Escasez de recursos es uno de los problemas indicados por informe.

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia se sometió a un análisis riguroso, del cual se desprenden cuáles son las fortalezas de este órgano desconcentrado del Ministerio de Economía (MEF) y cuáles, en cambio, son los puntos flacos en los que se debe trabajar más.

Este estudio fue llevado adelante a pedido de Uruguay por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por su sigla en inglés) y se presentó en octubre del año pasado en Ginebra.

Ahora, la autora del trabajo llegó a Uruguay para dar cuenta de sus principales conclusiones. En una conferencia ayer en el MEF, la abogada costarricense Pamela Sittenfeld dijo que la ley 18.159 (de "defensa de la libre competencia en el comercio") podría tener una regulación "más específica" que genere "mayor certeza" a los diferentes agentes económicos.

Uno de los puntos donde hizo más énfasis fue el dinero con el que cuenta la comisión para realizar sus tareas. "Ha hecho un trabajo excelente con los recursos que tiene", dijo.

En 2015, el presupuesto de la comisión rondó los US$ 446.000. Esto no es "suficiente", sostuvo la abogada, quien ejemplificó que El Salvador destina un monto tres veces mayor. La escasez de recursos —que también pega en la cantidad de gente que puede contratar— genera que la comisión se vuelva "más reactiva que proactiva".

Asimismo, la experta sostuvo que la tipificación de las prácticas anticompetitivas en la legislación nacional "a veces es confusa". Agregó que estas "deben estar lo mejor definidas posibles".

En relación a las sanciones, comentó que son "suficientemente altas" pero que sí se debe perseguir su "efecto disuasorio", para que la práctica en cuestión no se repita. Además, planteó que hay "espacio para darle mayor autonomía" a este órgano desconcentrado, para que "realmente" sea un órgano técnico y no esté a merced de decisiones políticas.

ANÁLISIS RIGUROSO