Expertos en economía y sociología coincidieron ayer en la importancia de que los gobiernos de la región mantengan sus programas de transferencias directas, como asignaciones familiares y otras prestaciones, pero marcaron algunas diferencias respecto a cuál debe ser en el futuro el rol de las condiciones que se exigen a cambio a los beneficiarios de esos planes.

Durante el foro organizado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo, el Crecimiento y la Economía (Ridge), el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, hizo hincapié en que se debería contar con un instrumento como la asignación familiar que "no esté condicionado" al cumplimiento de exigencias. A su vez, dijo que debería haber otro tipo de prestación que sí tenga exigencias y que no solo fomente entre sus objetivos la demanda y la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación secundaria, sino que premie el desempeño.

"Deberíamos tener una transferencia monetaria que asegurara a todos los hogares con niños el acceso a un conjunto de bienes mínimos que evite situaciones de pobreza en la infancia que son muy dañinas. Ese instrumento no debería ser condicionado. Esa podría ser la asignación familiar que hoy tiene condicionalidades", afirmó Arim. "Podría haber prestaciones con exigencias y sin exigencias. Pueden haber de las dos. Hoy tenemos solamente una", añadió.

El catedrático puso como ejemplo el supuesto de que ocurriera una crisis como la de 2002 y en donde bajo una situación de pobreza los hogares tuvieran dificultades para mantener a sus hijos en el sistema de educación secundaria y los enviaran a trabajar.

"¿Cual es la respuesta del Estado? Justo en ese momento que más necesitan un apoyo para poder superar una situación coyuntural como puede ser una crisis les retira ese apoyo financiero. Esa no tiene que ser la respuesta. Tiene que haber un instrumento que asegure cierto nivel de consumo mínimo. Uruguay está en condiciones de mantenerlo, no es un costo fiscal alto", expresó.

"Debemos asegurarnos que el conjunto de transferencias que realizamos a los hogares con niños sean equiparables. No tenemos información sistemática sobre cuanto se está transfiriendo a través de exoneraciones al IRPF, de exoneraciones a la educación privada. Debemos comparar eso con lo que aporta el Estado por alumno en el sistema público, compararlo con las asignaciones familiares", afirmó Arim a El País.

En este sentido, el catedrático remarcó que por un lado el país tiene un sistema que provee de educación pública en todos los niveles educativos, pero por otro hay un sistema privado "subsidiado" por el Estado al estar exonerados del pago de tributos.

"Se dan situaciones que son absolutamente patológicas como que por cada peso que el Estado uruguayo invierte en el sistema público en un docente, 20% se paga en aportes patronales, mientras que el sistema privado no solamente no aporta sino que le subsidiamos el 7,5% que es lo que aportan en general todas las empresas del sector privado. Hay brechas de esta naturaleza que no son justificables", sostuvo Arim.

Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, sostuvo que los programas de transferencias condicionadas marcaron un quiebre respecto a los modelos de los 90: se puede transferir dinero a ciertos sectores de la población sin solicitar ningún tipo de contribución previa.

"Está bien darle plata a la gente que no tiene suficiente plata y financiarlo de rentas generales. Primer principio general que me parece que es positivo", afirmó el sociólogo. El jerarca afirmó que si bien muchas de las familias que reciben diferentes prestaciones no salen de la línea de pobreza, esa ayuda les significa el 40% o 50% del ingreso final. En este sentido, afirmó que los programas son un instrumento que se usa para "aliviar" niveles de pobreza y para asegurar o modificar la demanda en educación y salud.

En tanto, el representante del Banco Mundial, Juan Martín Moreno, cuestionó el hecho de que en algunos lugares se condicione el pago de beneficios a la asistencia a clase en Primaria, cuando la concurrencia a ese servicio es de 99%. "No se está pidiendo nada. Es solo para legitimar que no se le da plata a los pobres porque sí nomás", afirmó.

El funcionario destacó que para el futuro de los programas de transferencias, la "focalización" y el "monitoreo" pueden ser mucho más importantes que el cumplimiento de responsabilidades. A su vez, remarcó que el avance de la asistencia social pasará porque los países diseñen sus políticas de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, y "no mirando lo que hizo el vecino. La revolución vendrá por la calidad y no por la cantidad", dijo Moreno.

Por su parte, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Hugo Ñopo, afirmó que el rol de las condicionalidades se debe pensar no solo desde el punto de vista de que los estudiantes vayan a clases, sino también desde el aprendizaje.

"Se consigue llevar a los jóvenes a la escuela, pero no se consigue que aprendan más", indicó. Agregó respecto al impacto de los programas en el trabajo de las personas que los resultados son mixtos: en algunos casos hubo gente que dejó de trabajar porque reciben prestaciones y en otros no.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi es partidaria de seguir con la política de transferencias monetarias a los sectores más necesitados sin exigir contraprestaciones. Para Arismendi, no se puede exigir algo a cambio del dinero que brinda el Mides porque eso implicaría "culpabilizar" a los beneficiarios. Semanas atrás en entrevista con El País sostuvo que si se abre ese debate hay que preguntar: "¿Por qué la gente está en la situación que está? ¿Tiene la culpa? La contraprestación lo que hace es culpabilizar, yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro" . El gobierno del FA continuará con las transferencias monetarias que se realizan por medio del pago de las asignaciones del plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social.

Expertos discutieron sobre si hay que pedir contraprestaciones y cuáles