrieux, que tuvo un rol central en la reforma jubilatoria de 1996, dijo que las tasas de aportes personales y patronales son “muy altas en Uruguay en términos comparativos” por lo que no habría que elevarlas. “Los cambios deberían estar en la reducción de tasas de reemplazo (el porcentaje del salario que se cobra como pasividad) y el aumento de la edad de retiro (hoy en 60 años para el régimen del Banco de Previsión Social)”, apuntó.

Sin embargo, el mínimo es de la tasa de reemplazo de 45%, “es bastante bajo, con lo cual es imposible de reducir. La tasa de reemplazo por lo menos en los niveles bajos de ingresos difícilmente se podría reducir” y en el efecto de reducir tasas superiores “sería menor y tampoco se pueden bajar mucho”, añadió.

“Nos queda la edad de retiro. Después de los 60, 65 años, muchas actividades se pueden cumplir, entonces podría aumentarse la edad de retiro. Por ejemplo se podría pensar en un año de aumento en la edad de retiro cada tres años calendario”, explicó el exjerarca de OPP.

Pero, otra opción sería hacer “un cálculo con las actuales previsiones y establecer algún artículo que modifique la edad de retiro hacia arriba o hacia debajo de acuerdo a la esperanza de vida. Por ejemplo aumentar un año la edad de retiro cada dos años de aumento de la esperanza de vida o dos años la edad de retiro cada tres que sube la esperanza de vida”, indicó.

Lorenzo coincidió con Davrieux en que “es completamente inconveniente recurrir a aumentos de aportes personales y patronales. La imposición al trabajo en Uruguay ya es alta en la comparación regional, no parecería ser este un mecanismo al que debería recurrirse”.

Fernando Lorenzo:  "Ninguna empresa genera pérdidas por invertir"
Fernando Lorenzo. Foto: Archivo El País.

Pero, respecto a los requisitos para jubilarse, el exministro marcó un matiz. “No es conveniente” elevar los años de trabajo requeridos en la causal jubilatoria común (actualmente en 30 años de aportes) porque “podría plantear dificultades para algunos colectivos. Si se aumentan de forma significativa puede impactar en la cobertura y tendría un sesgo regresivo, hay que prestarle mucha atención”.

“Algo parecido ocurre con aumentar la edad mínima jubilatoria. El problema es que esto podría generar que trabajadores no alcancen la causal jubilatoria común y terminen alcanzando en las otras causales. En Europa es notorio y en nuestro país también se ve, que hay un aumento de la causal por discapacidad. Es una válvula de escape cuando se aumentan los requisitos para la causal común”, agregó.

Rosselli coincidió en que “no es conveniente aumentar aportaciones, ni años de servicio” porque ya el actual esquema “castiga mucho al empleo”.

El exministro planteó que “los rendimientos jubilatorios en Uruguay están por encima de la neutralidad actuarial. Se aporta menos de lo que recibe” y Rosselli expresó que eso es así, aunque “no es la percepción que predomina en la sociedad” sino la inversa.

Cajas paraestatales.

Davrieux y Lorenzo coincidieron en que el sistema de cajas paraestatales (Policial, Militar, Notarial, Bancaria, Profesional) con edades de retiro, prestaciones y aportes diferentes entre sí debería corregirse.

Davrieux puso un ejemplo. “Un contador que trabaja en el Ministerio de Economía tiene un régimen, un contador que trabaja en el Ministerio de Defensa tiene otro régimen, un contador que trabaja en el Ministerio del Interior tiene otro régimen y un contador que trabaja en forma independiente tiene otro régimen”, cuando en realidad hacen la misma tarea.

“Estas situaciones no son sostenibles”, cuestionó.

Lorenzo se refirió a “trabajadores con retribuciones percibidas similares que obtienen prestaciones bien diferentes al momento de su retiro”, por lo que la reforma “tiene que ser una excelente oportunidad para, si no se pueden corregir significativamente, transparentar inequidades intrageneracionales entre los trabajadores de distintos subsistemas”.

Oddone a su turno, planteó que “no hay fundamento para mantener esos cinco regímenes especiales: desde el punto de vista de equidad y sostenibilidad (las cajas Policial y Militar se llevan casi la misma asistencia que el BPS con un mínimo porcentaje de pasivos).

militares fuerzas armadas
Foto: Nicolás Pereyra.

Lorenzo recordó que en 2008 se reformó la Caja Bancaria que “es el ejemplo de cuando uno llega muy tarde a una reforma” y “lo que tiene que hacer impacta a todos” en referencia a que se elevaron los aportes patronales, se creó un impuesto adicional a los pasivos y se incrementó el aporte de los trabajadores. “Ese es un mensaje fuerte, hay que evitar llegar a situaciones críticas. La de la Caja Bancaria se conocía desde hace tiempo e igual llegó a una situación crítica”, cuestionó.

El exministro concluyó que “Uruguay merece que de este debate se geste una nueva institucionalidad del sistema” para “tener intervenciones oportunas sobre el sistema en su conjunto o alguno de los subsistemas, -no puede pasar que lo tardía de una reforma genere importantes costos sociales y de finanzas públicas-” y para tener “información transparente respecto al tratamiento y problemas de estos subsistemas”.

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