Informe

El informe macroeconómico 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se titula “Política para combatir la pandemia” y tiene que ver con los efectos del coronavirus en América Latina y el Caribe. El propio organismo se vio afectado por la pandemia, ya que el informe se iba a presentar en su asamblea anual en marzo, que se pospuso.

Lo primero es el impacto económico que tendrá el COVID-19 en la región. “La tasa de crecimiento resultante para la región en 2020, dependiendo del escenario, se sitúa en un rango entre el –1,8% y el –5,5%”, es decir una caída del Producto Interno Bruto (PIB), señaló el estudio.

“Los choques fuerte y severo presentan rangos del –3,0% al –3,9%” y “según los choques moderado y extremo, la región podría perder entre el 6,3% y el 14,4% del PIB en los próximos tres años”, agregó.

“El Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) se verá afectado por los precios de los productos básicos; la actual dislocación de los mercados financieros y la caída de los flujos de entrada de capital pueden ser particularmente importantes, ya que los países tienden a estar integrados financieramente”, explicó el BID.

“Esta subregión, con excepción de Brasil, se verá muy afectada en términos de pérdida de PIB. Brasil es una economía más grande, diversificada y cerrada, que tiene menor dependencia del financiamiento externo, al menos para el sector público”, agregó.

Esta recesión que verá la región (en el caso de Uruguay el gobierno prevé al menos un semestre de caída del PIB,como adelantó El País el pasado 19 de marzo) es diferente a otras según el BID. “No debe considerarse como una recesión típica. Cuando los países imponen un cierre organizado de gran parte de la actividad económica, no hay ninguna relación con las recesiones típicas o los ciclos de negocios”, aseguró.

Por eso, el BID_indicó que “la típica gestión contracíclica de la demanda, tanto fiscal como monetaria, es entonces inapropiada. De hecho, si un estímulo a la demanda reduce la política de distanciamiento social, será contraproducente para la salud. El objetivo de las políticas públicas debería ser más bien complementar los cierres, permitir a quienes pierden su fuente de ingresos adquirir alimentos y otros artículos de primera necesidad, y reducir al mínimo el número de empresas que despidan a sus trabajadores y se vean obligadas a liquidar”.

“En resumen, las políticas deberían tener por objeto proporcionar alivio (no estímulo) y evitar una amplificación de los costos económicos. Luego, en la fase de recuperación, un estímulo podría llegar a ser relevante”, señaló el organismo.

Por eso, según el BID_“las políticas macroeconómicas durante esta emergencia deben centrarse en cuatro áreas principales: (1) reducir la posibilidad de que aumenten los costos debido al cierre parcial forzoso de la economía; (2) apoyar a los bancos para que puedan seguir funcionando y ayudar a la economía; (3) ayudar a las empresas para que mantengan a los trabajadores en nómina y escapen a la liquidación y (4) compensar a los hogares que pierdan ingresos, especialmente a los pobres y vulnerables”.

Implementar medidas requiere tener capacidad para aumentar el gasto. Pero la realidad de muchos países de la región (Uruguay incluido) es que previo al coronavirus requerían un ajuste fiscal, para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB.

Según el BID “para una selección de países, el promedio del ajuste fiscal necesario para mantener constante el ratio de deuda a PIB (de alrededor del 57%) fue de alrededor del 1,6% del PIB. En estas estimaciones no se tienen en cuenta los gastos fiscales adicionales que los países están realizando en respuesta al cierre parcial de las economías, debido a la emergencia del coronavirus”.

Añadió que “sin embargo, las estadísticas sí proporcionan información valiosa sobre el espacio fiscal para impulsar el gasto a medida que estalla esta crisis. Los países que requieren un alto grado de ajuste fiscal tienen menos espacio que los que no lo requieren y es probable que les resulte más caro emitir deuda para financiar gastos adicionales o compensar la pérdida de ingresos”.

Por ello, “los países con deudas elevadas y grandes superávits primarios para reducir los coeficientes de endeudamiento pueden considerar la posibilidad de adoptar un ritmo de ajuste más lento para dar cabida a las medidas extraordinarias”, sugirió el organismo.

El informe enfatizó que “Chile y Perú son dos países que en el pasado construyeron arsenales fiscales y tienen niveles de deuda más bajos. Como resultado, tendrán más espacio para gastar que Argentina y Ecuador, por ejemplo”.

En el caso de Uruguay, previo a la aparición del coronavirus, necesitaba un ajuste fiscal de 2% del PIB —es decir por encima del promedio regional—, de acuerdo a la estimación del organismo.

Lo que tiene a favor el país, es el costo de financiamiento (siempre que los mercados estén disponibles, claro).

El riesgo país de países emergentes del banco JP Morgan, el EMBI, “revela que los países se enfrentan a limitaciones desiguales en este ámbito. Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay están pagando actualmente menos de 400 puntos básicos y tendrán más margen de financiación que otros países”, indicó el BID.

