Es el límite sobre el que los bancos deben informar en el caso de empresas.

Las cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas (empresas básicamente) con más de US$ 250.000 quedarán incluidas dentro del reporte de saldos que deberán enviar desde el año próximo los bancos a la Dirección General Impositiva (DGI). En el caso de las cuentas a nombre de personas físicas, el límite a partir del cual se debe reportar será de US$ 1.000.000.

Así lo informó a El País el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que explicó que ambos valores están alineados al estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta nueva obligación de reportar los saldos depositados forma parte del proyecto de ley de transparencia fiscal que además de perforar el secreto bancario (para cuentas que superen los montos antedichos), obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales, entre otras disposiciones.

En el articulado del proyecto de ley no se establecen los valores límite, sino que serán incluidos en la reglamentación que realizará el Poder Ejecutivo tras su aprobación que se estima la semana próxima.

Según el monitor del sistema bancario de la consultora Deloitte con datos a julio, hay 53.576 cuentas con depósitos superiores a US$ 100.000 de un total de 2.144.992 (un mismo cliente puede tener más de una cuenta), por lo que la cantidad de cuentas obligadas a realizar el reporte sería inferior al 2,5% del total de cuentas.

Ferreri adelantó que el monto límite es para el primer año (2017) y que para los años siguientes existe la posibilidad de "bajar (el monto) conforme a los estándares" de la OCDE, los que el gobierno prevé seguir.

El abogado tributarista Leonardo Costa, que había recomendado en la Comisión de Hacienda adoptar el estándar OCDE para definir el monto límite del reporte de datos bancarios, dijo a El País que la decisión del Poder Ejecutivo "es una buena noticia" porque equipara los valores a los utilizados en el resto del mundo.

El artículo inicial del proyecto de ley establece la obligación de las instituciones financieras (bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros) de informar anualmente a la DGI "el saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil así como su promedio anual durante el referido año" de todos aquellos clientes residentes y no residentes. Ayer el subsecretario de Economía concurrió a la Comisión de Hacienda del Senado para explicar algunos aspectos del texto, que terminó siendo aprobado en dicho ámbito con el apoyo únicamente del Frente Amplio y será votado el próximo jueves en el plenario.

El proyecto de ley ya fue votado en noviembre por la Cámara de Diputados y debe tener la sanción definitiva antes de que finalice el año, dado que Uruguay se comprometió a comenzar en 2018 el intercambio automático de información tributaria —al que ya adhirieron 86 países— y para ello necesita los reportes de saldos en cuentas bancarias de no residentes del ejercicio 2017.

La información sobre los extranjeros será enviada al fisco de su país de origen, mientras que los datos sobre residentes serán usados por la DGI para tareas de fiscalización. Respecto a esto, Ferreri dijo a El País que se van a poder realizar "mejores controles" para que haya "equidad tributaria y todos contribuyan con sus impuestos en base a sus posibilidades".

Precisamente este punto fue el que concentró las críticas de la oposición y llevó a que sus legisladores no acompañen la iniciativa. Incluso provocó un intenso debate ayer acerca de los derechos de los contribuyentes, que la oposición entiende son avasallados.

"Se dan enormes poderes a la DGI, ahora con la perforación del secreto bancario tendrá miles de datos más y cada vez tiene más poder, mientras el contribuyente queda cada vez más chiquito", expresó a El País el senador colorado José Amorín Batlle. Agregó que el proyecto de ley es una exigencia de la OCDE que el gobierno "aprovecha para ver si puede recaudar más" obligando a los residentes a reportar sus saldos bancarios.

Mientras que el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, indicó que Uruguay "está haciendo más deberes que los que pide la OCDE y están dispuestos a hacer otros países". También señaló que la perforación del secreto bancario "vulnera en pos de cumplir con esos deberes algunos derechos establecidos en la Constitución", por lo que entienden que el proyecto podría ser inconstitucional.

En respuesta a estos cuestionamientos, Ferreri manifestó que la adopción de normas de transparencia fiscal impulsadas por la comunidad internacional están "enmarcadas en la estrategia de inserción internacional" de Uruguay. Explicó que "para un país pequeño, que exporta y que recibe inversiones, estar alineado con los estándares internacionales es muy importante".

Por su parte, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo luego de comparecer en la Comisión de Hacienda que "Uruguay tiene que decidir si está en ese club (el de la transparencia fiscal) o en el otro. El tema es que el otro club es chiquito y de paraísos fiscales, a ese club no queremos pertenecer", según consignó radio Montecarlo.

Todas las obligaciones vinculadas al reporte de los saldos bancarios forman parte del capítulo inicial del proyecto. El capítulo 2 contiene normas que obligan a identificar a los beneficiarios finales de todas las sociedades con residencia fiscal en Uruguay, mientras que el siguiente establece mayores impuestos para las sociedades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación (paraísos fiscales). El capítulo final actualiza la normativa de precios de transferencia, que buscan evitar que empresas vinculadas manipulen los valores de intercambio para disminuir sus pagos de impuestos.

Junto al texto de transparencia fiscal, ayer la Comisión de Hacienda del Senado aprobó otros dos proyectos impulsados por el Ministerio de Economía que tendrán sanción definitiva el próximo jueves cuando se reúna el plenario. Uno de ellos está vinculado con los derivados financieros — como los contratos futuros, forward o swap utilizados principalmente en el agro— y establece modificaciones al Texto Ordenado de la Dirección General Impositiva (DGI) para arbitrar una solución en materia de imposición a la renta de estos instrumentos. El otro establece cambios en la ley de inclusión financiera como exceptuar del pago obligatorio por vía electrónica a las trabajadoras domésticas y a quienes residan en localidades de menos de 2.000 habitantes sin cajeros automáticos; también prohibe fijar un monto mínimo para aceptar pagos con tarjeta de débito.

MATHÍAS DA SILVA

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