JORNADAS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

No entró en ley de Medios; Andebu y academia coinciden en avanzar, por ejemplo en exigencias a Netflix.

Era un choque esperable en el último panel del segundo día de las Jornadas Nacionales de Telecomunicaciones. El tema era "Regulación de los servicios de comunicación audiovisual" y los oponentes (dentro de un panel más extenso) eran la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) —gremial que nuclea a las radios y canales de televisión privados— que rechaza la ley de Medios, y el profesor universitario Gabriel Kaplún —que presidió el Comité Técnico Consultivo que fijó los criterios para elaborar la ley—.

Pero, para sorpresa del auditorio, y pese a las duras críticas al texto regulatorio que emitió por videoconferencia el abogado de Andebu, Juan Andrés Lerena, la pelea no fue tal.

"La Ley de Medios está de espalda a las nuevas tecnologías y no regula los contenidos de plataformas" como Internet, por lo que "se da un trato discriminatorio" a los diferentes medios ya que mientras los tradicionales (como la radio y la televisión) "son fuertemente controlados por el Estado y están sometidos a gravámenes (como un canon por el uso de las ondas radioeléctricas)" los otros no, planteó Lerena.

Consultado por El País, Kaplún respondió que "por decisión del gobierno que la presentó y del Parlamento que la votó, la ley prefirió no meterse todavía con la regulación de Internet", algo que no comparte ya que coincide con Andebu en "que se debe avanzar en eso".

Igualmente, aclaró que no es una normativa "que está de espalda" al mundo porque "en Estados Unidos recién con el caso de Facebook (la filtración de datos) se empezó a discutir (regular los contenidos de Internet) y en Europa entra una nueva normativa en octubre, entonces no estamos rezagados".

Para la gremial de broadcasters el texto legal que se aprobó a fines de 2014 y se reglamentó meses atrás, genera "beneficios y perjuicios" para los actores de la comunicación. Lerena mencionó ejemplos prácticos donde los medios tradicionales se ven perjudicados.

Uno es el mínimo de 30% de producción nacional para los canales y de música uruguaya para las radios, que puede hacer que una audiencia especifica "migre" hacia otras plataformas —por ejemplo oyentes de una emisora de rock en inglés que se pasarán a una online o a Spotify—. Para Kaplún es atendible esto e indicó que la nueva normativa europea empieza a "exigir a Netflix un mínimo de catalogo nacional o de producción generada en el país, manteniendo el mismo criterio de cuotas" para el sector de nuevas tecnologías. "Uruguay no tiene esto pero tendremos que avanzar hacia ese lugar", dijo el profesor.

Lerena también presentó el caso del límite de publicidad que establece la ley de Medios (un máximo de 15 minutos de mensajes publicitarios por hora de transmisión), que sostuvo atenta contra "el único ingreso de los medios" y con el que deben hacer frente a los contenidos nacionales que la propia norma los obliga a producir. "Esas inversiones (de los auspiciantes) que no se harán irán a otras plataformas", remarcó.

Otro punto de discrepancia de Andebu es el límite a la propiedad de los medios, ya que no se permite que un mismo grupo económico tenga más de tres licencias. Esto "obstaculiza el crecimiento, mientras por ejemplo las redes sociales no paran de crecer", dijo Lerena.

Aquí sí hubo diferencias con Kaplún: "Los límites (de la norma uruguaya) surgen de la legislación internacional, es lo que pasó en Europa y EE.UU. donde hay fuertes normas de limitación a la concentración en el sector tradicional de medios y me parece imprescindible porque esto tiene que ver con la libertad de expresión", expresó. Aunque sí coincidió con Andebu en que se debe regular también estos aspectos de Internet, ya que por ejemplo "Google y Facebook son monopólicos en sus áreas".

El docente universitario e investigador Gabriel Kaplún dijo que es primordial asignar "los recursos para que funcione" el nuevo Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo que se encargará de aplicar la ley de Medios y sobre el que aún no hay acuerdo en el Parlamento para su integración. "El año pasado se calculó en US$ 3 millones sin gastar nada de más, un presupuesto súper austero para que el CCA funcione y esa plata no está en el Presupuesto Nacional y me pregunto si estará en la Rendición de Cuentas, sino estamos fritos y el CCA arranca solo con los sueldos y así no puede funcionar", manifestó. También mencionó que en un panel en la mañana una representante de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) aclaró que esta dependencia no traspasará recursos al CCA.

Otro aspecto al que hizo mención Kaplún fue que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) "no asumió la defensoría del público" en materia de medios, ya que casi "no hubo actuaciones" de fiscalización en ese sentido.