Entrevista

En entrevista con El País, Daniel Espinosa habló de los aprendizajes que dejó el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, de los riesgos que tiene Uruguay por no aprobar una ley antiterrorismo y de a dónde iría si tuviera que lavar dinero.

Desde 1998 se está especializando en la lucha contra el lavado de activos, primero en el Banco Central y luego en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que dirige desde 2017. Daniel Espinosa dice que entre sus comienzos y ahora, los controles “son como el día y la noche”, porque antes “no había conciencia sobre el origen de los fondos” y hoy eso cambió, no solo a nivel financiero y de los profesionales sino también de la sociedad.

En diálogo con El País, repasó las fallas que quedaron al descubierto con casos recientes como el sindicalista argentino Marcelo Balcedo (capturado en Playa Verde) y el capo narco mexicano Gerardo González Valencia (del cártel mexicano de Los Cuinis que vivía en Punta del Este). También el cambio que realizó Uruguay hacia la transparencia y lo que falta, como aprobar una ley antiterrorismo (ver aparte). A continuación, un resumen de la entrevista:

-Los colectivos de profesionales critican los controles que deben hacer sobre sus clientes. ¿Lo cree un reclamo válido o responde a que parte de ellos trabajaban con “dinero negro”?

-Creo que es legítimo decir “me estás poniendo una obligación que me complica la relación con mi cliente y ahora tengo la carga de averiguar cosas y quizás reportar”, lo que antes no tenía. Pero hay que ver la otra parte, la necesidad que tenemos de que se colabore porque si no es imposible evitar el lavado. Porque si hay profesionales que amparan esas operativas no se puede combatirlo, o si hay otros que prestan nombres o arman estrategias para mover los fondos. Hay que adaptarse a las nuevas tendencias y lo que debe hacerse es ser pragmáticos y tratar que los controles no sean rigurosos gratuitamente, sino enfocarse en el riesgo. No tratar a todos los clientes igual, si tenés un estudio vas a tener distintos tipos de clientes: no residentes, gente que viene de lugares que te pueden generar una mayor percepción de riesgo, entonces se trata de segmentar y controlar a los más riesgosos.

-Relacionado al reclamo de las inmobiliarias, ¿qué tan cierto es que buena parte de las construcciones de Punta del Este se hicieron con dinero no declarado de argentinos?

-Es algo que estuvo incluso en la evaluación de riesgos, se consideró ese fenómeno. Uruguay siempre ha sido receptor de fondos regionales, no solo de Argentina sino también Brasil, porque había una libertad para los movimientos financieros que no tenían los países vecinos. Entonces muchos de esos fondos informales se canalizaron en el sistema financiero o el sistema inmobiliario. Lo que hay que tener en cuenta es que hasta diciembre de 2017 los fondos que venían provenientes de delitos fiscales no eran considerados lavado de activos en Uruguay, entonces no tenían una barrera de control y se facilitaba adicionalmente el ingreso de dinero.

-El periodista argentino Hugo Alconada Mon dijo en octubre a radio El Espectador que Uruguay “es la meca del lavado en América del Sur”. ¿Qué opina?

-Es consistente con lo que estaba diciendo, que Uruguay en algún momento tuvo un sistema con intenciones de ser una plaza regional, hablamos de 15 o 20 años atrás, donde hasta públicamente mostrábamos esa intención y eso era consistente con la estrategia país. Eso ya no es así, ha ido cambiando y se ha visto a lo largo de estos años, se empezaron a cerrar todas las brechas que tendían a favorecer al Uruguay plaza regional. Él lo habla desde su visión de argentino y de lo que han sido los casos; en determinado contexto histórico ha sido cierto eso. Lo que no está viendo Alconada es que ese camino se ha ido cerrando desde hace varios años y Uruguay ya está en otro camino, hacia la transparencia.

-¿Qué enseñanza dejó en materia de controles de lavado el caso de Marcelo Balcedo?

