IMPOSTERGABLE

Hay dos que pagan 10% de pasividades y tienen asistencia de 1,4% del PIB.

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Si bien la Caja Militar y la Policial pagan apenas cerca del 10% del total de pasividades, entre las dos requirieron en 2017 una asistencia financiera del Estado para el pago de las jubilaciones de 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es más de lo que se destina en forma de asistencia al Banco de Previsión Social (BPS), aunque el dinero que da el Estado al instituto asciende a 4,9% del PIB si se toman en cuenta también los impuestos afectados -el IASS que pagan un porcentaje de los jubilados, siete puntos de IVA y otros de menor relevancia-. La asistencia es creciente (ver gráfico).

El sistema de seguridad social uruguayo se completa con las AFAP (que rentabilizan el ahorro individual de los trabajadores, lo que se sumará en el retiro a la jubilación del BPS), y otras tres cajas paraestatales (Notarial, Bancaria y de Profesionales) que hoy no necesitan ayuda del Estado. Pese a esto, el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, señala hace meses que “todas son potencialmente deficitarias” por su estructura y el nivel de pasividades.

Un informe difundido el año pasado por el Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y que tomó datos de cada entidad, mostró que las cajas paraestatales dan mejores retribuciones a sus afiliados: en promedio en 2017 el BPS pagó jubilaciones de $ 20.052, la Caja Profesional de $ 56.400, la Caja Notarial de $ 64.873 y la Bancaria de $ 85.295. Según la Encuesta Continua de Hogares (que pregunta a las personas y entonces puede haber subdeclaración), ese año la pasividad promedio de la Caja Policial fue $ 30.944 y de la Militar $ 26.588.

En el marco de un debate sobre la reforma del régimen previsional, que hay consenso entre los actores políticos que deberá encararse en el próximo período, surge la pregunta de qué hacer con las cajas paraestatales. Las opciones son mantener su diseño, reformarlas o unificarlas y concentrar las jubilaciones en el BPS.

De hecho, ayer de noche transcurrió una reunión clave de la Comisión de Marco Legal de la Caja de Profesionales (que funciona hace meses) para definir “cuáles serían las variables a introducir” en una próxima reforma, informó a El País el presidente en ejercicio de la entidad, Gerardo López Secchi.

“Hay varias alternativas, estamos cerca de tomar una resolución que haga viable a la Caja de Profesionales a largo plazo y que implique el menor esfuerzo posible al afiliado”, agregó. La idea es generar un proyecto de consenso a la interna, para luego elevarlo al Parlamento.

Cuando asumió en 2018, López Secchi dijo a El Observador que la reforma buscará fomentar el aporte de unos 60.000 afiliados (la mitad de los activos) que declaró el no ejercicio de la profesión.

La Caja Notarial se encuentra en un proceso similar, pero ya envió a fines de 2018 un proyecto de ley al Poder Legislativo. Desde 2014 los ingresos no cubren los gastos (la diferencia se solventa con las reservas propias) y su presidente Pablo Arretche explicó en el Parlamento que la reforma bajará la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que cubre la pasividad) a quienes se retiren a los 60 años, y se establece un período de transición de 20 años hasta llegar a subir los requisitos mínimos a 65 años y 35 de actividad (hoy son 60 años y 30 de actividad).

La caja paraestatal que paga mejores jubilaciones es la bancaria, lo que el presidente del sindicato del sector (AEBU), Pedro Steffano, consideró “un logro y también un esfuerzo”. En 2009 se procesó una reforma ante la inviabilidad futura de la entidad, que llevó a que “los ya jubilados aporten un porcentaje mayor y los que se retiraron hacia adelante bajaran sus retribuciones del 62% al 50% (tasa de reemplazo)”.

Steffano dijo a El País que desde aquella reforma la Caja Bancaria está “en franca mejoría”. Sostuvo que en el mediano plazo no presentará problemas financieros y se podría estudiar “alguna variante” a largo plazo teniendo en cuenta la cantidad de jubilados del sector en los próximos años, aunque esto podría “compensarse” con mayores afiliados del sector financiero no bancario (como administradoras y cooperativas).

También la Caja Policial fue reformada en 2008, elevando de 30 a 35 los años de actividad para el retiro y de 55 a 60 la edad mínima. Mientras que la reforma de la Caja Militar, que estuvo en debate durante buen tiempo, se terminó aprobando el año pasado. Pero no tendrá efectos inmediatos en la asistencia del Estado, ya que no hubo acuerdo en el Frente Amplio para incluir un impuesto a las pasividades más altas (como querían varios sectores).

Consultado por El País, el economista especializado en seguridad social y asesor en esa área del Partido Independiente, Álvaro Forteza, manifestó que desde un punto de vista técnico la unificación de las cajas es “lo saludable, pero desde lo político lo veo difícil”. Esto porque “cualquier cambio debe reconocer los derechos adquiridos”, y “complejiza” la situación que las cajas paraestatales paguen mejores pasividades que el BPS.

Al igual que CPA (ver aparte), Forteza planteó alternativas: impulsar “un régimen de transición” que haga gradual el pasaje de un sistema a otro, o si se desea mantener el esquema de múltiples cajas imponer “como condición cierto grado de capitalización” de forma individual o colectiva. Si bien algunas tienen inversiones por ejemplo en campos, señaló que “necesitan una capitalización más amplia”.

El ministro de Economía, Danilo Astori, fue de las primeras figuras políticas en hablar de la necesidad de impulsar una reforma previsional al inicio del próximo gobierno. Así lo planteó en una entrevista con El País a fines de 2017. El miércoles en un almuerzo de ADM, señaló que el país deberá “encarar” ese desafío pero advirtió que no deben dejarse de lado “los efectos sociales positivos” del actual régimen, que tiene amplia cobertura (nueve de cada 10 mayores de 65 años reciben una pasividad). Esto último fue celebrado por el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruíz: “Hay que procesar cambios sin retroceder en los beneficios. Estoy totalmente con esa definición y agrego que dicha transformación debe ser con diálogo social”, indicó en su cuenta de Twitter.