INFORME

La CAF-banco de desarrollo de América Latina —antigua Comisión Andina de Fomento, que brinda financiamiento a proyectos de relevancia para los países— realizó un informe advirtiendo por los riesgos de corrupción existentes en las cadenas de abastecimiento de bienes y servicios claves para el combate de la emergencia sanitaria en el mundo, pero puso el foco en que también el fenómeno de la corrupción tuvo que ver con el origen del virus que amenaza a la humanidad.

El trabajo se titula “Tecnología para la integridad en tiempos del COVID-19” y fue escrito por el ejecutivo principal de la Dirección de Innovación del Estado de CAF, el colombiano Camilo Cetina. En la introducción, se compara lo que vive el mundo hoy con el brote del VIH en los años 80.

“Durante casi 30 años la ciencia se esforzó en determinar el origen del letal virus y sólo hasta el año 2000 se logró establecer que el VIH apareció en los humanos en 1931, en circunstancias específicas desconocidas al día de hoy.

Esa tortuosa búsqueda contrasta con la certeza existente sobre la actual pandemia y las circunstancias de su aparición entre los humanos: el mercado ilegal de especies exóticas en la ciudad de Wuhan, China”, repasa el artículo.

Señala que “fenómenos de corrupción asociados a crimen organizado habilitaron la aparición del COVID-19 puesto que fue en medio del comercio ilegal y sacrificio de especies que logró pasar de animales a humanos”.

La nota menciona que el Instituto de Basilea denunció que “muchos de los animales exóticos que se comercializaron en el mercado en el epicentro del brote de coronavirus fueron importados en violación de las regulaciones aduaneras chinas, debido a la complicidad entre funcionarios y contrabandistas”. A su vez, recuerda que “el mercado donde el virus parece haberse originado, pasó nominalmente las inspecciones a fines del año pasado”.

Tras este análisis, Cetina afirma que “tan inquietante como el rol de la corrupción en el origen de la pandemia es la posible persistencia de dicho fenómeno a pesar de todos los esfuerzos institucionales para contenerla”.

El documento se centra en la contratación pública —el “dispositivo de los gobiernos para reaccionar a la emergencia”— y la entrega de asistencia, identificando “ciertas prácticas de integridad basadas en datos y nuevas tecnologías (que) pueden mejorar la administración y asignación de los recursos”.

En el artículo se explica que ante la situación de emergencia se han descartado los “mecanismos de compra regulares, que adoptan procedimientos de transparencia y selección objetiva como la licitación pública” por un tema de tiempos.

Sin embargo, hay antecedentes de corrupción asociada a estos esquemas: “en 2017 la Cruz Roja Internacional denunció el desvío de más de US$ 6 millones durante el brote del ébola en África occidental”; así como denuncias actuales en Italia y Australia.

A su vez, Transparencia Internacional advirtió que “a mayor demanda de medicamentos y equipos, mayor es el riesgo potencial de colusión entre proveedores y funcionarios públicos para fijar precios más altos y apropiarse de una ‘tajada’”.

El otro mecanismo al que han recurrido los Estados para atender la crisis del COVID-19 es la ayuda humanitaria. “La entrega masiva de ayudas es especialmente vulnerable a corrupción debido a la carencia de mecanismos de rendición de cuentas y la rápida ejecución de recursos requerida para atender emergencias”, indica el informe de CAF y recuerda que años atrás se estimó que la ayuda humanitaria “es un negocio que mueve US$ 150.000 millones al año” en un marco de “absoluta opacidad”.

En base a esto, Cetina asegura que “los riesgos de corrupción en los esquemas globales de asistencia o ayuda de emergencia son una amenaza latente para la contención del COVID-19 en todo el planeta”.

Posteriormente, el ejecutivo de CAF identifica tres ámbitos en donde la ayuda a los afectados por la pandemia “puede blindarse contra la corrupción” utilizando las tecnologías de la información y comunicación (TIC), que incluso se masificaron en estos tiempos de la pandemia.

El primero refiere a la utilización de software que aseguran “el financiamiento basado en resultados a partir del intercambio de datos”. Menciona OpenRBF, “un software de código abierto que administra el financiamiento basado en resultados”, ya utilizado por distintos países en diversos sectores (como salud y educación) y permite que “los pagos para los programas de atención se realicen solo cuando se demuestra que se han alcanzado” los objetivos perseguidos.

Así se puede “incrementar la transparencia en el abastecimiento de la salud y habilitar la toma de decisiones de manera rápida e informada”, ya que es posible “combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF”.

En respuesta a los escuetos plazos que tienen los gobiernos para difundir un llamado a precios y cerrar el proceso, se plantea que ya hay desarrollada “una solución tecnológica” en Estados Unidos. Se trata de un sistema automático de alertas de contratos con el gobierno, que “permite a cualquier empresa ser parte y se basa en un apareamiento entre la línea de negocios del aspirante a contratar con un sistema automático de búsqueda de procesos de contratación”, enviando luego el sistema “alertas automáticas a los interesados por correo electrónico”. De esta forma, se ahorra tiempo a los potenciales proveedores y se “maximiza el nivel de publicidad de las oportunidades de negocio con el gobierno”.

Otra herramienta de combate a la corrupción asociada al virus es el Acuerdo Marco de Precios (AMP). Esto es “un contrato entre un comprador (o su representante) y uno o varios proveedores, el cual detalla el bien o servicio, el precio máximo de adquisición, garantías mínimas y plazo mínimo de entrega”. Luego, “los proveedores son seleccionados en un mecanismo licitatorio para entrar en el AMP”, recibiendo estos “las necesidades de abastecimiento y harán sus ofertas, de modo que el comprador elige la que mejor se ajuste a su requerimiento”.

En resumen, la advertencia de la CAF es que “la corrupción se materializa de formas muy variadas frente a la pandemia”, amplificando “laletalidad del COVID-19”. Ante esto, la tecnología y una política de datos abiertos son aliados para luchar contra este fenómeno, junto al compromiso de los gobiernos y los organismos multilaterales.

“Hay una afortunada ironía en que el COVID-19 sea el germen de los métodos que buscan acabar con el mal que permitió su transmisión hacia los seres humanos: la corrupción”, concluye el artículo de Cetina.