Analizar esquema legal, buscar capital privado, son algunas

Técnicos proponen nuevas reglas en empresas estatales

Aumentar la captación de capitales privados "en las propias empresas estatales o mediante procesos de asociación", regular de forma independiente las actividades "bajo régimen de monopolio", revisar el "esquema legal de funcionamiento" y "mejorar sustancialmente la rendición de cuentas de la gestión", son algunos aspectos que un grupo de técnicos independientes propone para las empresas públicas en el área energética (UTE y Ancap).

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UTE enfrenta "nueva complejidad" con con un "arreglo institucional" que sirve para ello, sostienen.

El informe "Nuevas reglas de gobierno para las empresas estatales del sector de la energía del Uruguay" —al que accedió El País— fue elaborado por "un grupo de trabajo con la participación del Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica (UCU)" y otros profesionales.

El grupo está conformado por los economistas Javier de Haedo (exdirector de OPP) y Pablo Rosselli (socio de Deloitte), los ingenieros Omar Paganini (vicerrector de la UCU), Andrés Tierno Abreu (expresidente de Ancap) y Alfonso Blanco (consultor en temas de energía) y los contadores Alejandro Perroni (exgerente general de UTE) y Bruno Gili (socio de CPA Ferrere).

En el documento sostienen que "en paralelo con el desarrollo de los aspectos específicos del sector de la energía, resultará clave en los próximos años la mejora sustancial de la institucionalidad del sector y de las prácticas de gobierno de las empresas que en él actúan".

"El país tiene en las empresas estatales del sector energía herramientas valiosas para su desarrollo, y su trayectoria pasada así lo demuestra. No obstante, el arreglo institucional existente no podrá dar cuenta de la nueva complejidad del sector", afirman.

Por eso proponen varios aspectos a cambiar o mejorar. Uno es "mejorar la gobernanza del sector —una determinada institucionalidad con las reglas de gobierno correspondientes para cada entidad— es un asunto crítico porque aseguraría un sistema de incentivos que alentaría de forma consistente a los jerarcas de turno a cumplir con los objetivos de rentabilidad, servicio al cliente y desarrollo del negocio".

Otro punto es "mejorar sustancialmente la rendición de cuentas (el accountability) de la gestión. Es necesario contar con sistemas efectivos, trazables y transparentes de control de la gestión sobre las inversiones realizadas, la estructura de financiamiento, los dividendos generados".

Ven "necesario aumentar la captación de capitales privados, también en las propias empresas estatales o mediante procesos de asociación, para lograr desarrollar las inversiones requeridas a nivel de infraestructura del sector para completar la transformación en curso".

Entienden que pueden "existir actividades a ser prestadas bajo régimen de monopolio", pero "es necesario que las mismas sean reguladas en forma independiente por un órgano competente para proteger los intereses de los clientes y de la sociedad toda", indican.

Señalan que "muchas veces las empresas estatales han operado como agencias de desarrollo, financiando obras y servicios que tienen interés público pero trascienden al interés empresarial. No obstante, entendemos que este tipo de emprendimientos se debe transparentar, evitando los subsidios implícitos".

Entienden "necesario analizar también el esquema legal de funcionamiento de las empresas estatales, que obedece a un modelo antiguo, cuando las mismas se consideraron parte de la administración estatal. Las reglas de derecho deben ser un instrumento al servicio de los objetivos planteados".

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