INFORMES

Sistema de pensiones: OIT analiza los efectos de la privatización y el BID los subsidios

El tema de la seguridad social se impone en la agenda nacional y también en otros países. En ese contexto, dos organismos internacionales realizaron informes poniendo el foco en distintos aspectos de los regímenes de la región y el mundo, y efectuaron consideraciones que incluyen a Uruguay.

La OIT marcó que la privatización de los pensiones afectó los niveles de cobertura, aunque Uruguay sigue estando entre los mejores. Foto: archivo El País.
La OIT marcó que la privatización de los pensiones afectó los niveles de cobertura, aunque Uruguay sigue estando entre los mejores. Foto: archivo El País.

En Uruguay el tema se impuso en la campaña electoral, pero es un debate que hoy están llevando a cabo (o tienen pendiente) varios países del mundo. La realidad de los sistemas de pensiones, la búsqueda del mejor modelo para dar cobertura al momento del retiro de la vida laboral activa y no comprometer las cuentas públicas, y las condiciones exigidas para acceder a una jubilación, son algunas de los temas sobre los que se discute.

En algunos han hecho foco recientes informes de dos organismos internacionales: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primero en un trabajo titulado “La reversión de la privatización de las pensiones” analizó lo ocurrido en 30 países que entre 1981 y 2014 decidieron apostar por un sistema privado -total o parcialmente, este último caso es el de Uruguay- de seguridad social.

La conclusión a la que arriba la OIT es que hubo un “fracaso” de esos modelos en “mejorar la seguridad de ingresos en la vejez” y tuvieron un “bajo desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficios, costos administrativos, costos de transición”, así como “impactos sociales y fiscales negativos”.

Uruguay fue en 1996 el quinto país de América Latina que modificó su régimen de seguridad social e incorporó un pilar de ahorro individual en base al dinero aportado a las AFAP, que se combina con el sistema de solidaridad intergeneracional del Banco de Previsión Social (BPS). Han existido cambios legales, pero a diferencia de otros 18 países, no se optó por revertir “total o parcialmente la privatización de las pensiones”.

“Considerando que el 60% de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado”, indicó la OIT.

Repasó que los modelos privados no dieron “los resultados esperados”, dado que “las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron, y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos”.

Respecto a la tasa de cobertura (porcentaje de la población que accede a jubilaciones), la OIT marcó que “en Uruguay se estancaron en torno al 70% entre 1995 y 2003”. Además, según un promedio ponderado de nueve países latinoamericanos entre los que está Uruguay, la cobertura “disminuyó del 38% antes de las reformas pro-privatización al 27% en 2002, luego de las reformas”.

Pese al análisis de la OIT, Uruguay suele aparecen en los rankings sobre cobertura entre los países mejor posicionados, con más del 80% de la población accediendo a una pensión.

El reporte también señaló que en los regímenes privados “el riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se traslada a los individuos”, mientras que “los costos administrativos se incrementaron” tras las reformas, bajando los “niveles de prestaciones”.

Sobre lo ocurrido en Uruguay, menciona que en 1990 previo a la reforma de la seguridad social los costos administrativos como porcentaje de las cotizaciones eran del 6,5% y pasaron al 18,2% en 2002.

“Gobiernos como los de Argentina y Kazajstán, introdujeron topes para bajar las excesivas comisiones cobradas”, repasó la OIT. En Uruguay la ley de “cincuentones” -aprobada en 2017 para permitir a un grupo de trabajadores afectados en su jubilación retirarse por el régimen anterior (solo por BPS)- se incorporó una disposición que determina que ninguna AFAP podrá tener una comisión mayor en 50% a la más baja del mercado (que es República).

El análisis de la OIT sostiene que “los altos costos de transición -a menudo infravalorados- crearon grandes presiones fiscales”. Una de las causas de este fenómeno es que “el gobierno tenía que reconocer los derechos a prestaciones o los derechos adquiridos de los asegurados del sistema anterior”, como pasó en Uruguay con los “cincuentones”, cuya ley de reparación se estima que tendrá un costo de US$ 2.500 millones.

