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Luego la denuncia de la aplicación de pago de facturas al banco por presunto abuso de posición dominante, Itaú resolvió dejar de operar con Paganza.

Tras la resolución del Banco Central (BCU) que encontró que no hubo violación a la ley de Promoción y Defensa de la Competencia por parte del banco Itaú, la institución financiera resolvió terminar su contrato con Paganza, que lo había denunciado.

La denuncia de Paganza —una aplicación para pago de cuentas a través del celular— databa del 23 de diciembre de 2016, pero la resolución del directorio del BCU recién llegó el 10 de octubre de este año y fue dada a conocer por El País ayer.

En la resolución, el BCU "desestima" la existencia, "en el marco de lo dispuesto por la ley (de Promoción y Defensa de la Competencia), de prácticas anticompetitivas por parte de Banco Itaú Uruguay S.A. denunciadas por Aduro S.A. (Paganza)". Esta había denunciado a Itaú por "abuso de posición dominante y ejercicio de prácticas anticompetitivas por pretender, en el marco del contrato de prestación de servicios vigente, cobrar a Aduro S.A. por concepto de contraprestación, una comisión del 0,85% del volumen de operaciones procesadas, considerada excesiva y dirigida a excluir a Aduro S.A. del mercado".

El abuso de posición dominante es una práctica prohibida por la ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Esa fue la denuncia que hizo Paganza, que Itaú abusó de su posición dominante.

Pero, para haber abuso primero tiene que haber posición dominante y por tanto la clave es definir cuál es el mercado relevante en cuestión.

Para el Central, el mercado relevante es "el de servicios de pago no presencial comprendido por los servicios de débitos automáticos realizados sobre cuentas bancarias, los servicios de pagos a través de páginas web de distintas entidades bancarias y los servicios de pagos a través de aplicaciones móviles" y en él, Itaú no tiene posición dominante.

Ayer, tras conocerse el dictamen del BCU, el banco Itaú envió un comunicado a sus clientes —al que accedió El País— en el que informa que "a partir del 31 de octubre Itaú dejará de operar con Paganza".

El banco justificó eso en que "hace casi dos años se iniciaron conversaciones con la empresa mencionada con el fin de adecuar el acuerdo económico entre las partes" pero que "el diálogo no prosperó" porque "Paganza reaccionó acusando a Itaú de abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas".

"Estas acusaciones resultaban" a juicio del banco, del BCU y de "expertos" en la materia, que no identifica, "infundadas", indicó el banco.

"Es en función de esa conducta de Paganza que Itaú dejará de operar con ella", agregó el comunicado.

Empero, ya desde el momento mismo de la denuncia Itaú buscó por todos los medios rescindir el contrato con la aplicación y el Central lo instruyó para que no lo hiciera hasta tanto se laudara la denuncia.

Sin embargo, el 10 de marzo de 2017, Itaú le incrementó en cinco días hábiles la garantía constituida por Aduro S.A. "en un 3.000%" ya que pasó de $ 5 millones a $ 150 millones, consignó el Central. Cinco días después, Paganza "denunció otros hechos nuevos" entre los cuales Itaú le establecía un "límite máximo individual por transacción de $ 5.000 para ordenar débitos de sus cuentas a través de Aduro S.A., límite que se comenzaría a aplicar a partir del 2 de abril de 2018".

Esto implicaba que los usuarios de Paganza que pagaran por la aplicación a través de una cuenta Itaú, como máximo podían abonar $ 5.000. Ante ello, el BCU "instruyó a Banco Itaú Uruguay S.A. a abstenerse de ejecutar la medida comunicada" hasta tanto el Central "se expidiera sobre las conductas denunciadas", indicó el organismo regulador.

Como Itaú no cumplió con las instrucciones que el BCU había impuesto, el regulador lo multó con 390.000 Unidades Indexadas (US$ 47.588 al día de hoy).

El País se comunicó con Itaú y Paganza ayer para intentar obtener sus versiones, pero ambos no estuvieron disponibles para hacerlo.