ANÁLISIS

Los tres dilemas económicos que tiene sobre la mesa el gobierno de Luis Lacalle Pou

El gobierno tiene tres áreas en las que deberá resolver dilemas de política económica, planteó el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone.

Gabriel Oddone. Foto: Marcelo Bonjour
Oddone: la ronda salarial le plantea al gobierno tensiones entre compromisos a cumplir y objetivos. Foto: Marcelo Bonjour

Tras sufrir en 2020 la “peor caída” de actividad y empleo desde el año 2002, la economía uruguaya está en un proceso de recuperación lento, que no está exento de riesgos como problemas en la vacunación contra el COVID-19, nuevas cepas de este virus y/o desorden en la región.

Ese es el panorama que planteó ayer en un evento para clientes el socio de la consultora CPA Ferrere, Gabriel Oddone, a cuya presentación accedió El País. Para CPA, la economía crecerá 3% este año, y recién en el primer trimestre de 2022 se alcanzarán los niveles de Producto Interno Bruto (PIB) de fin de 2019, con lo que Uruguay habrá “perdido dos años”.

Con una economía que “atravesó un año complejo, pero menos dramático que el que era esperable en marzo (de 2020) y menos dramático que otros países de la región”, el “proceso de recuperación es heterogéneo y todavía plantea incertidumbres”, dijo Oddone. De hecho, el gobierno tiene tres áreas en las que deberá resolver dilemas de política económica, planteó el socio de CPA Ferrere.

Primer dilema.

El precio del petróleo está en alza y eso tensiona “los objetivos fiscales y de inflación y competitividad”, afirmó Oddone.

Si el precio del barril de petróleo se mantuviera en los actuales US$ 70 y con la evolución esperada del dólar, Ancap tendría un incremento de costos de US$ 450 millones en el año respecto a 2020, planteó. “Absorber el 100% de este incremento para las cuentas de Ancap sin trasladarlo a precios, implica un efecto fiscal de 0,8% del PIB. Es un deterioro importante” para las cuentas públicas, añadió.

Si el gobierno ajustara el precio de los combustibles para alinearlo al precio de paridad de importación (que sube por el alza del petróleo), debería aumentar 9% las naftas ($ 5 por litro) y 7% el gasoil ($ 3 por litro), explicó. “Decidir un aumento de ese tipo, supondría un impacto en el Índice de Precios del Consumo de 0,2 puntos porcentuales”, expresó Oddone.

Combustibles. Foto: Archivo El País
Combustibles. Foto: Archivo El País

No obstante, con un ajuste de este tipo “aún le quedaría entre 0,3% y 0,4% del PIB de efecto fiscal por absorber”, agregó.

Por tanto, el gobierno “tiene un dilema: hay un costo fiscal que absorber eventualmente y un precio a pagar en términos de competitividad e inflación, que el gobierno deberá determinar con qué combinación óptima hacerlo”, señaló Oddone.

Segundo dilema.

“Estamos esperando una contracción significativa de la inflación a partir de mayo”, dijo el economista, ya que van a salir de la medición de 12 meses, la fuerte suba del dólar entre marzo y abril de 2020 y el ajuste de tarifas de abril de 2020. La inflación iría de 9,12% a 7% en mayo y se mantendría hasta fin de 2022, según CPA. No obstante, a fin del año próximo estaría fuera de la meta de 3%-6% del gobierno.

“Esto tiene riesgos incorporados: una eventual mayor depreciación de la moneda uruguaya, la ronda salarial que podría requerir mecanismos de indexación hacia atrás lo cual podría ponerle un piso a la inflación, un aumento persistente de los commodities y un eventual aumento de tarifas públicas por la presión del precio del petróleo y/o del dólar”, planteó.

Por eso, “es muy importante que antes de junio haya señales más fuertes de coordinación entre la política monetaria, fiscal y salarial de manera tal de evitar que una eventual inconsistencia de señales afecte el canal de expectativas y haga más difícil que el proceso desinflacionario pueda tener lugar”, afirmó Oddone.

Planchas de billete de un dólar. Foto: AFP
Planchas de billete de un dólar. Foto: AFP

El dólar iría a $ 45,40 a fin de año, según CPA, “asumiendo que la depreciación (del peso uruguay) que sigue es menos intensa” que la vista en las últimas semanas. Al Banco Central (BCU) “el precio del dólar sigue siendo algo que le preocupa cuando tiene comportamientos que podrían no ser considerados permanentes” y por eso realiza intervenciones “heterodoxas” en el mercado de cambios aun cuando hay régimen de tasa de interés.

Tercer dilema.

La ronda salarial a partir de julio va a tener “la mirada del gobierno y el sector empleador preocupada por la evolución del empleo” y “van a pretender que el ajuste sea lo más lento y parsimonioso posible”, planteó Oddone.

“Pero, el gobierno se comprometió a hacer una recuperación salarial al final del período”, por lo que “está metido en un dilema: tiene un compromiso desinflacionario para converger la inflación al 6% y por otro lado tiene un compromiso asumido con los trabajadores que no va a haber pérdida de salario real en el período”, agregó. Así que “tiene que proponer aumentos entre 2022 y 2024 para llegar a recuperar el 4% de caída del salario real que vamos a tener a fin de 2021”, indicó el economista.

“Cumplir con el compromiso de recuperar el salario real, en un contexto donde el empleo tiene todavía un largo camino por recorrer y en donde el gobierno asumió un proceso de desinflación, arriesga a tener que indexar hacia atrás una variable tan relevante como los salarios”, explicó Oddone. Así, “cumplir de manera simultánea con todos esos objetivos a partir de enero de 2022 va a ser muy difícil”, afirmó.

“Eso va a llevar al gobierno a proponer una mecánica de la ronda salarial separando sectores (hay cuatro muy importantes para el IPC que están fuera porque tienen acuerdos largos firmados: salud, transporte, bebida y construcción), ya que hay muchas diferencias: sectores fuertemente afectados por la situación sanitaria y otros que no tanto”, señaló el socio de CPA.

Pesos uruguayos. Foto: Archivo El País
Pesos uruguayos. Foto: Archivo El País

A su juicio, también habrá “separación de tiempos de acuerdos. Para sectores más afectados como turismo, esparcimiento, mercado interno, etc. los ajustes serán menores y por un plazo más corto, tal vez seis u ocho meses. Para sectores con más capacidad de flexibilidad probablemente algún acuerdo más largo que lo lleve hasta 2023, para evitar que caiga en año electoral”.

Y por último habrá pautas de ajustes nominales, mecanismos de corrección de 4 puntos de recuperación del salario real “con diferentes procesos de implementación de acuerdo a la realidad sectorial”, estimó.

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