Volvemos a un tema que está directamente vinculado con el desarrollo del puerto de Montevideo, luego de que en 1776 fuera instalado el Apostadero Naval de España por ser el mejor puerto del Atlántico.

Fue un acontecimiento que tuvo lugar a principios del siglo XIX y al que nos referimos en nota publicada el pasado 1 de junio. Fueron 78 terrenos haciendo un arco al borde de la bahía de Montevideo, en una extensión que iba desde el Arroyo Seco, donde se instaló la compañía tranviaria alemana hasta el Cerro-Punta de Lobos (o Piedras Blancas), donde se construyó el conocido dique Cibils, área que más bien era conocida como Rincón del Rey.

En su origen casi todas esas tierras que bordean la bahía habían sido concedidas por el director de las Provincias Unidas del Río de la Plata al Brigadier General Don Francisco Xavier de Viana en 1814 en recompensa a sus servicios prestados a la causa de la indepencia nacional y americana. Años más tarde, allá por 1833, sus descendientes las parcelaron y delimitaron con precisión para luego ser vendidas, incluso por el propio gobierno uruguayo, a inversionistas privados locales y extranjeros.

Fueron propietarios de estas tierras importantes personalidades sociales de la época, empresarios locales y casas comerciales extranjeras que invirtieron en el Uruguay. Esas tierras que estaban en contacto con las aguas de la bahía eran tierras privilegiadas e ideales para la instalación de muelles, obras que se hicieron obviamente para negocios que tuvieran relación con la actividad marítima y portuaria, y directamente relacionadas con la carga y descarga de productos en operaciones de importación y exportación.

No vamos a entrar en pintorescas y singulares querellas judiciales que se suscitaron con algunas adjudicaciones, sobre todo en terrenos submarinos y en la construcción de muelles privados, porque el propósito de esta nota es solamente descriptivo para recordar hechos históricos de estos solares, que más bien habría que llamarlos “tierras de las viudas” ya que en las consultas que hicimos la mayoría de esas propiedades pertenecían por herencia a las viudas de sus propietarios que habían fallecido por el 1900.

Nos vamos a referir a un solo caso, aparentemente ilegal, que fue la venta de un islote ubicado en la desembocadura del arroyo Pantanoso, si es que tal islote existe.

El gobierno vendió el islote a un tal Manuel Pueyrredón que la compró y escrituró, pero Lerena manifestó que esa tierra era de dominio fiscal sin autorización legislativa. Y aun así le faltó el requisito del remate público para sintetizar el concepto, segun hemos leído. En 1910 esta tierra ya pertenecía al Banco Territorial del Uruguay; hoy no existe más ese banco y creemos que la isla fue abandonada. Pero hay todo un expediente sobre la venta de este islote.

En la barra del arroyo Pantanoso, o sea en su desembocadura, existe un islote de 14 mil metros cuadrados que nunca he visto, y que en mayo de 1913 fue adquirido por el Banco Territorial del Uruguay que lo había comprado al Banco Hipotecario.

Este lo recibió seguramente en pago de deudas de la quiebra de la Compañía Nacional de Créditos y Obras Públicas, esta lo recibió de Francisco Piria, este lo obtuvo del Banco Mercantil del Río de la Plata, este de Anacarsis Lanús, y este a su vez de Samuel Lafone en 1840.

Pero esta isla o islote tiene una historia extraña. En 1840 el señor Manuel Pueyrredón pidió al Superior Gobierno que se le concediera la isla, y en cierta parte del petitorio dice: “… este punto que hoy está batido por las aguas y que en cada creciente es cubierta por ellas, bajo un plan que el exponente se ha propuesto, dejará de ser una roca inhabitada y estéril y ofrecerá un lugar de amparo a los que transitan los peligrosos arroyos que la circundan.

Entonces la sensibilidad nacional dejará de ser afectada con la triste relación de hombres que han sido sepultados por las ondas en aquellos parajes inhospitalarios. La isla que el exponente solicita será pues un sitio poblado por seres humanos, útil, benéfico, cuando hoy solo hacen morada en él las aves montaraces”. El solicitante alega como méritos el “haber prestado grandes servicios a la Independencia de esta República”. Por la isla pagó 431 pesos y su superficie es de unos 15 mil m2, y cuando crece el mar desaparece de la vista en parte.

MARÍTIMASEMILIO CAZALÁ