REGLAMENTACIÓN EN MANOS DEL MEF

Secreto bancario se flexibiliza a residentes con más de US$ 50.000

Abarca a unas 108.000 cuentas, 5% del total, según el MEF; para no residentes es mayor.

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Igual que en Diputados, la oposición en el Senado votó dividida. Foto: F. Flores

Con los votos del oficialismo, el Senado aprobó ayer la ley que "da un golpe casi mortal" al secreto bancario en palabras del presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara. A su vez, el Poder Ejecutivo definió que el monto a partir del cual se deberá informar a la Dirección General Impositiva (DGI) el saldo, promedio anual y rendimiento de los depósitos bancarios será US$ 50.000 para residentes, ya sean personas físicas o jurídicas.

La denominada Ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aparte de flexibilizar el secreto bancario obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales (ver aparte). En la votación en general, recabó 21 votos en 31 senadores, dado que además del Frente Amplio fue apoyada por el sector Alianza Nacional (Partido Nacional) y el Partido Independiente.

Pero, el artículo 2 que constituye la 10° flexibilización en la historia del secreto bancario para residentes —el artículo 1 establece lo mismo para no residentes—, solo contó con los 16 votos del partido de gobierno.

En ese punto, la ley indica que "las entidades financieras residentes y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes, deberán suministrar anualmente a la DGI (…): el saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil así como su promedio anual durante el referido año o la cancelación de la misma; toda ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor en cuenta".

Tan importante como la ley es la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo en los próximos días. Allí se establecerá que todas las cuentas de residentes con depósitos superiores a US$ 50.000 deberán reportar su saldo, promedio anual y rendimiento al fisco, adelantó a El País el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

Para los no residentes, se respetará el estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): más de US$ 250.000 para cuentas a nombre de personas jurídicas y más de US$ 1.000.000 en el caso de personas físicas. Ferreri aclaró que esos montos regirán el primer año, pero desde 2018 se deberán informar todos los depósitos de extranjeros sin importar el monto. Mientras que el valor límite de reporte para los residentes será evaluado por el gobierno luego del primer año de aplicación, agregó.

La aprobación de la ley en la última sesión del año del Senado responde a que Uruguay se comprometió a comenzar en 2018 el intercambio automático de información tributaria —al que ya adhirieron 86 países— y para ello necesita los reportes de saldos en cuentas bancarias de no residentes del ejercicio 2017.

La información bancaria de los extranjeros será enviada al fisco de su país de origen en el marco de esa cooperación, mientras que los datos sobre residentes serán usados por la DGI para tareas de fiscalización.

Sobre esto último, Ferreri señaló días atrás que la información permitirá realizar "mejores controles" para que haya "equidad tributaria y todos contribuyan con sus impuestos en base a sus posibilidades".

Según estima el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la nueva ley quedarán incluidas en la obligación de reportar unas 108.000 cuentas bancarias de un total superior a 2,1 millones de depositantes que existen en el sistema financiero uruguayo —aproximadamente el 5%—, indicó Ferreri.

El subsecretario ya había dicho tiempo atrás que en la reglamentación se iba a excluir del reporte a aquellos depósitos de bajo monto y escaso riesgo fiscal, como las "cuentas sueldo" abiertas para cobrar retribuciones por vía electrónica.

La ley sostiene que la información brindada por los bancos a la DGI tendrá carácter secreto, y aclara que "toda persona podrá solicitar el acceso a sus datos en poder de la Administración Tributaria con la finalidad de controlarlos, verificarlos y rectificarlos". También que las entidades financieras deberán comunicar a sus clientes "a más tardar 45 días antes del primer suministro de información, que los datos de los que son titulares" serán enviados al fisco.

A mitad de año cuando acudió al Parlamento a una Comisión especial creada tras la divulgación de los Panamá Papers, Bergara había manifestado acerca de las disposiciones aprobadas ayer: "Creo que el paso adicional de dar automáticamente la información de depósitos de no residentes y residentes a las distintas jurisdicciones tributarias es un golpe casi mortal al secreto bancario que, a decir verdad, lo vemos con buenos ojos". Mientras que el subsecretario de Economía subrayó la semana pasada luego de asistir a la Comisión de Hacienda del Senado por este proyecto, que la adopción de normas de transparencia fiscal están "enmarcadas en la estrategia de inserción internacional" de Uruguay y subrayó que "para un país pequeño, que exporta y que recibe inversiones, estar alineado con los estándares internacionales es muy importante".

Repartidos.

Igual que en Diputados, la oposición en el Senado votó dividida: Alianza Nacional (PN) y el Partido Independiente apoyaron el texto en general y los artículos que surgían de obligaciones de la OCDE, pero no las normas sobre residentes. El Partido Colorado y el sector Todos (PN) rechazaron el proyecto en general y su articulado.

