Gas Sayago dice que se “afectará directamente la ejecución del proyecto”

Regasificadora: alertan por efecto negativo por la obra parada

La empresa Gas Sayago (compuesta por UTE y Ancap y responsable del proyecto de la planta regasificadora) reconoce que "la discontinuidad" (parada) de las obras "afectará directamente la ejecución" del emprendimiento.

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Las obras del proyecto están paradas desde hace más de 70 días. Foto: Gas Sayago

Así consta en un informe elevado al directorio de UTE por el presidente de Gas Sayago, César Briozzo el pasado 16 de abril, luego que la empresa firmara 10 días antes un acuerdo con el Sunca para hacerse cargo del pago de una "compensación parcial" a unos 200 trabajadores despedidos por la brasileña OAS, y que no contaban con los jornales necesarios para acceder al subsidio por desempleo.

Tras idas y vueltas, diferencias técnicas y sobrecostos en la obra de dos muelles y una escollera, GNLS (consorcio conformado por GDF-Suez y Marubeni encargado del desarrollo y gestión de la regasificadora) le rescindió el contrato a la constructora brasileña OAS, a cargo de la obra, el pasado 17 de marzo. La construcción está parada hace 79 días (ver aparte).

Luego de eso GNLS presentó una nueva propuesta para continuar la obra que implica un canon de US$ 20 millones por mes durante 20 años, en vez de los US$ 14,3 millones por mes durante 15 años y que no fue aceptado por el Poder Ejecutivo. En este contexto, en el gobierno esperan que GNLS se aleje y abandone el proyecto.

El documento al que tuvo acceso El País también señala que "es de interés de Gas Sayago evitar el retraso de las obras, tanto de la terminal como del gasoducto". Además, agrega que "de no poder evitar el retraso de las obras, es de interés preservar el derecho de cobrar multas (a GNLS) por retraso bajo el TUA" (contrato).

En otro punto, se señala que es de interés de Gas Sayago "promover una relación con el Sunca que atienda a evitar la ocurrencia de huelgas particulares que retrasen la obra generando una extensión del plazo".

En ese contexto fue que Gas Sayago no siendo el empleador de los trabajadores afectados accedió a financiar la compensación parcial exigiendo como contrapartida la renuncia a cualquier otro reclamo contra la empresa.

Esta decisión se tomó, aún cuando un informe que la firma Posadas, Posadas y Vecino elevó a Gas Sayago el pasado 5 de abril —y al que accedió El País— señala que "las chances" de éxito de un reclamo para cobrarle a GNLS lo pagado a los obreros, "quedan muy reducidas".

"La lógica del mismo (en referencia al borrador de acuerdo) era la de ser un pago por Gas Sayago de una obligación ajena. El pago se funda en la potencial responsabilidad subsidiaria ante incumplimiento de OAS o de sus subcontratistas. Ello habilitaría un reclamo de repetición contra GNLS (aun cuando el éxito de ese reclamo sea dudoso dado que estamos acordando por nuestra voluntad y sin defendernos)", dice el informe del estudio jurídico.

En otro punto añade que se analizaron "otras alternativas que no ofrecían seguridad a Gas Sayago, sus accionistas o directores" y concluye: "Tomar este camino ya supone de por si una opción política suficientemente fuerte, dado que al actuarse unilateralmente y sin defenderse las chances de repetición quedan muy reducidas. (…) Aceptar ese riesgo es una decisión que a veces se toma A CAMBIO (sic) de que se elimine la responsabilidad del propio Gas Sayago".

Sin embargo, un comunicado de Gas Sayago publicado días atrás por el diario El Observador señaló que ante los incumplimientos de los contratistas se adelantaría una suma equivalente al subsidio por seguro de paro para los trabajadores que no reunieran los requisitos "y la recuperará de OAS y GNLS de acuerdo a la normativa vigente".

Gas Sayago pagará el equivalente al subsidio por un máximo de 10 meses (marzo-diciembre), mientras no haya una solución que permita retomar la obra civil de la regasificadora. Para eso deberá disponer de entre $ 40 millones y $ 50 millones.

El acuerdo con el Sunca no pasó por el directorio de UTE (accionista principal de Gas Sayago) durante su etapa de negociación y fue ratificado por mayoría más de una semana después de que fuera suscripto, con el voto negativo del represente del Partido Nacional, Luis Eduardo Pereira. Durante la reunión del jueves 16 de abril, Pereira se expresó favorablemente respecto a que se debe evitar el retraso de las obras, pero marcó su desacuerdo con que Gas Sayago se haga cargo de "una obligación ajena".

"¿Por qué financiar compensaciones que dudosamente podrían repetirse contra GNLS? Según los contratos firmados tenemos garantías, tenemos saldos a pagar que podríamos retener para hacer frente a los compromisos y derechos de los trabajadores. ¿Por qué incurrir en esto que podría resultar tan inconveniente?" se preguntó Pereira, según el acta de la sesión al que tuvo acceso El País.

"El directorio de Gas Sayago ha dispuesto unilateralmente pagar visibles compromisos de un privado con dinero del que finalmente seremos responsables. No lo encuentro atinado. (…) Se me plantean serias dudas sobre la competencia para encausar esto de la forma en que se ha hecho", expresó.

En esa reunión, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla argumentó que por ser una negociación "extremadamente compleja, con pluralidad de partes intervinientes no resultaba sencillo divulgar la marcha" de la misma, por lo que trató de forma directa con los representantes en el directorio de Gas Sayago (Briozzo y Walter Sosa).

GNLS, ¿se va o Asume costo?.

La planta regasificadora lleva 79 días parada y en varios sectores se afirma que GNLS se alejará próximamente del proyecto. En ese escenario y con algunas cartas vistas el gobierno espera que sea el consorcio GNLS quien dé el próximo paso. La empresa realizó una propuesta nueva (la de extender el plazo de vinculación a 20 años en vez de 15 y aumentar el canon mensual a US$ 20 millones desde los US$ 14,3 millones originales) que fue desestimada. En filas oficiales entienden que, a esta altura, al consorcio multinacional le resulta más conveniente hacer frente a que el gobierno ejecute la garantía prevista de US$ 100 millones que soportar el sobrecosto de US$ 400 millones que le supondrá continuar con el proyecto.

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