Empresa agropecuaria

UAG refinanció deuda con BROU tras embargo

A fin de 2018 acordó convenio de pago por US$ 38,4 millones.

UAG es una de las empresas agropecuarias más grandes de Uruguay, pero aún su negocio pierde. Foto: Fernando Ponzetto
UAG es una de las empresas agropecuarias más grandes de Uruguay, pero aún su negocio pierde. Foto: Fernando Ponzetto

El 28 de diciembre pasado, la empresa Union Agriculture Group (UAG) —una de las mayores firmas agropecuarias— firmó un convenio de pago con el Banco República (BROU) por US$ 38,4 millones. Esto se dio, después que el banco trabara un embargo genérico contra la empresa, según los documentos publicados en el Banco Central (BCU), al que UAG notificó.

La compañía (de la que es accionista y fue director el precandidato presidencial del Partido Nacional Juan Sartori) acumulaba al 30 de septiembre de 2018 un déficit de capital de trabajo (activos menos pasivos corrientes) de US$ 8,8 millones y pérdidas acumuladas de US$ 156,1 millones, según su balance.

Con fecha 16 de enero de este año, UAG notificó al Banco Central —corresponde hacerlo al cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores— como hecho relevante la "traba de embargo genérico por el Banco República". La comunicación dice: "se informa que mediante resolución del 26 de septiembre de 2018, se trabó embargo genérico por la suma de US$ 4.819.205, el que fuera inscripto en el registro con fecha 16 de octubre de 2018".

Una semana después, UAG notificó al Central el "convenio de refinanciación firmado con el BROU".

Este convenio se acordó el 28 de diciembre pasado. Allí, UAG reconoce que adeuda US$ 25 millones con fecha de vencimiento 19 de agosto de 2019 y US$ 26,9 millones con fecha de vencimiento 31 de julio de 2017. También que esas deudas cuentan con garantías hipotecarias, solidarias y de cesión de créditos emergentes de contratos de arrendamiento.

"El acuerdo que habrá de celebrarse, refiere a la simple prórroga de plazo y variación de elementos accesorios del endeudamiento, no implicando, por ende, novación ni remisión total o parcial de las obligaciones pendientes, las que subsistirán en las condiciones pactadas originalmente, conjuntamente con las garantías ya dadas, las que se mantienen en respaldo además para todas y cada una de las obligaciones que la deuda asume por el presente convenio", señaló el acuerdo.

"El monto del presente convenio asciende a US$ 38.453.982,55", agregó.

Ese monto, se abonará en "seis amortizaciones porcentuales y consecutivas" con porcentajes anuales de 20% de amortización de capital para el primer año, 30% para el segundo año y 50% para el tercero. Los vencimientos de estas serán el 15 de marzo y el 15 de junio de cada año. La primera vence el 15 de marzo de este año y deberá abonar el 5% y tres meses después el restante 15% correspondiente.

Por otro lado, se estableció que el BROU "podrá dar por caducado el presente convenio de pago de pleno derecho y sin ningún otro trámite" ante diferentes casos. Uno de ellos, es el "atraso en 60 días en cualquiera de las cuotas establecidas y/o la ejecución por otros acreedores de bienes del deudor, o la promoción de acciones contra la firma". Otro, el "incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que este convenio pone a cargo de la parte deudora" y el último refiere a que "si durante la vigencia del presente convenio, y estando próxima la caducidad de alguna garantía, o aún habiendo operado la misma, la parte deudora no accediera a constituir nuevas garantías sobre los bienes ya gravados, o sobre otros de similar naturaleza y valor, a satisfacción del banco, en el plazo perentorio que ésta conceda".

Por último, "durante la vigencia de este convenio, acuerdan las partes la suspensión de todos los plazos procesales en los juicios que tengan en trámite", indicó el convenio.

A fin de 2018, según la Central de Riesgos del Banco Central —que aún no computó el convenio—, UAG figuraba como deudor categoría 5 para el BROU, con una deuda morosa de US$ 39,5 millones.

Esa categoría es de "deudor irrecuperable" y se aplica en "casos de clara evidencia de incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos y de más de 120 días en la presentación de información", según la definición del BCU.

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