Por esos costos fiscales, la OIT indicó que “la mayoría de los gobiernos exigían a los fondos privados de pensiones que invirtieran sus reservas acumuladas en bonos del Estado, lo que creó una dinámica circular en la que los únicos beneficiarios eran las administradoras privadas de pensiones”.

También apuntó que “la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración”. En el esquema local son las que pagan la jubilación en base al ahorro en las AFAP y hace años que solo lo hace el Banco de Seguros del Estado (BSE).
El informe añadió que “debido a la fuerte concentración de las inversiones en bonos del Estado y depósitos bancarios, los fondos privados de pensiones contribuyeron muy poco al desarrollo del mercado de capitales”. En Uruguay “apenas se invierten fondos en valores locales”, advierte la OIT, aunque las AFAP han dicho están limitadas por la regulación y la baja oferta.

Uruguay está entre los que menos subsidia

El reporte “Pensiones: la próxima urgencia” del BID analiza varios aspectos de los sistemas de seguridad social de América Latina, concluyendo que “muchos” países “enfrentan deficiencias en la cobertura, adecuación y sostenibilidad”. A la hora de evaluar cómo operan los distintos modelos de pensiones, el BID señaló que hoy “la gran mayoría subsidia a los trabajadores que participan de manera continuada” del trabajo formal, esto porque “los aportes que realizó a lo largo de su vida no logran financiar la totalidad de la pensión que recibe”.

Tras distinguir entre dos esquemas de jubilación, los que tienen un beneficio definido -“donde el monto se determina por una regla o promesa de pensión”- y los de contribución definida -“donde la pensión depende de la cantidad ahorrada por el trabajador y del rendimiento financiero de esta”-, sostiene que en los primeros en promedio un 44% de lo que reciben los trabajadores retirados proviene del subsidio y en los segundos es un 31% (tomando siempre que la persona alcanzó el 100% de densidad de cotización). En Uruguay la jubilación de los trabajadores tiene dos partes, una de beneficio definido que paga el Banco de Previsión Social (BPS) y otra de contribución definida en base al dinero ahorrado en las AFAP.

El BID estudió 34 sistemas de pensiones de 27 países de la región y ubicó a Uruguay entre los que menos subsidia las jubilaciones tomando el valor monetario promedio del subsidio y ajustado por paridad de poder de compra. En efecto, la parte de contribución definida tiene subsidio cero y la de beneficio definido da el menor subsidio con excepción de Haití. En el otro extremo aparecen México, Paraguay y Ecuador, que tienen sistemas de beneficio definido y son los que más subsidian.

“El reto con estos modelos es que los subsidios, mientras están diseñados para beneficiar a los que tienen los salarios más bajos, no necesariamente benefician a las personas con mayor necesidad de ayuda. En el caso del modelo de beneficio definido, en términos absolutos se otorga un mayor monto de subsidio a los jubilados que más ganan”, señaló el BID. También puso el foco en que “en ambos modelos se excluye y en algunos casos se perjudica a aquellos trabajadores que contribuyen de manera esporádica a los sistemas de pensión, que en la mayoría de los casos son las personas más vulnerables y con trabajos inestables”: en los sistemas de beneficio definido “los pensionados pierden todo lo que aportaron si no lograron ahorrar lo suficiente” y en los de contribución definida “mientras pueden recuperar el monto que aportaron, no podrán acceder a las pensiones mínimas o a los seguros de longevidad si no logran los años suficientes”.

Esos cuestionamientos del BID apuntan a los países que optaron por un sistema, pero no aplican para Uruguay cuyo diseño de seguridad social combina los modelos y logra mitigar (al menos algunas) falencias.

Pasos para la reversión del régimen previsional

“La privatización de las pensiones se puede revertir rápidamente”, dice la OIT y marcó pasos a seguir para los “países que están considerando reconstruir sus sistemas públicos de pensiones”. Llamar a un diálogo social para “generar consenso”, conformar un “comité técnico” que se encargue de “diseñar e implementar” la reforma, aprobar la ley con “las principales características del sistema”, tener “un ente administrador público que garantice la gobernanza tripartita (con empresarios, jubilados y trabajadores)” y transferir “los recursos acumulados en las cuentas individuales”, son algunas de las recomendaciones.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)