-Reafirmó algunas cosas que se sabían. Por ejemplo, que la gente acá podía comprar inmuebles con dinero en efectivo y eso desde abril de este año se cortó. Balcedo conocía bien la normativa porque prácticamente no ingresó al sistema financiero. No tenía cuentas, sino que contrató un cofre fort donde tenía millones de dólares, contrató eso porque ahí el operador no le pregunta qué va a poner. Él aprovechó determinadas falencias del sistema. Otra cosa, es que hizo determinadas operaciones inmobiliarias y no hubo un adecuado reporte de operaciones sospechosas a pesar de que compró con efectivo. Muestra carencias que teníamos identificadas y están en vías de solución, es una prueba que existían y puede haber algún caso más, no con tanto dinero como Balcedo.

-¿Balcedo era el paradigma del lavador de dinero?

-Todo lo contrario. Es un caso, por todo lo que vio la gente como el desfile de autos, la chacra, opuesto al lavador típico, que lo que quiere es pasar desapercibido, tener una buena casa o un auto, pero no llamar la atención. Es una conducta contradictoria con su objetivo.

-¿Y esa ostentación no deja más al descubierto las fallas para que pudiera operar?

-Sí, es parte del diagnóstico. Él compró hasta 2015, ahí fue que se estuvo haciendo la evaluación de riesgo y se detectó eso, y la Secretaría Antilavado empezó a supervisar al sector no financiero, porque se veía que escribanos e inmobiliarias no estaban cumpliendo bien porque no tenían un control rígido ni sentían las obligaciones. La idea es que casos como el de Balcedo no se pueden repetir, hubo señales evidentes de inusualidad que debían haber sido reportadas.

-Otro caso notorio fue el de Gerardo González Valencia. La agente inmobiliaria y la escribana que trabajaron para él fueron absueltas por la Justicia. ¿Cómo se explica eso?

-Ahí hay que separar, una cosa es el plano penal, que en el caso de los profesionales a veces es muy difícil ver qué grado de participación tuvo en la maniobra. Porque una cosa es que yo le preste un servicio y no cumpla la debida diligencia y otra es que yo sepa qué actividad delictiva está desarrollando la persona, por eso creo que en el ámbito penal hay que ser muy prudente. Desde el punto de vista administrativo, en cambio, estamos desarrollando en el caso de esa escribana una actuación que entendemos va a ser sancionatoria porque no cumplió adecuadamente las normas de debida diligencia.

-Cuando se captura a estas personas, ¿lo toma como un logro o lo pone mal ver los años que estuvieron operando?

-Las dos cosas. Es un logro porque es importante investigar a una persona, culpabilizarla y decomisarle los bienes, pero también es una muestra de que el riesgo existe y es un recordatorio de que no estamos lejos de lo que pasa en el mundo. Podría nombrar también (la captura) el año pasado del italiano (Rocco) Morabito. Son casos que se van viendo, de gente vinculada al mundo internacional del crimen y que estaban acá. Entonces es una buena oportunidad para aprender de cada caso. Morabito por ejemplo, se instaló en Uruguay y obtuvo la ciudadanía, porque vino con un pasaporte brasileño perfecto, pasó todos los controles.

-¿Siempre eligen balnearios del este los lavadores?

-No sé, no quiero estigmatizar. Pero fíjate que en Uruguay si vengo del exterior, ¿a dónde voy a venir?, tengo el este, Montevideo y quizás Colonia. Es también por el tipo de vida que esa gente quiere tener, de acceder a los mejores servicios e inmuebles. Por eso buscan la zona de la costa y también campos. En algún otro caso se detectó personas que compraron campos.

-Lo invito a ponerse del lado de las personas a las que combate. ¿Vendría a lavar dinero a Uruguay?

-Y no, porque hoy estamos tratando de cerrar todos los puntos. Una desventaja de Uruguay es que es muy chico y eso debería jugar a favor del control, porque cualquier movimiento de fondos grandes tendría que causar algo. Capaz voy a Londres a comprar un inmueble y por US$ 30 millones compro un apartamento y nadie se entera. Yo no sé si vendría a lavar a Uruguay, creo que iría a alguna ciudad importante.

-¿La sociedad ve a estas personas como delincuentes o no?

-Creo que ha cambiado la percepción. Antes todos teníamos que el delito de cuello blanco era menos gravoso y menos criticable que el delito puro y duro, pero si nos ponemos a mirar los efectos, es mucho peor el lavado de dinero. Y el peor es el corrupto que le roba a su gente para enriquecerse. La gente ha ido tomando conciencia de eso a medida que han aparecido estos casos evidentes. Vuelvo 15 años atrás o 20, hubo una discusión de si estaba bien o no recibir esos fondos, había una posición que decía que mientras venga la plata no importa porque es desarrollo e inversión; creo que esa discusión ya no se da y que la gente es consciente que no podemos ser un país que reciba plata así.

