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Las reformas necesarias para “apagar las luces rojas” que limitan el crecimiento

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Munyo: presentación anoche en la asamblea de exalumnos del IEEM. Foto: L. Carreño
LEO CARRENO LEONA1803@GMAIL

EXPOSICIÓN

El economista Ignacio Munyo presentó un semáforo con la evolución de las variables que determinan la inversión privada, un indicador que debe repuntar para recuperar la economía.

Luego de mostrar un “semáforo” histórico de las variables que determinan la rentabilidad y por ende la inversión en Uruguay, el economista Ignacio Munyo aseguró que el objetivo del próximo gobierno será “apagar las luces rojas que hay, menos la de los salarios”. De ocurrir esto último, “sería reconocer que Uruguay no puede atraer inversión” por sus condiciones, sino únicamente reduciendo los costos laborales.

Sobre esa agenda de reformas pendientes para reactivar la economía trató ayer la exposición de Munyo -director del Centro de Economía Grant Thornton del IEEM (Universidad de Montevideo)- en un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

“¿Dónde estamos parados? En una situación complicada”, comenzó señalando el analista, para luego hacer foco en el déficit fiscal, el mayor problema macroeconómico actual.

“El resultado fiscal viene deteriorándose por un mayor gasto corriente”, en especial vinculado a pasividades y trasferencias, analizó Munyo. Este panorama deja poco margen de maniobra para el próximo gobierno, que puede ajustar los números en materia de gastos de administración y salarios, pero son rubros con baja incidencia y que ya tuvieron una evolución moderada en este período.

“Es complejo el ajuste (del gasto), desde afuera del gobierno no se puede determinar a priori dónde recortar, hay que entrar y mirar. Es como pasa en el sector privado, cuando el gerente de una empresa dice no puedo hacer más ajustes sin afectar la calidad del servicio, pero llega otro gerente y se ve que se podían hacer nuevos ajustes”, señaló el economista.

Pensando a futuro, planteó dos posibles escenarios respecto al déficit fiscal y el Producto Interno Bruto (PIB). En el primero se hace un ajuste de un punto del PIB por año el próximo quinquenio, lo que lleva a que la economía continué estancada y el nivel de deuda sobre Producto se vuelva insostenible. El otro escenario, “más realista” según Munyo, es ajustar medio punto del PIB por año y tener un crecimiento anual de 3%, lo que deja al déficit en torno al 3% del Producto y la deuda “en nivel sostenible”.

“La solución no es la pasividad, hay que atacar el déficit y el PIB”, sostuvo Munyo y pidió no confiarse por las condiciones externas de financiamiento más favorables tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de bajar la tasa de interés.

También el economista Hernán Bonilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), se refirió al déficit y dijo que alcanzó “un nivel preocupante”. Repasó que tanto este gobierno como los dos anteriores incumplieron sus metas, y con la proyección de que este año terminará en 5,2% del PIB -en los 12 meses cerrados a julio se ubicó en 4,9% del PIB- “será cada vez más difícil sostener el grado inversor”.

Aunque aclaró que el escenario económico es lejano a una crisis, Bonilla sostuvo que “con los niveles actuales de déficit y deuda -que son irresponsables- es una tarea para (la astróloga) Ludovica Squirru saber cuándo explotará el problema”. Por eso, llamó a “atacar el tema antes que las variables internacionales sean más negativas y ya sea demasiado tarde”.

Reformas.

Munyo analizó que hoy Uruguay tiene mejores condiciones de financiamiento que en el pasado, que los combustibles se mantienen caros -“es un mal endémico del país por el régimen monopólico”, expresó-, se pagan mayores aranceles que en países competidores, la facilidad para hacer negocios no mejora y los precios internacionales de los alimentos están lejos del boom de años atrás.

“Sería una salida triste ir a una megadevaluación que signifique un hundimiento del salario real. Es hacer el ajuste por el lado más débil y asumir que no podemos hacer las reformas que necesitamos para tener un país con mejor calidad de vida que atraiga la inversión”, manifestó.

Dentro de esa agenda procrecimiento, tanto Munyo como Bonilla pusieron el énfasis en mejorar la inserción internacional. “Uruguay no puede sostener el crecimiento económico con un grado bajo de apertura como hoy. En el largo plazo, los países que reducen sus aranceles son los que más se desarrollan”, expresó Munyo.

Hernán Bonilla. Foto: Marcelo Bonjour
Economista Hernán Bonilla. Foto: Marcelo Bonjour.

Asimismo, Bonilla advirtió que “resulta difícil explicar” la razón por la que la inflación en Uruguay está bastante más alta que en el resto de la región (ver nota en esta página), exceptuando a Argentina y Venezuela. También se refirió al tema cambiario e indicó que “vamos a un dólar más caro” hacia fin del año, aunque igual se mantendrá un “atraso” del tipo de cambio real que afectará la competitividad.

Ambos economistas coincidieron en que el próximo gobierno no debería subir impuestos, porque desincentivará aún más la inversión privada. “Este gobierno lo hizo, la economía se estancó y subió el déficit. Esa estrategia no funciona”, cuestionó Munyo.

“Uruguay no cree en la competencia”

El economista Juan Dubra -uno de los 10 latinoamericanos que forman parte de The Econometric Society- centró su exposición en los temas de competencia y mercados. Repasó una encuesta internacional que reveló que solo el 15% de los uruguayos creen que la competencia es buena y un 8% dicen que es mala, en ambos casos los registros más altos de la región. En base a esto y algunos casos que presentó, afirmó que “Uruguay tiene un serio problema de competencia” y que “los uruguayos no creen en la competencia”.

Dubra explicó que estos problemas no obedecen al tamaño pequeño del mercado local, sino que en mayor medida son “por fallas en la aplicación de las normas de defensa de la competencia”. Esto posibilita la formación de monopolios u oligopolios que no favorecen a los consumidores.

El economista apuntó a la poca intervención de las agencias especializadas (o desalientos para hacerlo) y mencionó ejemplos. Hace unos años un fallo de la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) castigó a dos laboratorios por colusión, pero “a último momento se fue contra todo lo técnico y se dio vuelta (la resolución) por una cuestión política”. También comentó que hace poco se convocó a la CDPC a un profesional y “lo llamó casi que el portero, en lugar del ministro” o alguna jerarquía, denotando la poca relevancia del cargo. “Quizás no quiera ir a trabajar a una agencia donde te dan vuelta un caso importante, son antecedentes que no están buenos”, dijo.

Además, Dubra se refirió al rol de las demás agencias de control: la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) y el Banco Central. Una de las omisiones que señaló, es que UTE y Ancap tienen monopolios en ciertos negocios -la distribución y la refinación respectivamente- “pero otra cantidad de unidades son competitivas, entonces deberían tener contabilidades separadas para que no haya subsidios cruzados”.

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