Ante la falta de acuerdo entre GNLS y Gas Sayago por costo

Regasificadora: el gobierno tiene rescisión sobre la mesa

El gobierno analiza todos los escenarios posibles para darle continuidad al proyecto de la regasificadora en Puntas de Sayago. Entre ellas, se encuentra la opción de hacer cumplir el contrato o también rescindir el compromiso con el consorcio GNLS, encargado de la construcción y puesta en funcionamiento del emprendimiento.

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La obra está detenida desde el 27 de febrero. Foto: El País

Los contactos se realizan entre Gas Sayago (que licitó la obra y es responsable de la regasificadora) y GNLS (empresa local conformada por GDF Suez y la firma japonesa Marubeni).

Quienes negocian son conscientes de que los tiempos se agotan. Las obras de muelle y gasoducto de la regasificadora llevan ya 72 días paradas. La génesis del problema surgió por diferencias técnicas entre GNLS y la constructora brasileña OAS en el desarrollo de la parte del proyecto que involucra a ambas empresas. Esas diferencias y los atrasos llevaron a la constructora a tomar mucho más personal del que se mencionaba en el proyecto original (se hablaba de un pico de 400 obreros y terminaron cumpliendo labores 700 trabajadores).

El primer inconveniente visible se produjo cuando OAS envió a fines de febrero a 150 empleados al seguro de paro. Allí el Sunca ocupó y se paralizaron las obras. Pero el problema de fondo para no desarrollar el emprendimiento no era la paralización de las obras por la medida sindical; era otro. Las diferencias técnicas entre ambas empresas eras insalvables y el 17 de marzo GNLS le comunicó a OAS que le rescindía el contrato. Igualmente, la constructora sigue vinculada al proyecto ya que también fue contratada por Gas Sayago para las obras del gasoducto de la regasificadora. Pero la salida de OAS provocó una especie de efecto dominó y comenzaron a encenderse las luces amarillas alrededor del proyecto.

Ahora, GNLS entiende que hay un sobrecosto y que se debe revisar el contrato original para que Gas Sayago se haga cargo del mismo, informó ayer el diario El Observador. El matutino agregó que el gobierno "no está dispuesto a ceder" en este aspecto, según le dijeron fuentes oficiales.

También señaló que el Poder Ejecutivo hay tranquilidad porque el acuerdo "es legalmente sólido" y "si no se cumple, se rescinde y se ejecutan las garantías" que puso GNLS y ascienden a US$ 100 millones.

Desde ambas partes se señala que el escenario actual es complejo y complicado. Y eso preocupa al gobierno, ya que pone en peligro el desarrollo del proyecto de infraestructura más grande de Uruguay.

Fuentes al tanto de las negociaciones indicaron a El País que es por eso que el gobierno está pensando en todos los escenarios posibles. Eso, por ejemplo, sería obligar a GNLS a que cumpla con el contrato haciéndose cargo de las penalizaciones previstas por el atraso. El otro escenario, dijeron las fuentes, incluye la rescisión del contrato entre Gas Sayago y GNLS. Y todos los involucrados saben que las decisiones deben tomarse en los próximos días para no prolongar los retrasos en la obra.

En medio, hay diferentes posiciones. Otras fuentes consultadas dijeron que en realidad el contrato "protege" a Gas Sayago y es por eso que no cabría lugar para rescindirlo. Eso sería, utilizar el contrato en todos sus términos. Pero otros dicen que esa posición de Gas Sayago está llevando a que la empresa no esté mostrando ninguna voluntad de diálogo para destrabar la situación.

En diferentes presentaciones ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, ambas empresas mostraron algunas cartas. Hace dos semanas, la gerente general de Gas Sayago, Marta Jara, señaló allí que "no es totalmente transparente cómo llevan adelante la construcción (GNLS). Nos enfocamos en que se cumpla con las especificaciones, la normativa y los acuerdos".

"El proceso para poder certificar un proyecto ejecutivo de ingeniería no ha sido exitoso por parte de GNLS", añadió.

A la semana siguiente, el director general de GNLS, Fernando Tovar, indicó que el proyecto de la regasificadora sigue vigente. El jerarca agregó que GNLS tiene la obligación y la intención de culminar las obras y por eso "cuando podamos hacerlo, también nos comprometemos a reintegrar a los trabajadores" y como obligación subsidiaria, estamos dispuestos a garantizar la indemnización de los trabajadores que se no se puedan reintegrar".

Allí la diferencia radica en que el Sunca quiere asegurar los 700 puestos de trabajo.

Ley para que haya empresas locales.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui compareció ayer ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados donde se refirió a la "fuerte preocupación" del sector por la situación de la regasificadora.

Otegui señaló que le "llama la atención" que Gas Sayago y GNLS "recién se percaten" de que la constructora brasileña "OAS, haya incorporado personal que casi duplica al que técnicamente se requería, entre otras medidas que agravan la realidad actual". Para Otegui "no" es "atendible" que "se plantee tomar a todos los trabajadores cesados por OAS por parte de la o las empresas que en definitiva continúen con las obras".

El empresario propuso para el futuro que cuando hay obras "patrocinadas de forma directa o indirecta por el Estado" deberían participar "empresas locales". Por eso quiere "trabajar en una ley que obligue al consorcio de empresas extranjeras con empresas locales de trayectoria" para obras donde interviene el Estado.

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