TRES VISIONES SOBRE EL MISMO TEMA.

"Arrodillado" - Luis Alberto Heber - Senador de "Todos" (PN).

"Están haciendo los deberes que ni siquiera les pide la OCDE. Yo hubiera sido partidario de ser reticente. Es una nueva forma de imperialismo que hay. El Frente Amplio que era anti-imperialista ahora está arrodillado ante el imperio", dijo en una parte de su alocución.

El tren no para - Jorge W. Larrañaga - Senador de Alianza Nacional (PN).

Dijo que "no se puede evitar" el "tren de la transparencia" fiscal y por eso en general acompañó el proyecto. Cuestionó que "por vía reglamentaria se puede avanzar más que lo que exige la OCDE" y eso sería un "aprovechamiento totalmente indebido".

No gusta, pero... - José Mujica - Senador del MPP (FA).

"No me gustan mucho estas cosas, pero las tengo que acatar porque vivo en el mundo que vivo, y somos un país de 3 millones de habitantes", dijo. "Hay una gran presión internacional. Está el poder que no vemos, que es el de la concentración de la riqueza", agregó.

LAS "CLAVES" DE LA NUEVA LEY

Reporte de saldos en cuentas.

A partir de 2017 las instituciones financieras (bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros) estarán obligadas a reportar anualmente a la DGI los saldos en cuentas bancarias de los clientes residentes y extranjeros, así como también el promedio anual del depósito, una eventual cancelación, y toda ganancia o rendimiento generando por dicho dinero. Además, deberá identificarse el beneficiario final de las cuentas con alto riesgo fiscal según criterios del Poder Ejecutivo, y para abrir una nueva cuenta se tendrá que declarar la residencia fiscal del titular. La omisión en el envío de información acarreará una sanción que pueda llegar hasta 1.000 veces el máximo de la multa por contravención (US$ 215.000 máximo).

Beneficiario final de las sociedades.

Desde el próximo año todas las sociedades (persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión u otro patrimonio de afectación o estructura jurídica) con residencia fiscal en Uruguay "deberán identificar inequívocamente a sus beneficiarios finales". Esto rige también para las entidades no residentes que actúen en el país con un establecimiento permanente, y a los beneficiarios de fondos de inversión y fideicomisos del exterior cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en Uruguay. Por beneficiario final se entiende a la "persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad".

Más carga impositiva a paraísos.

Se castiga con mayores impuestos a las sociedades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación (denominados "paraísos fiscales") o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. Hay varios cambios tributarios específicos, aunque en líneas generales se sube de 12% a 25% la tasa impositiva de estas sociedades. Se abre un período hasta el 30 de junio de 2017 con exoneraciones para regularizar la situación de estas entidades o los bienes bajo su propiedad. Un experto tributario que asistió al Parlamento dijo que los cambios provocarán "la muerte de las panameñas", en referencia a las offshore abiertas en dicho país.

DEBATE ENTRE SENADORES PREVIO A LA VOTACIÓN DIO PARA TODO.

Entre la intimidad, la inconstitucionalidad y la OCDE

Senadores de la oposición y el oficialismo se centraron en el derecho a la intimidad y hasta la posible inconstitucionalidad.

Entre los opositores, los más duros fueron Luis Alberto Heber y Álvaro Delgado (Todos, Partido Nacional). "De rodillas peladas están, pidiendo perdón por ser uruguayos, como si fueran delincuentes. ¡Queremos inversiones! Y cuidado que está la OCDE porque van a pagar impuestos allá", criticó Heber.

Delgado señaló que esto es el "horadamiento, destrucción, muerte del secreto bancario" y que "es un proyecto demasiado importante para el Uruguay y había que votarlo antes de fin de año" por lo que "no sabemos si hay un cangrejo debajo de la piedra porque no tuvimos tiempo" de analizarlo.

"Le estamos dando un poder enorme a la (Dirección General) Impositiva" y hay "connotados abogados que dicen que este proyecto es inconstitucional", añadió.

El senador colorado (Vamos Uruguay) Pedro Bordaberry dijo que el escritor George Orwell "anticipó lo que estamos viviendo en el Uruguay, el gran hermano, el que todo lo controla".

Del oficialismo, el senador José Mujica (MPP) dijo que "es posible que haya alguna injusticia, y es posible que cometamos algún error, pero me parece que la dirección hacia dónde vamos es lo más correcto si queremos ser un país de trabajo". Agregó que "a la inmensa mayoría del país" la ley "ni le va ni le viene".

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