RESIDENCIA FISCAL

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La medida no tomó por sorpresa a los profesionales que trabajan en el asesoramiento de clientes extranjeros, pero igual algunos se asombraron por los efectos que tuvo en sus teléfonos. Es que luego que el Poder Ejecutivo publicara el jueves un decreto que reduce requisitos y amplía beneficios para obtener la residencia fiscal por parte de quienes llegan del exterior, las consultas se intensificaron.

Si bien en tiempos de pandemia y fronteras cerradas esto no tendrá efectos inmediatos, los consultados creen que entre fines de este año y principios de 2021 se podría concretar una llegada de varios cientos de extranjeros al país, en especial argentinos. El perfil es mayormente empresarios que están próximos al retiro y que buscan inversiones para cobrar una renta, ya sean inmuebles o campos.

“Se vienen incrementando las consultas y habrá gente que va a dar el paso de concretar la residencia por alguno de los mecanismos” hoy disponibles, que se amplían con las últimas medidas, explicó a El País el socio de Guyer e integrante del Departamento de Impuestos, Federico Camy.
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La abogada especializada en derecho tributario Florencia Tarrech de NT Advisors, explicó que el concepto de residencia fiscal en Uruguay fue incorporado en la reforma impositiva de 2007, para “ampliar el criterio de la fuente (asociado con la territorialidad) y abarcar situaciones que se producen fuera de fronteras, pero que tienen como conexión la residencia del individuo”. A su vez, aclaró que este estatus “puede o no suponer la residencia legal de la persona en el país, y que la configuración” de esto último no supone de por sí la residencia fiscal de ese individuo.

Camy agregó dos aspectos relevantes: que es un estatus que se adquiere “de hecho”, es decir por cumplir alguna condición establecida en las normas del país; y que previamente se tiene que haber dejado de tener ese estatus en el país de origen.

La condición a cumplir para obtener la residencia fiscal puede estar asociada al tiempo de permanencia en Uruguay —más de 183 días en un año— o a la radicación en el país de los “intereses económicos o vitales” de la persona —por ejemplo que estén también aquí su cónyuge o hijos menores a cargo; o que desarrolle en territorio nacional las actividades que generan la mayor parte de sus ganancias—.

Respecto al tema de la ligación económica al país, un decreto de 2016 estableció que cuando un individuo no acredita residencia fiscal en otro país, se le otorgará este estatus en Uruguay si realiza una inversión en bienes inmuebles por más 15 millones de Unidades Indexadas (UI) —equivalente a US$ 1,7 millones— o si tiene participación en una empresa por valor superior a 45 millones de UI —US$ 5,3 millones— que comprenda actividades o proyectos que hayan sido declarados de interés nacional.

“Para estas causales no se exige la permanencia en el país, sino simplemente la inversión ya sea a través de inmuebles o participación en empresas que tengan proyectos de inversión vigentes, como forma también de controlar el cumplimiento de los mismos”, indicó Tarrech.

El decreto de días atrás sumó dos nuevas condiciones. Si bien los requisitos de inversión bajan, la experta de NT Advisors señaló que estas disposiciones “difieren” de las anteriores en que se suma otra exigencia a la vinculada al monto.

Por un lado, podrán obtener la residencia fiscal quienes inviertan en inmuebles 3,5 millones de UI —US$ 380.000— y permanezcan en el país al menos 60 días del año civil. Por otro, tendrá el estatus aquellos que tengan participación en una empresa por valor superior a 15 millones de UI — US$ 1,6 millones— y generen a partir de julio al menos 15 nuevos puestos de trabajo directos en relación de dependencia a tiempo completo.

Como medida anexa al decreto, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento   —según supo El País— un proyecto de ley que amplía una disposición sobre beneficios a extranjeros que se radiquen en Uruguay que se creó en 2011.

Hoy día por cinco años rige la llamada “vacación fiscal”, que refiere a que los extranjeros por ese período no pagan Impuesto a la Renta por los rendimientos mobiliarios —intereses por depósitos, dividendos de acciones, bonos, obligaciones o títulos de renta fija, entre otros—, que se suma a que Uruguay no cobra tributos a las rentas generadas en el exterior por rendimientos inmobiliarios y por incrementos de patrimonio. El proyecto del gobierno extiende a 10 años este beneficio.

Además, se pretende habilitar “la posibilidad de que quienes configuren residencia fiscal a partir del citado ejercicio, tributen el IRPF a la tasa del 7%”, según la redacción a la que accedió El País. Esto significa una reducción impositiva, ya que la tasa vigente para los rendimientos en el exterior de un residente es 12%.

