La Secretaría Nacional Antilavado de Activos asumirá a partir del próximo 1° de enero de 2016 un control más efectivo en la materia con personal preparado de otras reparticiones estatales como la Dirección General Impositiva (DGI).

Esto ocurrirá a partir que el Poder Ejecutivo promulgue la ley de Presupuesto para el actual quinquenio.

Hasta el momento la investigación de este tipo de actividades ilegales corre por cuenta de la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

"Lo que se vio hasta el momento es que la AIN tenía muchas actividades y no tenía tiempo para controlar, sobretodo, al sector inmobiliario uno de los principales al que el gobierno tiene en la mira", explicó el socio del estudio Guyer & Regules Diego Baldomir durante una realizada en Punta del Este.

Baldomir recordó que en el ejercicio 2014 el sector inmobiliario emitió un solo reporte de operación sospechosa de lavado, conocido por sus siglas ROS. "Este resultado es algo sin sentido", afirmó.

"Con este cambio lo que se viene es un control muchísimo mayor al que existe hoy día. Esto implica que la Secretaría Antilavado, cuando hoy día no tiene mucho personal, contará con más funcionarios de la DGI y de la Auditoría Interna de la Nación que pasarán en comisión. Estos funcionarios harán las inspecciones. ¿Por qué? Son funcionarios públicos que están habituados a este tipo de tarea", expresó.

"Con estos funcionarios la Secretaría Antilavado llevará adelante un control mucho más estricto de los sujetos obligados que no están sujetos al control del Banco Central (BCU)", advirtió Baldomir. "Disculpen si les doy malas noticias pero esto es lo que va a pasar una vez sancionada la ley de Presupuesto", bromeó Baldomir ante los inmobiliarios presentes en el encuentro.

"¿Por qué? Hay estudios de algunos años que establecen que el lavado de activos en un 30% se hace con la compraventa de inmuebles. Es un porcentaje muy grande. Por lo tanto se puso en la mira a las operaciones con inmuebles. Es por eso que también se obligó a los escribanos a informar", agregó.

Baldomir recomendó a los empresarios sujetos a este tipo de control un manual de protocolo para actuar en la materia.

"Inspeccionar a una inmobiliaria que no haya cumplido con las normas, lo cual implica tener un manual de procedimiento y políticas, tener un formulario de conocimiento del cliente, tener los reportes de cada cliente que ha venido al negocio completo y con todos los datos, para el supervisor es una falta importante", advirtió.

"Más aún si llega a estar involucrada en una maniobra de lavado de dinero, no contar con estos instrumentos es todavía peor. Hay que cumplir con las normas", insistió.

Baldomir anunció que en el año 2019 el Uruguay será objeto de una inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocida por sus siglas GAFI.

"El GAFI va a poner hincapié no solo lo que tiene que ver con la normativa, donde Uruguay está muy bien posicionado porque es uno de los países más cumplidores del mundo, sino también en la supervisión de esas normas por parte de las autoridades respectivas", explicó. Eso es "que esas normas existan y se apliquen por todos. Es uno de los principales puntos que tendrá la inspección de GAFI, cómo el gobierno está supervisando a todos los sujetos obligados. Por eso es que el gobierno pondrá su mira en todos aquellos que no están supervisados por el BCU. Van a comenzar a realizar inspecciones para que todos, al menos, cuenten con los mecanismos que exige la ley al respecto", añadió.

Baldomir recordó que hasta el momento cuando se constata una falta, la sanción se aplica previa consulta a la Unidad de Análisis Financiero del BCU. "Porque el BCU tiene mucho más experiencia en el tema. Entonces la opinión previa del BCU para sancionar a alguien era algo lógico. (Ahora eso cambia) no sé si porque alguien al tipear la norma se olvidó de la última parte o se hizo a propósito para darle más autonomía a la Secretaría Antilavado", explicó.

Secretaría Antilavado incorporará a funcionarios de DGI