se aplicaron las primeras multas por una operación inmobiliaria

Los reportes sobre posible lavado de activos crecieron 4% en 2014

La Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) recibió durante el año pasado 286 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos, lo que significó un crecimiento de 4% en comparación con 2013.

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El sector inmobiliario sigue en la mira por falta de reportes. Foto: Archivo El País

La oficina señaló que sigue siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros, grupo donde se encuentran, por ejemplo, los casinos y las inmobiliarias. Además, luego de investigaciones efectuadas, en febrero de este año se aplicaron las primeras sanciones económicas a sujetos obligados no financieros.

La UIAF explicó que durante el año pasado puso siete casos en conocimiento de la justicia penal competente a efectos de continuar las investigaciones en ese ámbito. Los siete casos puestos en conocimiento de la justicia contenían la información proporcionada en 11 reportes de operaciones sospechosas presentados en 2014 por parte de los sujetos obligados, según consta en su memoria anual.

El informe señaló que "más allá de que en este año ha aumentado levemente el número de ROS presentados por los sujetos obligados no financieros, sigue siendo muy escasa su participación con respecto al total de reportes recibidos".

En ese sentido, informó que durante el año pasado se recibieron un total de ocho reportes de casinos, dos de escribanos, uno de una inmobiliaria, tres de administradores de sociedades y 1 de un vendedor de metales preciosos.

"A efectos de revertir esta situación, y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación de reporte, se deberán continuar desarrollando tareas de capacitación y difusión de la normativa, conjuntamente con las asociaciones profesionales respectivas, e intensificar las labores de supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)".

Sobre ese tema, la oficina destacó que como resultado de la investigación de una operación inmobiliaria de carácter inusual realizada por la UIAF, se concluyó que los sujetos obligados intervinientes en esa transacción (un escribano y una inmobiliaria) no habían cumplido adecuadamente con sus obligaciones de debida diligencia del cliente establecidas por la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Explicó que en 2013 la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio de Economía (MEF), para que dicho organismo, si lo entendía pertinente, iniciara los procesos administrativos para determinar si correspondía o no de la aplicación de una sanción a cada uno de los involucrados en el caso.

Ese proceso culminó en febrero pasado y se resolvió la aplicación de una multa de US$ 88.934 al operador inmobiliario participante y otra de US$ 276.035 al escribano actuante en la transacción. "Las multas fueron establecidas considerando el significativo monto de la transacción inmobiliaria realizada y constituyen las primeras sanciones aplicadas a este tipo de sujetos obligados del sector no financiero", afirmó la dependencia del BCU.

De los 286 reportes presentados ante la UIAF, 174 correspondieron a bancos con un crecimiento de 14% con respecto a 2013. En segundo lugar se ubicaron las empresas de servicios financieros que presentaron 39, aunque con un descenso de 22% en la comparación interanual. El tercer lugar se colocaron las casas financieras con 12 y una suba de 9% y también las intermediarias de valores aunque en ese caso con una baja de 25%. Es el cuarto año que se produce un incremento en los reportes de operaciones sospechosas generales ante la oficina del Central,

Sobre pedidos de información judicial, se indicó que aunque la actividad de 2014 presentó una disminución del 23.81% respecto del año anterior, la cooperación y el asesoramiento que la Unidad prestó a requerimiento de las autoridades judiciales uruguayas se mantiene en cifras significativas. En ese sentido informó que la UIAF intervino en 80 casos, lo que representó un 40% de aumento respecto de 2009. En esa fecha fue que se pusieron en funcionamiento los nuevos Juzgados Especializados en Crimen Organizado, con los cuales la UIAF colabora directamente.

Estas actuaciones comprendieron, dependiendo de lo solicitado por el juez actuante en cada caso, desde el asesoramiento en la materia de su competencia o la búsqueda y análisis de información financiera de las personas o empresas involucradas, hasta la participación en actuaciones e investigaciones conjuntas con otros organismos nacionales -tales como Policía, Presidencia de la República o la Dirección General Impositiva (DGI)- en casos relacionados con el lavado de activos y otros delitos económicos.

En otro orden, la UIAF indicó que el intercambio de información con otras unidades de similares características es una de las funciones básicas que debe cumplir una unidad de inteligencia financiera, ya que la existencia de una cooperación internacional rápida y eficaz resulta imprescindible para combatir un delito que es de carácter transnacional.

En ese sentido, informó que en 2014 fueron 58 las solicitudes de información recibidas de Unidades de Inteligencia Financiera del exterior, mientras que los pedidos de información de la UIAF a sus contrapartes en el exterior ascendieron a 17.

Las funciones de la oficina.

La UIAF explicó que estas unidades básicamente desempeñan una función de "filtro y análisis", es decir, reciben determinada información de los sujetos obligados -sobre transacciones sospechosas o inusuales y sobre transacciones financieras y no financieras realizadas (operaciones en efectivo, transferencias, cambios de moneda o compraventas de inmuebles) -, la clasifican, la verifican y la amplían utilizando otras bases de datos disponibles. Luego generan diversos tipos de análisis que constituyen los productos finales de su labor de inteligencia financiera. Además de sus funciones básicas, y dependiendo del marco legal de cada país, estas unidades también pueden desarrollar tareas de regulación y supervisión de la actividad de los sujetos obligados.

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