Tributaristas consultados por El País hicieron dos lecturas sobre esto último: hay quienes entienden que la tasa del 7% es un beneficio paralelo a la “vacación fiscal”, es decir debe optarse al radicarse en el país por uno o por otro beneficio; y otros que es la tasa que se abonará vencido el período de 10 años de exoneración tributaria.

socio de andersen tax & legal

Federico Fischer: régimen atractivo

“Uruguay define un régimen atractivo (para los extranjeros), porque el que había no tenía nada especial. Más allá que es natural que la mayor cantidad de gente que venga sean argentinos, lo hace atractivo para extra zona, incluso ciudadanos europeos donde hay países con carga fiscal elevada”.

brum costa abogados

Leonardo Costa: reactivación

"Uruguay se sigue posicionando como un país que tiene intención de atraer inversiones. Se flexibiliza claramente la residencia fiscal, a los efectos de atraer la inversión que no solamente beneficiará al país, sino que lo hará en esta especial situación de reactivación económica necesaria tras la emergencia sanitaria y sus efectos".

socio de garrigues latinoamérica

Carlos Loaiza: efecto tangible

"Entiendo que la medida se hace en un momento oportuno, en el que el comienza a reconocerse internacionalmente la excelente gestión de la crisis COVID-19 que ha hecho nuestro país. El anuncio tuvo un efecto simbólico tangible, pues a pesar de que el tema se había anticipado, se ha acelerado la corriente de consultas de muchos empresarios, y no solo de Argentina, si no de todo el continente".

Para Carlos Loaiza, especialista en Derecho Tributario y socio local de la firma Garrigues Latinoamérica, Uruguay tiene la opción de “ir más allá” con las medidas de atracción de capitales y planteó “contemplar mejorar las normas que regulan el traslado de residencia fiscal de empresas a nuestro país”. Esto está incorporado a nuestro régimen jurídico desde 2013 pero puede “hacerse más ágil”, señaló.

Un paso más ambicioso, según indicó, sería pensar “un régimen de combinaciones de empresas transfronterizas, que se inspire por ejemplo en el que existe en la Unión Europea (UE)”, que permita a compañías del exterior mudarse a Uruguay y asociarse a firmas locales. En ambos casos la clave radica en que la empresa extranjera podría mantener la misma personalidad jurídica, manteniendo por ejemplo los contratos activos.

Por otra parte, Loaiza señaló que para que el conjunto de normas, vigentes y anunciadas ahora, que buscan atraer capitales “sean positivas para nuestro país” en el largo plazo, “deben gestionarse y transmitirse de forma apropiada, lo que implica necesariamente” dos aspectos: “que Uruguay mantenga como prioridad el cumplimiento de los mejores estándares internacionales en materia de tributación, propuestos por la OCDE; y que los agentes económicos que quieran valerse de estas normas estén debidamente informados del contexto en el que se aplicará, que trasciende lo nacional”.

Esto último, refiere a que el abogado experto en tributación entiende que “para que la residencia fiscal en Uruguay sea a prueba de balas”, deben atenderse los convenios bilaterales vigentes y por ejemplo en el caso de los argentinos, saber que deben vincularse “genuinamente a nuestro país y trasladar su centro de intereses vitales”. Esta política se trata, según Loaiza, de “la mejor forma de asegurar que los inversores y las inversiones que Uruguay atraiga sean reales, estables, con la debida sustancia, y generen prosperidad para nuestros ciudadanos”.

Otra pata a atender para la atracción de extranjeros, según declaró a El País el abogado Federico Fischer —socio gerente de Andersen Tax & Legal Uruguay— es la tramitación de la residencia legal, que transcurre por caminos separados a lo fiscal. “Se ha burocratizado mucho la tramitación de la residencia legal”, dijo y explicó que mientras el estatus fiscal se adquiere “de hecho” —al cumplir alguna de las condiciones—, este requiere de “un proceso” con presentación de documentación y validación, que puede llevar hasta siete meses.

El jueves el semanario Búsqueda informó que el gobierno prevé instalar en los consulados del exterior un mecanismo de atención “fast track” (vía rápida) para agilizar los trámites de residencia de extranjeros. Fischer comentó que esto buscaría “llevar la posibilidad de iniciar el trámite a donde vive la persona, previo a viajar a Uruguay”.