Tema de análisis

El déficit fiscal es uno de los problemas que tiene el gobierno y no lo puede controlar. En la Rendición de Cuentas presentó un proyecto con aumento del gasto que se anuncia como modesto pero el escenario de ingresos utilizado es el más alegre posible en las actuales circunstancias.

Pensando en los tres años que se manejan como horizonte en la proyección del gobierno, lo más probable es que se agrave el problema del déficit y la dinámica de la deuda pública para el 2020. Puede ser que no afecte la estabilidad y tampoco genere problemas financieros para el sector público, pero ciertamente dejará para el próximo gobierno la tarea de corregir el desvío en el primer año de gestión.

En grandes números, el gobierno propone elevar el gasto en US$ 155 millones en 2019 y US$ 165 millones en 2020. Ante los US$ 18.915 millones erogados en 2017 parece una cifra insignificante, menos del 1% de aumento.

Pero hay que tener en cuenta que este es el aumento del gasto que necesita aprobación parlamentaria para existir, pero hay otros gastos que ya fueron aprobados o tienen componentes tendenciales que hacen que aumenten en forma automática. En este último caso se encuentran las remuneraciones, las pasividades, el ajuste en las capitas para la salud y otras transferencias que directa o indirectamente se puede decir que "crecen solos" sin necesidad de ley.

Este es un punto muy importante ya que, al mirar las proyecciones del gasto para este año, el gobierno espera que los egresos primarios del sector público no financiero se ubiquen en el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), nivel similar al de 2017. Sin embargo, en los 12 meses finalizados a mayo, esos gastos treparon al 30,5% del PIB después de descontar el efecto de las compras de combustible de Ancap. O sea, que ya hay un atraso en el cumplimiento de 0,5% del PIB.

La realidad está mostrando que al gobierno le cuesta frenar el crecimiento del gasto público y por lo tanto el control del déficit prometido en el proyecto de ley se consigue gracias a que los supuestos sobre los ingresos son los más optimistas dentro de los creíbles. En las condiciones actuales de la región y del clima de negocios en Uruguay, el escenario central es el de estancamiento y se podría pensar que, aunque son bajas, existen posibilidades de entrar en recesión. En el otro extremo, si se dan las mejores noticias desde Argentina y Brasil se puede pensar en que en los tres próximos años el crecimiento del PIB en promedio estará en el entorno del 3% anual.

De estos tres escenarios, la Rendición de Cuentas utiliza como supuesto el crecimiento del PIB del 2,5% este año, 3,3% el próximo y 3% en 2020. Dada la coyuntura regional, los problemas de competitividad que enfrenta la economía y la incertidumbre a nivel internacional por las disputas comerciales entre las economías desarrolladas, parece muy optimista proyectar un escenario de tendencia o incluso levemente superior. Creemos que el crecimiento para este año y el próximo va a ser inferior.

En el caso del empleo también utiliza supuestos alegres, con tasas de aumento en 2019 y 2020 de 0,6% y 0,8% respectivamente que dan vuelta cuatro años seguidos de retroceso en la cantidad de personas ocupadas. No es un escenario imposible pero dado el punto de partida de estos cinco meses, el escenario con mayor probabilidad mantiene la característica de un estancamiento o leve baja anual en la cantidad de puestos de trabajo.

El criterio habitual para hacer presupuestos cuando hay una situación financiera que amenaza como restrictiva es utilizar los supuestos más conservadores con los ingresos. La propuesta del gobierno se parece más a utilizar los supuestos más alegres dentro de los posibles. El resultado más probable es que el déficit va a ser superior al deseado por el gobierno.

El gasto adicional que se propone se asignará a educación, Sistema de Cuidados, regularización de los salarios del Poder Judicial, vivienda, infraestructura y seguridad. El financiamiento de este incremento es en un 60% con utilidades del Banco República (BROU) y el 40% restante de los recursos que generará el crecimiento económico. Ya señalamos que no creemos que el crecimiento futuro sea como el proyectado, por lo que serán insuficientes.

Es interesante prestar atención al rol que nuevamente le cabe a las empresas públicas en conseguir caja para que el gobierno gaste. Si se miran en conjunto, la participación de las empresas públicas en el financiamiento va a subir considerablemente. Por un lado porque las utilidades proyectadas para el BROU vuelven a lo que fue la tendencia anterior, pero también porque se espera que el resultado primario corriente de las empresas públicas pase del 0,9% del PIB en 2017 al 1,4% en 2020.

Al respecto cabe recordar que en 2017 el BROU no pudo traspasar a la Tesorería parte de sus utilidades como en el pasado, por lo que se le terminó pidiendo a UTE un aporte especial, disminuyendo así el resultado global de las empresas públicas. Al normalizarse la situación del BROU, ya no se le pedirá asistencia adicional a UTE. De todas maneras, se señala que las tarifas evolucionarán de acuerdo a sus costos (el reciente ajuste de los combustibles es un ejemplo). Se puede deducir de ello que no habrá alivio y que las tarifas seguirán siendo de las más altas de la región, con lo que representa sobre la competitividad.

En las circunstancias actuales, lo prudente hubiera sido no enviar aumentos en el total del gasto público y solo readecuaciones entre partidas en los casos en que sea necesario modi- ficar el énfasis. Lo que es recomenda-ble en estas circunstancias, como lo dice el propio mensaje del gobierno, es poner el foco en la mejora en la calidad del gasto.