-¿Entiende el interés mediático por estos casos?

-Sí, claro. Lo de Balcedo fue un caso espectacular, fue el caso del verano. Creo que hay cierta fascinación por los narcotraficantes y acá Balcedo no era narco, pero tenía mucha similitud, con una chacra con animales y autos de alta gama.

-¿Vio la serie Ozark? ¿puede ser real la operativa de lavado de dinero que relata?

-Sí. Es una serie y yo tengo mis dudas en algunas cosas. Hacer lo mismo tanto tiempo, e igual que lo que hablábamos de Uruguay, hacerlo en un lugar tan chico, no me cierra que no haya sido detectado. Pero me gustó mucho, más allá de eso.

“Se vieron casos de gente vinculada al crimen internacional que estaba acá”

Daniel Espinosa

Uruguay se prepara para evaluación y aún hay falencias legales.

-Con la ley integral aprobada en 2017 y recientemente reglamentada, ¿se llegó a un marco legal óptimo en materia de control al lavado de activos?

-Tenemos dos partes. En el tema del lavado podemos decir que estamos bastante bien, la ley integral contempla todas las vulnerabilidades que habíamos detectado cuando en 2015 se hizo una evaluación de riesgo. Entonces en esa área estamos bien, lo que tenemos que hacer es aplicar mejor e implementar todo, y que los sujetos obligados incorporen la nueva reglamentación, lo que es un tema de tiempo. Otro tema es en materia de financiamiento del terrorismo, que en noviembre de 2016 la Secretaría (antilavado) presentó otro proyecto, es decir que fueron dos leyes integrales y la de terrorismo aún no está aprobada. Ahí tenemos determinadas cuestiones que tienen que ver con la tipificación del delito de terrorismo y financiamiento, con las sanciones financieras que aplica Naciones Unidas para personas vinculadas al terrorismo, y con la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso es un atraso normativo respecto de los estándares internacionales, tendríamos que aprobar esa ley u otra muy similar para cubrir esa parte que nos falta.

-¿Eso puede afectar en la evaluación que realizará en 2019 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)?

-No tengo dudas que vamos a tener problemas con la evaluación internacional si no aprobamos esto. Es una parte muy sensible e importante, prácticamente un 30% de la evaluación que se va a realizar versa sobre terrorismo y financiamiento. Si no lo tenemos actualizado, vamos a tener malos resultados en esa área, lo que va a condicionar el resto.

-¿Por qué no se aprobó esa ley? ¿Aún hay tiempo de hacerlo antes de la evaluación?

-En general la discusión en el Parlamento de las leyes de terrorismo y financiamiento en todos los países genera discusiones, a veces porque la definición de terrorismo se puede mezclar con actividades de grupos sociales. Siempre hay ruido y supongo que es parte de lo que ha detenido acá la aprobación. Sobre los tiempos, la metodología de evaluación incluye un cuestionario que se presenta a fines de enero, pero la visita de evaluación que es cuando viene el equipo de Gafilat y entrevista a todas las autoridades va a ser del 5 al 17 de mayo. Se contempla que hasta el 17 de mayo si hay alguna ley aprobada entra, el día después ya no. Tenemos cinco meses, espero lleguemos a tiempo para evitarnos un problema.

-Más allá de los estándares, ¿Uruguay está expuesto a que pasen fondos del terrorismo?

-En la evaluación de riesgos que se hizo el tema terrorismo se considera de riesgo bajo, porque Uruguay no tiene grupos terroristas activos ni acciones terroristas en territorio, pero eso no quiere decir que no tengamos riesgo de financiamiento del terrorismo. Como plaza y país integrado al mundo, no tenemos los mismos riesgos que otros, pero no podemos decir que estamos alejados. El riesgo no es alto, pero no hay que descartar la posible existencia de fenómenos terroristas. En Argentina el año pasado hubo un caso de financiamiento de terrorismo vinculado a la Triple Frontera. Si el dinero anda cerca tenemos que ser prudentes, proactivos y controlar.