Una vez calibrado el margen con el que se cuenta, “la primera línea de ataque debería ser la contención y la mitigación del coronavirus reactivando el gasto en salud para una prevención, detección, tratamiento y contención efectivas”, recomendó el BID.

“El principal desafío es evitar un colapso de la infraestructura de salud. Los tiempos para el crecimiento vendrán más tarde. Dadas las limitaciones presupuestarias existentes, no deberían priorizarse las políticas de estímulo macroeconómico estándar, sobre todo porque muchas pueden no ser efectivas debido a la naturaleza de la crisis del coronavirus. La inversión en infraestructura debería focalizarse estrictamente en el sector de la salud”, complementó.

Por otro lado, “numerosas personas perderán sus ingresos mientras permanezcan confinadas en casa. Esto vuelve imperativo diseñar programas de subsidio que estén bien focalizados en los grupos vulnerables, sobre todo en los trabajadores pobres e informales. Teniendo en cuenta la experiencia del pasado, es clave que estos programas se diseñen como temporales, con cuentas separadas de otros programas de transferencia estructurales, e incluyendo cláusulas de expiración”, aconsejó el informe.

“Varios países de la región han avanzado rápidamente en esta dirección, con medidas como las transferencias a los hogares, las líneas de crédito a las empresas, las compensaciones salariales a los trabajadores cuyas empresas han visto disminuir sus ingresos y las reducciones o aplazamientos de los impuestos laborales y otras contribuciones a la seguridad social. El tiempo dirá si estas medidas habrán funcionado como apoyo a la liquidez —con una menor carga para la sostenibilidad— o como subsidios —con una presión sustancialmente mayor sobre las ya tensas cuentas fiscales”, agregó.

 “El sistema financiero puede desempeñar un papel importante como vehículo de políticas destinadas a proporcionar alivio a los hogares y las empresas frente al choque del coronavirus, pero su efectividad depende de quiénes puedan ser alcanzados por esos esfuerzos”, afirmó el BID.

“En América Latina y el Caribe, la mitad de la población mayor de 15 años no tiene una cuenta bancaria, en comparación con el 20% en Europa y Asia Central Los sistemas financieros en América Latina y el Caribe son relativamente pequeños y concentrados, y los márgenes son altos, lo que sugiere una falta tanto de escala como de competencia”, cuestionó el organismo.

“A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos para impulsar la inclusión financiera, persisten una baja participación y bajas tasas de utilización de los servicios bancarios modernos. La región tiene una utilización más baja de pagos online y un uso más alto de pagos en efectivo para los suministros que cualquier otra región del mundo”, criticó.

Pese a ello, “los bancos públicos y privados pueden ser vehículos útiles para proporcionar alivio a los hogares y las empresas. Varias políticas podrán proporcionar liquidez principalmente a las empresas formales en lugar de las informales, y a los hogares de clase media en lugar de los más pobres, dados los niveles persistentemente bajos de inclusión financiera en la región. Las innovaciones en Fintech están cambiando este panorama y pueden aprovecharse para aumentar la inclusión financiera y proporcionar alivio en el contexto de esta crisis”, sugirió.

“No obstante, las políticas deben tener como objetivo mantener vivas las empresas y pagar a sus trabajadores, incluso si esas empresas están actualmente cerradas. Si las empresas retienen a sus empleados y mantienen su capital, pueden continuar donde lo dejaron produciendo bienes o prestando servicios para satisfacer la demanda acumulada una vez que la tormenta haya pasado”, concluyó.

El papel que deben jugar los bancos centrales ante el COVID-19

Según el informe del BID, “para octubre de 2019, de 10 países con buenos datos, se esperaba que ocho cerraran parcialmente sus brechas de producto e inflación en 2020. República Dominicana fue el único entre los países con meta de inflación que se estimaba que creciera por encima del potencial en 2019. Se pronosticaba que Costa Rica y Uruguay tendrían un crecimiento del producto más bajo o una inflación más alta en 2020 en comparación con 2019”.

El organismo cree que para los bancos centrales, “la prioridad debería ser tratar de mitigar los efectos de la crisis del coronavirus. A este respecto, es fundamental una buena comunicación. Si el sector privado entiende la intención de cada medida de política anunciada y aprecia la coherencia de cualquier conjunto de políticas que se adopte, es más probable que esas políticas tengan éxito”.

Por eso, afirmó que “los bancos centrales que han logrado obtener un alto nivel de credibilidad también tenderán a tener más espacio para llevar a cabo intervenciones temporales agresivas, sin provocar fuga de capitales, presiones inflacionarias u otras reacciones negativas. Una lección que se desprende de la gestión de crisis anteriores es la importancia de comunicarse claramente y ganar credibilidad actuando de manera coherente con esas comunicaciones y compartiendo una visión creíble de cómo se superará la crisis”.