EVENTO

El rol antilavado de los contadores y la “ceguera”

“No deben ser guardianes de nada”, dijo el fiscal de Corte Jorge Díaz.

Díaz, López, Ricardo Gil Iribarne (Jutep) y Danubio Cruz (Senaclaft) ante contadores. Foto: Gerardo Pérez
Díaz, López, Ricardo Gil Iribarne (Jutep) y Danubio Cruz (Senaclaft) ante contadores. Foto: Gerardo Pérez

"No son guardianes de nada, no están obligados a evitar” operaciones de lavado de activos, aclaró ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a los contadores. Estos profesionales cuando actúan en determinadas circunstancias, son desde hace un tiempo sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas (ROS) por el origen de los fondos, lo que provocó cierta polémica con las autoridades.

La obligación deriva de la ley integral antilavado aprobada en 2017, que fue reglamentada a fines de 2018. Allí se sumó al elenco de sujetos que deben realizar los ROS a otros profesionales y fijó nuevas reglas para abogados, inmobiliarias, casinos, escribanos y rematadores, entre otros.

Sin embargo, el Colegio de Contadores (Cceau) no quedó conforme al entender que hay una zona “gris” respecto a la actuación de los profesionales.

“Cuando ocurre un tema de lavado no tenemos todas las cartas sobre la mesa ni somos investigadores. Nos parece que muchas veces se cree que el contador debe saber y conocer todo. No somos los que toman decisiones, solo asesoramos y muchas veces hasta desconocemos lo que el empresario hace”, manifestó a fines de agosto a El País la presidenta del Colegio de Contadores, Cristina Freire.

Ayer el Cceau organizó un evento titulado “La responsabilidad del contador frente a las nuevas exigencias en prevención del lavado de activos”, donde Díaz y otras autoridades hablaron a los profesionales.

El fiscal de Corte aclaró que es “una posición errónea” la que sostiene “que los sujetos obligados son garantes y tienen la obligación de intentar evitar el lavado” de dinero.

Remarcó que “el delito de lavado de activos se comete por acción, no por omisión” y que ante una operación efectuada con dinero sucio “no los voy a llevar a la Fiscalía a preguntarles por qué no reportaron”.

Sin embargo, Díaz transmitió a los contadores que lo que sí está penado es la llamada “ceguera voluntaria”, figura que la describió como “tenía un elefante adelante mío y no lo vi”.

“Si yo como contador soy integrante de una sociedad anónima, la vendí y sigo en el directorio sin hacer nada. Si se hace algo mal (usando esa sociedad) sí le voy a preguntar: ‘usted no pensó que al venderse la sociedad podía usarse para eso’”, comentó el fiscal de Corte.

Agregó que “la ceguera voluntaria implica bajar el estándar de cumplimiento ante ciertos casos”, y recordó un episodio con el dueño de una casa de cambio: “me dijo que conocía al cliente porque era amigo de un amigo, y en realidad no lo conocía y su cliente era un argentino que lavaba dinero”.

También participó del evento el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), Néstor López, quien respondió a Freire sobre los cuidados que se toman para mantener en reserva la identidad de quien reporta una operación sospechosa. “Hoy ni siquiera la Justicia nos puede pedir (identificar) un ROS. Si no mantenemos la reserva vamos presos”, afirmó.

Aclaró que un reportante puede ser citado en el marco de una investigación de la Justicia por sus vinculados en la operación, pero no por ser quien efectuó el ROS.

Por otra parte, López compartió lo dicho a El País hace unos meses por el especialista en lavado de activos Rafael García, quien apuntó que había muchos ROS defensivos -“les da miedo un cliente y hacen un reporte (a la UIAF), porque es más fácil eso que gastar tiempo en un análisis más profundo”, había dicho el experto- y por eso no crecía el número de casos que llegan a la Justicia.

El funcionario del BCU señaló que “es muy importante que nos digan por qué creen sospechosa (la operación), no solo decir se sale del perfil habitual, porque eso es un ROS defensivo y no sirve”. A su vez, señaló que la cantidad de casos que la UIAF deriva a la Justicia está alineada al panorama internacional, que muestra que entre 5% y 8% de los ROS llegan a investigarse penalmente.

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