Partidas extrasalariales

La Cámara de Senadores votó ayer un proyecto que introduce cambios en la ley de Inclusión Financiera. Uno de los aspectos que genera mayor discusión son las modificaciones a los cobros extrasalariales como tickets alimentación o combustible. El proyecto vuelve a Diputados para su sanción.

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Más allá del aspecto más conocido que es la obligatoriedad de cobrar los sueldos por vía bancaria o dinero electrónico, la ley de inclusión financiera de 2014 engloba una serie de disposiciones vinculadas a los pagos. Un proyecto que envió el gobierno al Parlamento modifica algunos aspectos y lo más discutido son los cambios en el mercado de las partidas extrasalariales, como los tickets alimentación.

Ayer la Cámara de Senadores votó el proyecto de ley (con apoyo de la oposición, 25 en 29 afirmativo) y como le realizó cambios debe volver a Diputados para su aprobación final.

Las modificaciones de las reglas que rigen las partidas extrasalariales —como tickets alimentación (los más habituales), restaurant o transporte— que perciben unos 250.000 trabajadoresgeneraron críticas a nivel político, de las firmas emisoras que operan en el mercado y de las gremiales empresariales.

Lo principal es que se equipara la lógica de funcionamiento de estas prestaciones al pago de salarios, dando la posibilidad al empleado de elegir por cuál institución cobrar (debiendo cumplir un año para poder cambiarse) y estableciendo que el servicio no tendrá costo para las empresas. Pero además, el proyecto reduce el tope máximo para la exoneración de aportes personales jubilatorios de estas partidas, lo que fue considerado por las cámaras empresariales como un aumento indirecto de impuestos.

El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y coordinador del programa de inclusión financiera, Martín Vallcorba, dijo el lunes en la Comisión de Hacienda del Senado que los cambios responden a que los emisores de tickets "continúan cobrando un arancel muy elevado" a los comercios y "un costo elevado al empleador". Agregó que es "un mercado con serios problemas de competencia y una concentración muy grande, por lo que estas disposiciones van a ayudar a que se generen nuevas posibilidades de desarrollo que redunden en mejoras para los comercios".

La reducción de la exoneración de las partidas extrasalariales que regirá en 2020 busca resolver casos como los de "trabajadores de ingresos altos, que terminan percibiendo un monto por concepto de tickets alimentación extremadamente elevado", lo que no era el espíritu de la norma y aparte podría "perforar el sistema de seguridad social", explicó Vallcorba.

Durante la sesión del Senado, el colorado Pedro Bordaberry cuestionó que modificaciones tan "engorrosas y complicadas" se aprueben "a las apuradas en diciembre", y por eso planteó que el proyecto vuelva a Comisión "para estudiarlo con más tiempo".

Álvaro Delgado del Partido Nacional señaló a El País que hubo "un tratamiento exprés". También informó que intentaron que la libertad para cobrar en efectivo se extendiera a los trabajadores, pero el Frente Amplio no lo aceptó.

Los motivos que dio Vallcorba en Comisión fueron que el pago por vía bancaria contribuye a la formalización y protege los derechos del trabajador en "la relación asimétrica" frente al empleador, criterios que no aplican para las jubilaciones y por eso se flexibilizan.

Respecto a la polémica por los tickets alimentación, el oficialista Rafael Michelini expresó que "no es un capricho" ni se busca que cierren empresas, sino que se daba "un conflicto" entre dar la libertad de elegir la institución emisora al trabajador y permitir cobrar por eso, ya que el empleador podría trasladar costos al empleado y entonces se optó por establecer la gratuidad.

Pablo Mieres del Partido Independiente respondió que "la libertad para el trabajador es a medias, porque vale para elegir la empresa de tickets pero no para el cobro de sueldo", obligatorio por vía bancaria. Agregó que las medidas del gobierno afectan "un negocio que estaba funcionando sin problemas" como el de los tickets, y coincidió con las firmas emisoras en que "se juega a favor de los bancos" con las nuevas reglas.

En lo único que cedió el MEF ante las críticas de las empresas emisoras es prorrogar hasta 2020 la entrada en vigencia de la gratuidad para los empleadores del servicio que brindan.

Por su parte, el senador blanco Luis Lacalle Pou subrayó que la ley de inclusión financiera "tiene partida de defunción firmada", en referencia a que si la oposición llega al gobierno la dejará sin efecto.

Gerentes de las dos principales empresas emisoras de tickets alimentación, Roberto Berrondo, de Sodexo, y Gabriela Yaffé, de Edenred, plantearon en el Parlamento sus críticas al proyecto de ley del gobierno y subrayaron que el nuevo panorama podría llevarlos a retirarse del negocio.

Una de las disposiciones impide a las firmas cobrar a los empleadores por el servicio que brindan, lo que tendrá como "consecuencia que no podamos continuar en el mercado, que tengamos que cerrar y, por supuesto, de la mano de eso viene la pérdida de puestos de trabajo", dijo Berrondo. Hacia adelante, los emisores el único ingreso que tendrían sería el arancel que cobran a los comercios por cada transacción que se paga con sus tarjetas y con eso no podrán "recuperar la inversión" y "los clientes se van a pasar a entidades bancarias, que serán los únicos que van a dar este servicio", agregó.

Ambas empresas creen que las nuevas condiciones favorecen a los bancos y otras entidades financieras, que podrán sumar como parte de sus servicios este tipo de partidas extrasalariales. "Se facilita y estimula la entrada de algunos actores que, por sus características, pueden dar un servicio gratuito, porque las prestaciones de alimentación no son su negocio principal, sino un complemento a servicios que sí tienen un costo como los préstamos de nómina, las tarjetas de crédito y los seguros", expresó Yaffé.

El MEF sostuvo que los cambios buscan estimular la competencia en el mercado de los tickets alimentación, pero para Berrondo eso es "lo que menos genera, porque se va dirigiendo toda esta actividad hacia un solo lado", el de los bancos. En ese sentido, Yaffé señaló que antes había solo dos empresas en el mercado pero hoy ya hay cinco prestadores, "y nosotros competimos con grandes desventajas frente a los bancos".