Flota de camiones

Rossi responderá si aplaza entrada en vigencia.

Una especie de “chip” que funcionará como GPS -indicando recorridos, horarios, mercadería, chofer y demás datos- y se instalará en toda la flota de camiones de carga del país desató una guerra dentro del sector, quedando también involucrado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Se trata del Sistema Integral de Transporte de Carga (Sictrac) -o “Gran hermano” del transporte de carga-, que pasa a ser obligatorio en 10 días, aunque un grupo de empresarios pidió al ministro Víctor Rossi la postergación.

Como diera cuenta El País, hay empresas de tecnología y monitoreo satelital que denuncian falta de transparencia en el llamado a homologarse para proveer el servicio, entendiendo que se dirigió el proceso hacia dos empresas (Sit S.A. y Bidafox) que trabajan con la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC). Dicen que la demora en la habilitación las dejó por fuera del negocio y se crea un monopolio. El lunes el MTOP homologó para dar el servicio a una tercera empresa: Terinol.

Aparte de esto, la instalación del Sictrac provocó una ruptura dentro de la ITPC, la gremial del sector. Es que mientras la directiva defiende el nuevo sistema, ya son 17 gremiales (de un total de 23 que integran la ITPC) las que se pronunciaron en contra.

El presidente de la ITPC, Mauro Borzacconi, habló con el semanario Búsqueda y negó las acusaciones sobre el proceso. Un hecho curioso es que en las últimas horas la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu) que preside Borzacconi, rechazó la instalación del Sictrac.

El miércoles seis representantes de esas gremiales que están contra el nuevo sistema se reunieron con Rossi, informó a El País el presidente de la Unión de Transportes Fleteros de Mercedes, Álvaro Haller. En el documento que entregaron al ministro, fundamentan el pedido de postergación en tres puntos.

Dicen no haber sido “debidamente informados por la ITPC” sobre la negociación e implicancias de instalar el nuevo sistema, y denuncian que en charlas previas a la licitación asistió “una empresa privada que se presentaba como la futura proveedora del servicio”. Agregan que “la provisión del servicio no está regulada en aspectos fundamentales, en especial hay problemas con la confidencialidad de la información que podría ser utilizada con fines comerciales”.

Otro tema es que “los costos del servicio superan ampliamente lo que el transporte de carga puede pagar”. Respecto a la liquidación de salarios en base a los datos del Sictrac, piden buscar una “solución” para que esto “no termine con la desaparición de empresas debido a que hay sistemas de pago de hecho que no coinciden con los estrictamente legales”. Ricardo Aloy, dirigente del sindicato del transporte de carga (Sutcra), había dicho en octubre que la evasión en el sector llegaba al 90%.

Los transportistas sostienen que ha caído la rentabilidad por un “exceso de oferta de camiones que ha presionado los precios a la baja”, lo que sumado a los nuevos costos, son “una amenaza a la vitalidad de un sector primordial para el país”.